La Opinión te recomienda: No a la Proposición 53

Quiere hacer obligatorio que el financiamiento de proyectos estatales de desarrollo, por valor de $2,000 millones, sea previamente aprobado por el votante

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Foto: Archivo

La proposición 53 que aparecerá en la boleta electoral este 8 de noviembre en California quiere hacer obligatorio que el financiamiento de proyectos estatales de desarrollo, por valor de $2,000 millones, sea previamente aprobado por el votante.

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Fue creada por el empresario, activista y filántropo Dean Cortopassi, quien también paga por todos sus gastos.

El proponente afirma que la medida mantendrá a raya a la “burocracia no electa que actualmente puede jugar con el dinero público en proyectos costosos”.

No incluye ciudades, condados, distritos especiales, distritos de colegios comunitarios ni distritos escolares. En realidad, se enfoca solamente en dos megaproyectos: la construcción de dos túneles gigantes para desviar aguas del río Sacramento, en el norte de California, y enviarlas al sur del estado, y el tren de alta velocidad de California, un proyecto que de cualquier manera y por ley tiene prohibido funcionar con subsidios.

Desde 2009 Cortopassi ha demandado al estado por el proyecto estatal de agua, argumentando que le causará pérdidas en su estancia privada.
Apoyan la medida el partido Republicano y las organizaciones locales de defensa del contribuyente.

Se oponen el partido Demócrata, la central sindical AFL-CIO, el gobernador Brown, la Cámara de Comercio y organizaciones comunitarias y civiles latinas como MALDEF y LULAC.

Incluso considerando su valor intrínseco la 53 no convence.

Es cierto: contiene un elemento sano —el público debe conocer los costos de los proyectos en cuya realización se juega su dinero, o dicho de otra manera, los gobiernos deben ser transparentes y hacer pública la información a su disposición. Pero ya existen herramientas para que ello suceda.

También tiene mérito controlar a los gobiernos y prevenir que malgasten el dinero del erario. Pero hay que dejar gobernar a nuestros representantes, que fueron elegidos precisamente para eso. Y si no representan los intereses del público, existen suficientes mecanismos de censura y control en el régimen democrático para hacer a esta medida innecesaria.

Si se aprobara la 53 y habría que votar por cada proyecto, ello significaría recolección de firmas y gasto de millones en comerciales y campañas que probablemente solo favorecerían a los multimillonarios, los únicos que tienen ese dinero para invertir. Esto daría más influencia que la actual a los intereses especiales.

Además, si gana y se pone en vigencia, votantes de una región remota tendrán derecho al veto de proyectos locales.

La Proposición 53 es una medida innecesaria.

¡Vote no a la Proposición 53!

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