ACLU demanda a Los Ángeles por imponer restricciones inconstitucionales a los pandilleros

La demanda argumenta que las órdenes judiciales violan las libertades civiles de los pandilleros y penalizan a latinos y afroamericanos

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ACLU demanda a Los Ángeles por imponer restricciones inconstitucionales a los pandilleros
Fabian Debora defiende que la ciudad debería adoptar otras medidas de formación o acceso al empleo para ayudar a los pandilleros a salir de ese mundo (Foto: Aurelia Ventura/La Opinión)
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinion

La ciudad de Los Ángeles enfrenta una demanda bajo la acusación de que las ordenes judiciales (conocidas en inglés como gang injunctionsen contra de algunos residentes de la ciudad violan sus derechos civiles.

Pedro Arellano de Echo Park y José Reza de Ramona Gardens junto a la Coalición de Justicia Juvenil (Youth Justice Coalition) son los demandantes en el caso representado por la Union Americana por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California.

Según la ACLU, ambos hombres recibieron órdenes judiciales sin haber tenido una audiencia previa para demostrar si eran pandilleros o no. La demanda presentada como colectiva también busca representar los cerca de diez mil residentes —en su mayoría hombres de color de Los Ángeles- que fueron seentenciados con los mandatos judiciales sin audiencia previa u otra oportunidad de impugnar las acusaciones de que eran miembros de pandillas.

La demanda fue entablada el martes en la corte federal del distrito central de California en contra de la policía y los procuradores de Los Ángeles.

ACLU indicó que las restricciones que prohíben a los pandilleros o ex pandilleros reunirse en ciertas áreas o vestir cierto tipo de ropa en público son inconstitucionales.

“El problema es que no todos los pandilleros son lo como los pintan; matones, ladrones o líderes de una ganga pero todos son tratados iguales bajo la orden judicial”, dijo Fabian Debora, ex pandillero y miembro de la organización Homeboy Industries en el centro de Los Ángeles.

“Debería de haber otra opción antes de encerrarte o categorizarte bajo la orden judicial”, dijo Debora. “Que tal que si es una persona que está en recuperación pero como cae bajo la categoría de la orden judicial le arruinan su proceso y lo descarrilan”.

El uso de los mandatos judiciales de la ciudad penaliza a los jóvenes de color, como lo demuestran los 46 mandatos dirigidos a las comunidades negras o latinas, dijo Kim McGill, organizadora con la Coalición de Justicia Juvenil.

La policía categoriza a ciertas personas como miembros de pandillas y los despoja de sus derechos constitucionales y humanos básicos, limitándolos gravemente a su acceso al empleo, la educación, la vivienda y otros servicios esenciales”, agregó.

Entre las restricciones, a los pandilleros se les prohíbe realizar graffitis, vestir ropa o hacer ciertos gestos relacionados con alguna pandilla (Foto: Jorge Luis Macías/La Opinión)
Entre las restricciones, a los pandilleros se les prohíbe realizar graffitis, vestir ropa o hacer ciertos gestos relacionados con alguna pandilla (Foto: Jorge Luis Macías/La Opinión)

Restricciones y otras medidas de ayuda

Un mandato judicial es un tipo de orden de protección emitida por los tribunales de EEUU que impide a miembros de pandillas en alguna ciudad en particular participar en ciertas actividades específicas. Se basa en la teoría legal de que la actividad de pandillas constituye una molestia pública que impide que las comunidades disfruten de libertad de una forma segura.

Estas órdenes de los tribunales civiles prohíben que los miembros de una pandilla lleven a cabo ciertas actividades específicas dentro de un área geográfica definida conocida como una zona de seguridad, establece el mandato.

La oficina del fiscal Mike Feuer no ha recibido la demanda y por lo tanto no pueden hacer comentarios, dijo Frank Mateljan, portavoz del fiscal.

Sin embargo, su página web establece que los mandatos judiciales son herramientas cruciales utilizadas para suprimir la actividad de pandillas.

Según la oficina de Feuer, hasta el mes de Septiembre de 2013, en la Ciudad de Los Ángeles había 46 restricciones legales contra pandillas, abarcando a 79 pandillas. Esto significa que 20% de las 400 pandillas estimadas son sujetas a restricciones legales.

Sin embargo, activistas y ex pandilleros dicen que la ciudad debe tomar un paso extra y ayudar de otro modo a quienes quieren salir de este mundo.

“Nosotros, en Homeboy Industries no trabajamos con pandillas, trabajamos con miembros de pandillas que es muy diferente a lo que hace la policía cuando los categorizan y los tratan a todos iguales bajo la orden judicial”, dijo Debora.

“Aquí [en Homeboy Industries] ellos encuentran un lugar de cómo cambiar su vida positivamente. Nosotros no podemos asumir quiénes son debido a su pasado”, añadió Debora.

En marzo la ciudad de Los Ángeles llegó a un acuerdo por una demanda relacionada con un mandato judicial de restricciones de toque de queda para pandillas, y accedió a invertir $30 millones de dólares en formación laboral y otros servicios para pandilleros.

Bajo las ordenes judiciales algunas de las prohibiciones incluyen:

  • No asociarse con otros pandilleros.
  • No hacer gestos con las manos relacionados con pandillas, ni utilizar ropa con colores pandilleriles.
  • No usar, poseer, vender o transportar drogas ilegales.
  • No beber ni poseer alcohol.
  • No poseer ni usar armas peligrosas o mortales.
  • No cometer actos de vandalismo/grafitos, ni poseer herramientas para causar graffiti o vandalismo.
  • No intimidar, amenazar o acosar a personas.

Las personas que están bajo el mandato judicial y violan las prohibiciones son acusados de un delito menor que puede llevarlos a seis meses a la cárcel y/o una multa de mil dólares.

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