“A los jueces en México nadie nos protege, hay que decirlo bien claro”

Crece preocupación en el gremio tras asesinato de juez federal en el Estado de México

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“A los jueces en México nadie nos protege, hay que decirlo bien claro”
Foto: Archivo / Archivo

MÉXICO – Los jueces en México, encargados de llevar a prisión (o no) a algunos de los delincuentes más sanguinarios e impíos del mundo, no tienen protección alguna. “Hay que decir las cosas por su nombre”, dice en entrevista con este diario Rodolfo Campos, ex presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia del país.

No sistemáticamente, con un protocolo operativo, sino sólo cuando los jueces lo solicitan y, aún así, con altas posibilidades de que se las nieguen, aún cuando estén entre la espada y la pared, entre dar su vida o corromperse ante intimidaciones de secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, crimen organizado.

“Hasta mi oficina podrían entrar sin ningún impedimento o esperarme afuera y darme unos balazos como muchas veces me amenazó gente… yo se los hice saber a mis superiores y me dijeron que no hiciera ruido, que podrían correrme si hacía públicas mis condiciones”, recuerda Alberto Bagatella, un juez que llevó a cabo, entre otros juicios, el arresto de una célula de secuestradores de familiares de migrantes en Puebla para exigir el rescate en dólares.

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“Mis condiciones eran que no tenía nada: ni escoltas, ni vigilancia en el juzgado ni, al menos, un botón de pánico”.
Campos, quien impulsó sin suerte ante la Secretaría de Gobernación un protocolo de actuación para proteger a administradores de justicia en 2011, reafirma que el gobierno ha optado hasta la fecha por no reconocer el problema que viven los jueces.

“El Estado mexicano ha sido omiso e irresponsable, como el alcohólico o drogadicto que no quiere reconocer su adicción”, dice.

“Sólo cuando ocurren tragedias toma las riendas de manera improvisada y de manera mediática”, agrega sobre el caso del juez federal en Metepec Vicente Antonio Bermúdez, asesinado el pasado lunes en Metepec, Estado de México, a 90 kilómetros de la capital Mexicana.

El Consejo de la Judicatura Federal aclaró a través de su presidente que Bermúdez no tenía escolta porque “no lo había solicitado” a pesar de que llevaba casos de alto perfil como la suspención de permisos para ver a reos en el penal del Altiplano, donde se fugó Joaquín El Chapo Guzmán, a quien suspendió de su extradición hace unos meses. O casos del Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Dada la autonomía del poder judicial no se puede obligar a poner escoltas”, observa Martín Barrón, analista del Instituto Nacional de Ciencias Penales. “Y el sistema de justicia no ha querido hacerlo, quizás se han confiado o no han querido tomar medidas siimilares a la de Colombia o Italia en otros tiempos, cuando los jueces no tenían rostro”.

Lo cierto es que los asesinatos han venido ocurriendo. En Sinaloa, en Sonora, en Baja California, en Guerrero. Campos recuerda un caso muy particular en esta última entidad relatado en su momento por el presidente del tribunal superior de justicia, Edmundo Pinzón.

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Uno de sus jueces en Chilpancingo había sentenciado a 50 años de cárcel a un conocido delincuente y al momento de dictarle sentencia éste dijo que le daría una puñalada por cada año de cárcel.

“Efectivamente cumplió la amenaza y el juez murió con 50 puñaladas poco después, desprotegido”, destaca Campos, quien también fue víctimas de amenazas a través de una de sus juezas que representaba. Le vamos a dar regla, dijeron.

“Quizá es momento de reconocer la amenaza que tenemos los jueces y atenderlo de verdad, más allá del papel”.

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