El país resiente la huelga portuaria en Los Ángeles

Con un costo aproximado de mil millones de dólares por día en pérdidas para la economía nacional, la presión para poner fin a la huelga que durante una semana ha mantenido paralizada la actividad en los puertos de Los Angeles y Long Beach, dos de los de mayor ocupación portuaria del país está llegando de todas partes.

En el séptimo día de huelga, 150 empresas de transporte, para las cuales trabajan casi 8,000 choferes, pidieron la intervención de la Comisión Marítima Federal (FMC) para resolver el conflicto.

Incluso, la Federación Nacional de Minoristas (NRF), entre otros grupos, renovó ayer el pedidio que hizo durante el fin de semana al presidente Barack Obama para que se involucre en la disputa, pero hasta ayer no tenía respuesta.

El alcalde Antonio Villaraigosa envió el domingo una carta a ambos lados del conflicto en la que les pide hacer lo posible para concluir el paro y les ofreció un mediador federal o de otro tipo para resolver los problemas.

Villaraigosa calcula que el cierre de diez terminales en los puertos de Los Ángeles y Long Beach cuesta “miles de millones de dólares a nuestra economía local”.

A decir de expertos, siete días de huelga han significado una pérdida de hasta 7,000 millones de dólares, algo que no se ha confirmado oficialmente.

“El costo es demasiado para continuar por este camino fallido. Esto no puede continuar”, señaló el alcalde, quien ha visto el conflicto a distancia, por una misión a Sudamérica en la que promovió al puerto de San Pedro como una entrada a la Costa Oeste del país.

Mientras tanto, los contenedores que tienen como destino al Sur de California han descargado en puertos mexicanos y del Norte de California; mientras que los buques con carga dirigida al interior del país han atracado en Alaska o se han dirigido a la Coste Este cruzando por el Canal de Panamá.

El negocio principal del complejo son las embarcaciones provenientes de Asia. Expertos en logística marítima han dicho que la industria suele no enviar embarcaciones a lugares en conflicto, pero, en este caso, se enfrentarían a demoras para descargar sus contenedores al llegar a terminales más pequeñas.

Diez terminales en el complejo portuario continuaban cerradas ayer por un paro de 800 oficinistas que pugnan por un contrato laboral -ausente desde hace más de dos años-, mientras acusan a los operadores de terminales de efectuar subcontrataciones con empresas en el extranjero.

“Este cierre continúa teniendo un impacto devastador en todos los sectores de la industria marítima”, indicó la Asociación de Camioneras del Puerto (HTA) en una carta dirigida a Mario Cordero, comisionado de la FMC y ex funcionario del puerto de Long Beach.

“Le pedimos que sea nuestro abogado para instar a una solución rápida para que choferes, almacenistas, proveedores de logística y otros en la cadena de suministro vuelvan a trabajar y nuevamente inicie el flujo de mercancía en esta temporada de fiestas”, agrega el grupo, preocupado por el congestionamiento en las terminales una vez que termine la huelga.

Miles de choferes de camiones de carga, la mayoría de origen hispano, no han podido ingresar a los puertos debido al paro. Las negociaciones para ponerle fin no avanzaban el lunes, cuando el conflicto sindical entró a su segunda semana.

Las conversaciones se han centrado en el nivel de personal. El sindicato intenta proteger la mayor cantidad de plazas para sus agremiados, mientras los empleadores buscan mayor flexibilidad en el número de trabajadores de tiempo completo y temporales que contratan.

Han tenido la opción de continuar el debate sin detener la actividad portuaria, pero no la han tomado.

“La mediación es esencial y en cada momento disponible debe ser utilizada”, sugirió el alcalde.

Pero ninguno de los bandos parece estar dispuesto a ceder. Del lado de los sindicatos, de hecho, cada vez se suman más entidades a favor, como el Departamento de Operaciones de Transporte (TTD) de la Federación de Organizaciones Sindicales (AFL-CIO), que el fin de semana les brindó su apoyo.

“Muchos trabajadores del transporte han visto desaparecer sus empleos en una epidemia de subcontratación foránea y de reducción de costos que han debilitado a la economía y a la clase media”, dijo el presidente del gremio Edward Wytkind. “No debemos permitir que eso suceda”, recalcó.

El antecedente más reciente de una intervención federal se registró en 2002, por la huelga de diez días en los puertos de la Costa Oeste, donde el entonces presidente George W. Bush pidió a una corte federal ordenar un período de “enfriamiento” o “reflexión” de 80 días.

Según Wytkind, pedir a la Casa Blanca que tome partido en el conflicto no es actuar de buena fe. “Estos esfuerzos deben ser rechazados con firmeza. En cambio, los funcionarios administrativos deben negociar un contrato justo y balanceado que preserve los trabajos para los siguientes empleados”, dijo.