Juez decidirá si trabajadores sociales implicados en la muerte de Gabriel Fernández van a juicio

Cuatro miembros del Departamento de Servicios para Familias y Niños de Los Ángeles enfrentan cargos criminales por abuso infantil y falsificación de informes en relación al caso

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Juez decidirá si trabajadores sociales implicados en la muerte de Gabriel Fernández van a juicio
El pequeño Gabriel Fernández, de 8 años, falleció en mayo de 2013 a causa de abusos de su mamá y el novio de esta, que habían sido denunciados varias veces e investigados por el DCFS.
Foto: Archivo

La jueza del condado de Los Ángeles J.M. Villar decidirá esta semana si cuatro extrabajadores del Departamento de Servicios para Familias y Niños de Los Ángeles (DCFS, por sus siglas en inglés) deberán enfrentarse a un juicio por su implicación en la muerte de Gabriel Fernández, de 8 años.

El caso de Gabriel, que falleció en mayo de 2013, despertó una oleada de críticas hacia el departamento por la presunta negligencia de dos trabajadores sociales y sus supervisores que no consiguieron evitar el fallecimiento del pequeño.

Esta es la primera vez en la historia de Los Ángeles que un trabajador social se enfrenta a cargos criminales en relación a su ejercicio profesional, afirmaron los fiscales.

El caso contra Stefanie Rodríguez, de 31 años, Patricia Clement, de 66, Kevin Bom, de 37 años y Gregory Merritt de 61 fue abierto tras una petición del propio DCFS de revisión de la investigación interna que habían llevado a cabo contra los acusados.

“En nuestra reconstrucción rigurosa de los hechos en torno a la muerte de Gabriel, descubrimos que cuatro de nuestros trabajadores sociales fracasaron a la hora de desempeñar su labor“, dijo el entonces director del departamento Philip Browning.

La fiscalía decidió iniciar un proceso criminal contra los implicados y acusarlos formalmente de abuso infantil y falsificación de documentos. Cuando anunció los cargos, la fiscal del distrito del condado de Los Ángeles Jackie Lacey afirmó que “creemos que estos trabajadores fueron criminalmente negligentes y desempeñaron sus funciones con deliberado desdén por el bienestar de Gabriel“.

El pasado 31 de enero comenzaron las audiencias preliminares a la decisión de Villar y la jueza rechazó la petición de los acusados de desestimar los cargos contra ellos.

Entre los testimonios estuvo el de Jennifer García, que fue maestra de Gabriel en la Summerwind Elementary School de Palmdale. La profesora afirmó haber denunciado meses antes de su muerte y en repetidas ocasiones los abusos que se apreciaban en Gabriel y que el propio pequeño había reconocido, pero que “a medida que pasaba el tiempo y aparecían nuevas heridas, empecé a sentir que nada estaba pasando (con el caso)”.

Gabriel fue asesinado por su madre Pearl Fernández de 33 años, y el novio de esta, Isauro Aguirre de 36, tras haber sufrido torturas a lo largo de meses. Ambos están acusados de ser los responsables de la muerte del pequeño y aguardan sentencia por el crimen, y la fiscalía ha anunciado que pedirá para ellos la pena de muerte.

Entre los signos de violencia que presentaba el cuerpo del pequeño estaban un cráneo fracturado, tres costillas rotas y la piel marcada por quemaduras y moretones. Tenía balines incrustados en un pulmón y la ingle, y había perdido dos dientes.

Pearl Sinthia Fernández e Isauro Aguirre torturaron hasta la muerte al pequeño Gabriel (Foto: Archivo/La Opinión)
Pearl Sinthia Fernández e Isauro Aguirre torturaron hasta la muerte al pequeño Gabriel (Foto: Archivo/La Opinión)

Se declaran inocentes

Los cuatro trabajadores públicos niegan haber cometido ningún delito, según recoge el Los Angeles Times.

Jim Barnes, el abogado de Merritt, asegura que los acusados están siendo utilizados como “chivos expiatorios”. Sugirió asimismo que la escalada de violencia que sufrió el pequeño ocurrió después de que el caso se cerrara.

Similarmente, el abogado de Rodrígues Lance M. Filler afirmó que “están intentado responsabilizar a nuestros clientes por las acciones independientes de unos criminales“, en referencia a Fernández y Aguirre.

Por su parte Hagop Kuyumjian, abogado de Bom, asegura que su cliente (que supervisaba el trabajo de Rodríguez) dependía de los reportes de esta y no tenía conocimiento directo de ningún abuso.

Finalmente Shelly Albert, abogada de Clement, defiende que los cuatro trabajadores sociales son víctimas de un “enjuiciamiento selectivo” ya que otros trabajadores sociales y partes implicadas, tales como agentes del sheriff, no están sufriendo represalias.

Los registros del DCFS muestran que Rodríguez acudió al hogar de los Fernández después de ser alertada por la profesora de Gabriel y documentó hinchazón y golpes en el rostro del menor. Su madre, de acuerdo a las notas de la trabajadora, culpó de ellos a su otro hijo.

Rodríguez también investigó otra denuncia de García relacionada con un incidente durante el cual, según le había contado Gabriel, su madre le había golpeado en la cara con la hebilla de un cinturón. A Rodríguez, sin embargo, el pequeño le dijo que solo se trataba de una broma. Según declaró García, el pequeño presentaba una herida del tamaño de una moneda en el rostro que había llegado a sangrar.

Después, Clement relevó a Rodríguez y se hizo cargo del caso. Fue ella quien solicitó anular la consideración de alto riesgo para la familia Fernández, una propuesta que Merritt aceptó y tras la cual dio por cerrado el caso en abril de 2013. Gabriel murió al mes siguiente, el 24 de mayo.

El condado despidió a los cuatro trabajadores, aunque Merritt intentó cuestionar esa decisión ante la corte. En enero de 2016, el juez de la corte superior del condado de Los Ángeles James Chalfant derogó una decisión de una comisión civil que había permitido al acusado volver a su puesto.

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