Juez aprueba un trato por $4 millones en el caso de la fuga de gas en Porter Ranch

Los residentes no están satisfechos con la resolución, que no incluye indemnización para sus pérdidas económicas

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Juez aprueba un trato por $4 millones en el caso de la fuga de gas en Porter Ranch
Los vecinos de Porter Ranch afirman que la fuga les ha causado problemas de salud.
Foto: Francisco Castro / La Opinión

El martes el juez de la Corte Superior Alan S. Rosenfield aprobó el trato por el que Southern California Gas Company, conocida como SoCal Gas, hace una declaración de no objeción (“no contest”, lo cual significa que aceptan la pena pero no admiten formalmente su culpabilidad) por el cargo al que se enfrentaba tras la fuga masiva de gas en sus instalaciones de Porter Ranch a cambio de pagar $4 millones.

Un trato al que se habían opuesto los residentes de la zona, dado que no incluía la restitución económica de cualquier pérdida financiera que puedan haber sufrido a consecuencia de la fuga, que duró varios meses y obligó a evacuar por un tiempo varias casas y escuelas cercanas.

SoCal Gas se enfrentaba a un único cargo por el delito menor de retrasarse tres días en informar a las autoridades sobre la expulsión de gases peligrosos en octubre del año pasado. Como parte del trato, se descartaron otras tres acusaciones contra la compañía: una por expulsar el gas y dos cargos más por esperar demasiado antes de reportar la fuga. Los querellantes también han objetado a la desestimación del cargo por liberar gases peligrosos.

El abogado Paul Kiesel, que coordina las demandas civiles que los residentes de Porter Ranch han interpuesto contra la compañía, ha declarado que están estudiando apelar la decisión del juez de no incluir la indemnización a las víctimas en el trato.

“Que el juez imponga una sentencia que no incluye restitución sería inválido e inconstitucional”, dijo Brian Panish, un abogado que representa a algunos de los hasta 7,225 individuos que se han querellado contra SoCal Gas por la fuga.

El acuerdo aprobado por el juez incluye la obligación de pagar multas, contratar personal adicional en sus instalaciones de Aliso Canyon e instalar nuevos sistemas para detectar la fuga de gas natural. El coste de todas estas medidas suma aproximadamente $4 millones, pero no incluye compensación a las víctimas.

Los abogados de los residentes afirman que no se les consultó sobre el trato negociado con antelación. “El acuerdo fue presentado ante la corte sin aviso a ninguna de las víctimas y sin sus comentarios”, acusaron en un documento de 16 páginas con el que solicitaron sin éxito en octubre que no se aceptara el trato. “Este acuerdo tiene todas las señales de ser un intento del acusado de dejar a las víctimas sin su derecho constitucional a la indemnización”.

No obstante, la fiscal de distrito Jackie Lacey y el personal del departamento de crímenes medioambientales ya habían afirmado la semana pasada en una declaración presentada ante la corte que a las personas afectadas por la fuga de gas no les corresponde una indemnización bajo la ley de derechos de las víctimas de California de 2008.

La oficina del fiscal explicó que las pérdidas económicas de los residentes ya han sido cubiertas por pagos de cientos de millones de dólares por parte de SoCal Gas, y que además de acuerdo a la ley de 2008 los residentes no pueden intervenir como víctimas en el proceso penal porque al mismo tiempo son querellantes en una demanda civil.

El acuerdo, ha indicado la oficina del fiscal, no interfiere con las denuncias en proceso presentadas por los vecinos.

El acuerdo obliga a Socal Gas a instalar y mantener un sistema de infrarrojos para la monitorización del metano en Aliso Canyon (con un costo estimado de entre $1.2 millones y $1.5 millones) y a que un tercero pruebe y certifique que funciona correctamente.

La compañía también deberá contratar a media docena de nuevos trabajadores a tiempo completo dedicados a operar y mantener estos nuevos sistemas de detección de fugas las 24 horas del día, así como revisar y adoptar nuevos protocolos para reportar la fuga de materiales peligrosos a las autoridades competentes que incluyen entrenamiento específico al respecto para todos los empleados de instalaciones de gas natural dentro del condado.

SoCal Gas también pagará $307,500 en multas y cubrirá los $246,000 que ha costado la investigación y la respuesta de emergencia de la División de Salud y Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

“Nos alegramos de que esto esté resuelto”, dijo la portavoz de SoCal Gas Melissa Bailey al conocer la decisión del juez. “SoCal Gas continúa comprometida a trabajar con nuestros legisladores y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables a las instalaciones de Aliso Canyon”.

La fuga de Aliso Canyon expulsó 100,000 toneladas de metano a la atmósfera y es la mayor de la historia de Estados Unidos (Foto: SoCal Gas)
La fuga de Aliso Canyon expulsó 100,000 toneladas de metano a la atmósfera y es la mayor de la historia de Estados Unidos (Foto: SoCal Gas)

La fuga de gas comenzó el 23 de octubre de 2015, aunque la compañía no lo notificó al Departamento de Servicios de Emergencia estatal y la Certified Unified Program Agency local hasta el día 26.

Un aditivo que se añade al gas para darle olor y así poder identificarlo provocó que cientos de familias solicitaran ser reubicadas después de que sus casas se vieran invadidas por un hedor insoportable. La fuga también obligó al cierre temporal de dos escuelas y la reubicación de sus 1,900 estudiantes por otros centros del LAUSD, ya que los jóvenes afirmaban sufrir dolores de cabeza y náuseas a consecuencia del mal olor.

Para diciembre de 2015, más de 1,700 residentes habían sido trasladados temporalmente a otras localizaciones a cargo de SoCal Gas, que desembolsó 50 millones de dólares y también se hizo responsable de los costos de limpieza de los hogares afectados. La fuga fue controlada en febrero de este año y para junio la gran mayoría de los desplazados habían podido regresar a sus casas.

Después de volver a sus residencias, varios vecinos han continuado reportando problemas de salud tales como dolor de estómago, irritación respiratoria o náuseas. Sin embargo, las autoridades afirmaron que la fuga no tenía efectos a largo plazo sobre la salud de los residentes, y las mediciones de benzeno (un compuesto químico que puede ser tóxico en altas concentraciones) que se realizaron en la zona no reportaron niveles superiores a cualquier otro lugar del condado de Los Ángeles.

La fuga de Aliso Canyon expulsó más de 100,000 toneladas de metano al exterior, convirtiéndola en la mayor de toda la historia de Estados Unidos. Las instalaciones han sido alertadas de que se enfrentarán a un proceso criminal más severo si se vuelve a repetir lo ocurrido, pero los ejecutivos de SoCal Gas afirman que ya se han instalado nuevas e importantes medidas de seguridad y han solicitado al estado permiso para que la planta vuelva a funcionar, ante el rechazo de la comunidad.

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