Un fiscal contra el “Porky” extraditado de España

Jorge Winckler Ortiz es el hombre que en horas recientes, asumió dicho cargo y quien afrontará el reto de darle solución al caso de la joven Daphne Fernández

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MÉXICO.- “Ejerceré el cargo de fiscal General de Veracruz de tal forma que mis hijos se sientan orgullosos de ello”.

En este mensaje escrito en la red social Twitter por el nuevo procurador de justicia, Jorge Winckler, se avista una dura batalla legal en el estado donde hace exactamente dos años, en la madrugada del 3 de enero de 2015, un grupo de amigos adinerados apodados “Los Porkys” presuntamente violó tumultuariamente a una muchacha.

Porque no se trata del compromiso de cualquier abogado que se autodefine como “buscador constante de justicia”, sino del mismo litigante que llevó el caso desde que el padre de la joven Daphne Fernández hizo pública la agresión a través de un video en el que Enrique Capitaine, Jorge Cotaita, Gerardo Rodríguez y Diego Cruz, excompañeros de colegio de la víctima, confesaban el abuso sexual.

Winckler, quien pide entre 12 y 40 años de prisión contra los acusados, denunció en su momento y puntualmente algunas de las artimañas con las que aún opera el sistema o al menos, hasta antes de que él tomara el máximo cargo en la fiscalía.

Denunció amenazas e intimidaciones (“temo por mi vida, la de mi familia y mi cliente”, dijo el año pasado); reveló la intervención de los ministeriales para persuadir a las víctimas de desistir en la demanda legal y detalló las omisiones por parte de la fiscalía para evitar procesar a los jóvenes, miembros de algunas de las familias más poderosas del estado del sureste.

El arribo de Winckler es una bocanada de aire fresco al caso, como lo es la decisión de las últimas horas del Ministerio de Justicia de España de extraditar a Diego Cruz, de 21 años, quien huyó al país europeo para evitar un juicio en México que considera “politizado y mediático” debido a las circunstancias del proceso.

Previamente, Capitaine fue detenido en Coahuila, y Rodríguez fue exculpado (aunque presenció los hechos, no participó). Cotaita sigue prófugo.

Las familias de los acusados argumentan que fueron extorsionados y amenazados por el padre de Daphne para grabar la confesión. Además, algunos analistas jurídicos señalan que la joven tiene en su contra el hecho de haber denunciado ante el ministerio publico hasta cuatro meses y medio después, sin revisiones médicas 72 horas posteriores al hecho, tal y como marca la ley.

“Este es justo el problema del Caso Daphne y “Los Porkys”: no existen pruebas duras”, argumenta Carlos Arturo Baños, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. “El video no tiene validez jurídica porque no se rindió ante autoridad pública competente, no se rindió con la presencia de un abogado, resulta notorio un clima de intimidación contra los declarantes, y no se sabe de qué piden perdón porque ni siquiera se mencionan las palabras violación o sexo”.

A la tarea de recopilar pruebas suficientes, Winckler deberá enfrentar también la presión internacional: en el contexto del caso “Los Porkys”, la ONU emitió un comunicado en el que precisó que solo uno de cada 40 casos de las denuncias por violaciones sexuales recibe sentencia.

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