Activistas y veteranos de guerra piden a Obama que cese deportación de exsoldados

Se desconoce la cifra exacta de excombatientes deportados, pero el puñado de activistas y veteranos de guerra afirmó que éstos han prestado servicio militar y no merecen que se les trate como “basura”.

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Activistas y veteranos de guerra piden a Obama que cese deportación de exsoldados

WASHINGTON.-  Activistas y veteranos de guerra, algunos ya anteriormente deportados, exigieron este jueves frente a la Casa Blanca que el presidente Barack Obama tome medidas en las dos semanas que le quedan en el poder, para frenar la deportación de exsoldados.

Se desconoce la cifra exacta de excombatientes deportados, pero el puñado de activistas y veteranos de guerra afirmó que éstos han prestado servicio militar, incluso arriesgando sus vidas, y no merecen que se les trate como “basura”, máxime si ya han purgado sentencia por algún delito.

En concreto, los activistas pidieron que se suspenda la deportación de Miguel Pérez, un veterano de guerra del Ejército que prestó servicio militar en Afganistán, y al regresar a EEUU comenzó a usar drogas para aliviar sus síntomas por una lesión cerebral y por el Síndrome de Estrés Postraumático (PTSD).

Pérez fue condenado por un delito de droga no violento y purgó siete años y medio en prisión, y ahora sus padres luchan para frenar su deportación.

La protesta contó con la participación de activistas del “Ashley´s Memory Project”, un grupo así bautizado en nombre de Ashley Sietsema, quien falleció en Kuwait en 2007 y cuyo padre, Alberto, enfrenta la deportación. El grupo calcula que más de 3,000 veteranos han sido deportados desde 2007,  “y muchos más” están en proceso de expulsión.

Los activistas esperan que estas familias sean incluidas en una legislación o una medida ejecutiva que frene la deportación de veteranos de guerra y sus familiares, y su campaña de presión cuenta con el respaldo del director nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Brent Wilkes, y la oficina estatal de esa organización en Illinois.

Entre los manifestantes estaba el mexicano César López, de 43 años, quien fue deportado en febrero de 2013 desde el aeropuerto de Houston (Texas) cuando regresaba a EEUU de un viaje a Costa Rica. López, veterano de la Marina, ya había purgado sentencia por cargos de posesión de marihuana en 2000.

“Me dijeron que era una amenaza para la nación, pero siento que fui atropellado por el sistema legal. No tengo vida en México, toda mi familia es ciudadana y está acá, y pienso pelear para quedarme”, dijo a este diario López, quien aseguró que fue golpeado por policías militares en Ciudad Juárez (México) “por lucir tatuajes de mi servicio militar” en EEUU.

“No somos criminales, somos patriotas. Sí, cometimos un error, somos seres humanos, pero nos tratan como basura y no es justo que nos traten así cuandos hemos sobrevivido traumas”, argumentó López, quien luce un grillete con el que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) vigila sus movimientos.

López está en proceso de mudarse de Nevada a California, y prevé solicitar asilo por la “tortura” a la que fue sometido en México.

Por su parte, Benito Miranda Hernández, de 32 años, tiene cita ante una corte de Inmigración el próximo 29 de marzo, después de que fue detenido en San Diego (California) en agosto de 2015, cuando reingresó tras su deportación.

Miranda Hernández, quien vive en Anaheim (California), se enlistó en la Marina en 2002, y fue desplegado tres veces a Irak entre 2003 y 2005. Al igual que López, piensa que su deportación a México fue “injusta, sin sentido, e inmoral”.

“No tengo nada que ver con México, mi familia está acá, pero parece que no les importa nuestro servicio militar, que hayamos arriesgado la vida”, señaló a este diario Miranda Hernández, quien estuvo encarcelado bajo cargos de posesión de drogas y armas, y fue deportado en 2014.

“Caí preso, perdí todo, pero todos tomamos decisiones equivocadas. Con esta protesta en Washington queremos lograr algún cambio”, explicó.

Los extranjeros se han enlistado en las Fuerzas Armadas de EEUU desde 1775 –se calcula que unos 5,000 residentes permanentes lo hacen cada año- pero, bajo una ley de 1996, quienes no han obtenido la ciudadanía pueden ser deportados si cometen algún delito serio, aun si ya han cumplido sus sentencias. Los delitos más comunes por los que son deportados incluyen posesión de drogas y armas, robo, y fraude.

En su visita de tres días a Washington, que concluirá mañana viernes, los activistas, veteranos de guerra y algunos de sus familiares han concertado reuniones privadas con líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso y líderes del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes, en busca de apoyo para su causa.

 

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