Abogados piden retrasar el juicio por el fraude de la Universidad Trump

Quieren que el proceso se aplace a febrero, para que Trump se concentre en su transición a la Casa Blanca

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Abogados piden retrasar el juicio por el fraude de la Universidad Trump
Trump se enfrenta a un juicio por presuntamente estafar a sabiendas a miles de personas con su defunta Universidad Trump.
Foto: PAUL J. RICHARDS/AFP / Getty Images

Los abogados de Donald Trump han solicitado una moción para retrasar el juicio que el magnate tiene pendiente por fraude hasta pasado enero, cuando tendrá lugar la inauguración de su presidencia.

La moción fue presentada ante la corte federal de San Diego el sábado. Daniel Petrocelli, abogado del presidente electo, argumenta que con el aplazamiento las dos partes tendrán posiblemente tiempo suficiente para llegar a un acuerdo.

Tal y como reportó el San Diego Union-Tribune, Petrocelli quiere retrasar la fecha del juicio, previsto para el 28 de noviembre, hasta más allá del 20 de enero cuando Trump asumirá la presidencia, para que pueda concentrar su tiempo y energías en la transición hacia la Casa Blanca.

Además, la moción solicita que en lugar de testificar en persona y en directo, a Trump se le permita ser interrogado por ambas partes previamente (en torno al 20 de enero o más tarde) y grabar su declaración para que sea exhibida durante el juicio. La fecha y localización de dicha grabación sería, además, mantenida en secreto hasta el día del proceso judicial.

Ese mismo vídeo sería utilizado en un segundo juicio que Trump tiene pendiente también en San Diego por el fraude de la ya extinta Universidad Trump, de manera que el presidente electo solo tenga que testificar una vez y el proceso no se vuelva a retrasar más adelante por la imposibilidad de que Trump dé su declaración dado lo impredecible de su futura agenda.

"Lo último que necesitamos es un juicio por un caso que ocurrió hace 6 o 7 años y en el que el señor Trump -el presidente electo Trump- declara por algo sin relación a las enormes obligaciones que ahora enfrenta", declaró su abogado, Daniel Petrocelli (Foto: AP)
“Lo último que necesitamos es un juicio por un caso que ocurrió hace 6 o 7 años y en el que el señor Trump -el presidente electo Trump- declara por algo sin relación a las enormes obligaciones que ahora enfrenta”, declaró su abogado, Daniel Petrocelli (Foto: AP)

El juez asignado al caso, Gonzalo Curiel, todavía no ha indicado si aprobará la solicitud de Petrocelli. Si no lo hiciera, el abogado de Trump solicitará un sobreseimiento temporal inmediato para que pueda apelar a un tribunal superior.

El pasado jueves Curiel rechazó una solicitud de Trump de excluir un gran número de declaraciones que hizo durante la campaña presidencial del juicio por fraude. También animó a las partes a llegar a un acuerdo, y expresó su deseo de no posponer más tiempo el caso, que lleva 6 años y medio esperando una resolución legal.

La petición fue denegada por genérica, explicó el juez, dado que no se especificó qué declaraciones se querían excluir del proceso, aunque los abogados podrán presentar nuevas objeciones concretas al uso de determinadas declaraciones.

Según los abogados de Trump, los ofensivos comentarios que el magnate realizó durante la campaña (que incluyen sus tweets) así como las acusaciones que se han realizado contra él por presuntos abusos sexuales, las veces que se ha declarado en bancarrota o su evasión de impuestos no deberían sacarse a colación en el juicio porque son irrelevantes al proceso.

Entre las declaraciones polémicas que los abogados quieren dejar de lado están las que Trump realizó sobre el propio Curiel, nacido en Estados Unidos pero cuyos padres son originarios de México. El presidente electo afirmó que Curiel no podría ser objetivo en el caso debido a su ascendencia mexicana, y la manifiesta intención del magnate de construir un muro en la frontera.

El juez Gonzalo Curiel, nacido en Indiana, de quien Trump dijo que no podría ser imparcial por ser mexicano (Foto: Suministrada)
El juez Gonzalo Curiel, nacido en Indiana, de quien Trump dijo que no podría ser imparcial por ser mexicano (Foto: United States District Court Southern District of California)

El juicio contra Trump surge de una demanda presentada en San Diego y relacionada con la Universidad Trump. El fracasado negocio del magnate, denuncian los querellantes, se hizo pasar por una escuela acreditada que no era, y les llevó mediante falsas promesas a pagar hasta $35,000 para conocer los “secretos” de las inversiones inmobiliarias de Trump de la mano de instructores “elegidos personalmente”, que luego resultaron no tener relación apenas o alguna con el magnate.

Los denunciantes afirman que la universidad vendía productos no acreditados (nunca tuvo consideración oficial, y no concedía créditos universitarios ni diplomas) y se aprovechaba de la fama de Trump para atraer a clientes a los que después despojaba de sus ahorros empujándolos a pagar seminarios progresivamente más costosos.

Los antiguos estudiantes llamaron a la universidad un fraude y la compararon con un infomercial. Los abogados de Trump intentaron que la demanda fuera desestimada, pero el juez concluyó que la pregunta de los estudiantes sobre si Trump había participado a sabiendas en un ardid fraudulento era válida.

Según la demanda, Trump poseía un 92% de la universidad y controlaba todas las decisiones importantes, algo que el presidente electo ha negado.

Una segunda denuncia colectiva relativa a la Universidad Trump también fue presentada en San Diego. Según el texto de esta demanda, la institución violaba el Acta sobre Organizaciones Influidas por la Extorsión y la Corrupción (RICO, por sus siglas en inglés). Los abogados están reuniendo pruebas para el caso, por lo que todavía no se ha fijado una fecha para el juicio.

Eric Schneiderman decidió demandar a Trump por haber estafado presuntamente a miles de ciudadanos que pagaron hasta $35,000 por una educación engañosa y deficiente en la Univesidad Trump (Foto: Eduardo Muñoz Álvarez/Getty Images)
Eric Schneiderman decidió demandar a Trump por haber estafado presuntamente a miles de ciudadanos que pagaron hasta $35,000 por una educación engañosa y deficiente en la Univesidad Trump (Foto: Eduardo Muñoz Álvarez/Getty Images)

Asimismo, el fiscal general de Nueva York Eric Schneiderman decidió denunciar en 2013 a la Trump University por sus malas prácticas por un total de $40 millones. La demanda busca restituir a más de 5,000 estudiantes de todo el país, incluyendo 600 neoyorquinos, que fueron estafados.

Un juez decidió en marzo de este año que el caso iría a juicio, una resolución que Trump apeló en lo que Schneiderman calificó de “otro ejemplo de cómo Donald Trump hará todo cuanto esté en su poder para evitar ser juzgado por defraudar presuntamente a cientos de neoyorquinos de pocos recursos”. El fiscal también afirmó: “Esperamos con ansia hacer rendir cuentas a Trump por su descarada estafa cuando finalmente se enfrente a un juicio“.

El propio abogado de Trump reconoció que este es un caso sin precedentes, ya que ningún otro presidente había llegado a la Casa Blanca con las consideraciones jurídicas que Trump afronta – hay decenas de denuncias civiles presentadas contra él por sus negocios.

En un rally que tuvo lugar en mayo en San Diego, Trump dijo que “deberían investigar al juez Curiel, porque lo que está haciendo es una auténtica vergüenza” y preguntó a sus seguidores, “¿no sería salvaje si soy presidente y tengo que volver [a San Diego] para testificar en un caso civil?“.

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