Baja interés por acogerse a DACA

Sólo uno de cada cinco elegibles se han inscrito al programa de Acción Diferida en California

Las largas filas para acogerse al programa migratorio de Acción Diferida han desaparecido, creen que el costo estaría afectando.

Las largas filas para acogerse al programa migratorio de Acción Diferida han desaparecido, creen que el costo estaría afectando. Crédito: Ciro Cesar / La Opinion

En sus primeros tres meses, el programa Acción Diferida o DACA ha sumado 308,935 solicitudes, indica un reporte del Servicio de Ciudadanía e Inmiggración (USCIS), lo que representa apenas el 24% de los posibles beneficiados a nivel nacional.

Pero en California, donde se estima radica la mayoría de los jóvenes indocumentados, el porcentaje es menor aún y a decir de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), el costo del trámite es un factor determinante.

CHIRLA establece que en California casi cuatro de cada cinco jóvenes elegibles para DACA no ha solicitado el beneficio migratorio y que el interés de la comunidad ha decaído, incluso después de las elecciones del 6 de noviembre en las que resultó reelecto Obama.

“Al principio estuvimos recibiendo cientos de jóvenes, pero ahora a las orientaciones están llegando unas 20 personas, todos los días seguimos procesando aplicaciones, pero ha bajado significativamente el interés”, comentó Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA.

Un estudio del Migration Policy Institute (MPI) indica que en California alrededor de 350 mil jóvenes podrían beneficiarse, pero apenas 81,850 han hecho el trámite.

Los activistas precisaron que son los menores de 17 años y quienes no cuentan con un diploma de “high school” quienes menos se están inscribiendo en el programa de Acción Diferida, el cual les daría la oportunidad de permanecer legalmente en el país y obtener un permiso de trabajo, al menos por dos años y con posibilidad de renovación, similar al TPS.

Iván Ceja es uno de los 53,273 que al 15 de noviembre habían sido aprobados para la Acción Diferida y cuenta con un sitio en Internet (DACAinformation.com) para ayudar a los jóvenes en el proceso.

“Sabemos que el número de solicitantes ha bajado, es lógico porque muchos ya lo han hecho, pero sí faltan muchos por hacerlo y son jóvenes que tal vez ni saben que se pueden beneficiar”, comentó.

La estadística de quienes pueden beneficiarse, explicó Ceja, incluye a quienes actualmente tienen 15 años y que todavía no pueden hacer el trámite.

El estudio del MPI también indica que unos 350 mil jóvenes a nivel nacional que se podrían beneficiar con de la Acción Diferida no cuentan con su diploma de “high school”.

Y muchos otros no solicitan debido a que no cuentan con los recursos económicos para pagar los $465 dólares que cuesta el trámite. Por ello Luis Pérez, director de servicios legales de DACA en CHIRLA, hizo un llamado para que en estas fiestas decembrinas el mejor regalo que le pueden hacer a un joven indocumentado es ayudarlo económicamente para este beneficio migratorio.

Por otro lado, ayer el movimiento estudiantil de los DREAMers dio a conocer lo que será su plataforma política para el próximo año.

Hacer que los políticos tomen la responsabilidad para crear una reforma migratoria que conduzca a la legalización de los 11 millones de indocumentados en el país, indicaron sus líderes en una teleconferencia de prensa sobre lo que será el nuevo enfoque de la lucha.

Unos 600 estudiantes indocumentados de la red United We Dream (UWD) se reunieron el fin de semana en Kansas City, Misuri, en lo que fue su Congreso Nacional para establecer la plataforma política.

Impulsados por la victoria que obtuvieron cuando el presidente Barack Obama estableció la Acción Diferida, el movimiento de los DREAMers o “Soñadores” estará presionando por medidas legislativas que conlleven un camino a la ciudadanía y rechazar propuestas como el Achieve Act, el cual consideran que ofrece mucho menos que el Dream Act.

United We Dream es la red nacional de jóvenes inmigrantes más grande del país con 47 organizaciones afiliadas en 25 estados, donde se encargan de defender el acceso a la educación superior y organizar a la comunidad para luchar por un estatus migratorio legal, expuso su directora administrativa, Cristina Jiménez.

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