Llamado urgente a México para atender psicológicamente a sus deportados

MÉXICO –  El timbre del teléfono suena por más de un minuto en la línea del Centro de Información de Atención a Migrantes (CIAM) y una voz pre grabada atiende en tono monótono e impersonal para dar una serie de opciones: para trámites de pasaporte, para matrícula consular, para alguna queja o información personal.

El paciente espera porque lo que requiere no está en el menú: necesita ayuda psicológica después de su deportación, siente odio, impotencia, dolor, desesperación, tristeza: todas las emociones de un deportado que, según Paulo Martínez, vocero de la organización Sin Fronteras IAP, son muy similares a las de un duelo.

“Necesitan aceptarlo y adaptarse a una nueva vida con todo y un choque personal”, advierte para explicar las razones que llevaron al migrante Guadalupe Olivas Valencia, de 44 años, al suicidio desde un puente de Tijuana tras su expulsión de Estados Unidos por ser indocumentados.

“El reto ahora es ayudar a estas personas a llevar su proceso de retorno porque vienen de un ambiente hostil y muchas veces aquí se encuentran con otro rechazo”.

Detrás de la línea telefónica de CIAM (001 520 622 7874, la misma que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto como una de las 11 acciones para proteger a los migrantes) el paciente sigue a la expectativa. Tres minutos después de escuchar el menú principal, una grabación reclama que “no ha recibido respuesta”, ¿cuál respuesta?, se pregunta el repatriado.

En esa reflexión está cuando el sistema robotizado da por concluida la llamada y cuelga en automático para dejar al interlocutor humano solo con su depresión. Éste insiste; la conclusión es la misma.

Lo mejor en ese momento, según explica Javier Urbano, director de la maestría en Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana, es que busque ayuda en otra instancia, que llame por teléfono o corra a la universidad más cercana y pregunte por el departamento de psicología o trabajo social; que busque en internet organizaciones no gubernamentales de la ciudad que den algún tipo de terapia.

“Lamentablemente la política pública no contempla actualmente este tipo de atención porque estaba diseñada para la partida de migrantes, no para el retorno y no hay ni registro, ni estudio de cómo se encuentran los migrantes de manera emocional tras la deportación”, dice.

Urbano urge al gobierno mexicano a actuar en tres direcciones: a modificar la ley de salud e incluir la atención psicológica a migrantes deportados; a incluir en la ley la atención a la niñez de retorno (muchos menores ni siquiera hablan español) y a vincular estas reformas a las leyes locales de los estados para que de esta forma reciban algún tipo de ayuda económica o estímulo fiscal.

“La sociedad civil y algunos estados del país (la CDMX a través de Sederec, por citar ejemplo) hasta ahora hacen su mejor esfuerzo, pero nunca se va a comparar con la capacidad de operación que tiene el Estado para hacer frente a este problema que ya es un problema de salud pública en el país”.