Denuncia civil alega que Metro penaliza más a los pasajeros afroamericanos
La demanda está siendo investigada por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos
La querella acusa a Metro y el LASD de implementar tácticas conocidas como de "stop and frisk" que penalizan desproporcionadamente a minorías. Crédito: J. Emilio Flores | La Opinión
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos anunció el miércoles que estaba investigando una demanda civil presentada contra Metro Los Ángeles y el Departamento del Sheriff del condado (LASD) que denuncia que los usuarios de raza negra son perseguidos desproporcionadamente por no pagar las tarifas.
La querella fue presentada en noviembre de 2016 por el Labor/Community Strategy Center, organización que abarca a la Bus Riders Union, y alega que entre 2012 y 2015 los pasajeros de Metro afroamericanos, que representan en torno al 20% de los usuarios, recibieron en torno al 50% de las multas.
De acuerdo a la denuncia, las autoridades de Metro emplean las tácticas conocidas como “broken windows” y “stop and frisk”, que consisten en castigar severamente violaciones menores con la esperanza de disuadir a los infractores de cometer crímenes má serios, y cuya efectividad ha sido ampliamente cuestionada.
En Nueva York esta clase de tácticas fueron prohibidas en 2013 porque una jueza consideró que violaban los derechos de las minorías y que “los afroamericanos son confrontados por sospechas con menos fundamento objetivo que los blancos“.
Metro ha negado la utilización de estas tácticas, aunque su portavoz Joni Goheen ha indicado que intentarán llegar a una resolución voluntaria” del conflicto con las otras partes.
La demanda proporciona las siguientes cifras, que alegan fueron extraídas de los registros públicos de Metro: los usuarios afroamericanos representaron entre el 50 y el 60% de los arrestos cometidos entre 2013 y 2015, mientras que los blancos (que son en torno al 13% del total de viajeros) sumaron entre el 9 y el 10%.
En total, de 2012 a mayo de 2016, las autoridades de Metro y del Sheriff emitieron conjuntamente 455,388 multas, un 48% de las cuales estaban dirigidas a usuarios afroamericanos.
El Labor/Community Strategy Center exige que se perdonen todas las multas pendientes a los infractores negros, que tienen un costo inicial de $75 que puede llegar hasta los $250 si se retrasa su pago.
Además, los querellantes piden que los agentes del orden (en este caso del LASD, responsables de la vigilancia de la red de Metro) dejen de comprobar si los pasajeros han pagado las tarifas porque arguyen que su presencia y su capacidad de llevar a cabo arrestos por esta clase de infracciones equivalen a esas tácticas conocidas como de “stop and frisk”.
Metro está precisamente en proceso de renegociar los servicios de seguridad con los que cuenta, y se ha planteado contratar a miembros de los departamentos policíacos de Los Ángeles y Long Beach para sustituir a un gran número de los agentes del Sheriff.
Goheen indicó además que el 1 de enero abrieron 77 nuevos puestos para vigilantes de seguridad civiles y que 27 de ellos ya están trabajando.
