Editorial: Castigo a ciudades santuario, una cortina de humo
El ataque a las ciudades santuarios está basado en premisas inconstitucionales e interpretaciones erróneas.
Jeff Sessions. Crédito: Chip Somodevilla | Getty Images)
Revolver el sentimiento antiinmigrante es una buena estrategia de la administración Trump para distraer la atención de sus fracasos y controversias. La reciente advertencia a las ciudades santuarios del secretario de Justicia, Jeff Sessions, durante una rueda de prensa de la Casa Blanca sirve de cebo para una base política frustrada con el derrumbe de la ley de salud.
La advertencia de Sessions de quitarle subsidios federales a las más de 200 localidades y ciudades, que selectivamente rechazan entregar detenidos a la Agencia para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) es una idea popular entre los conservadores. Aunque la exigencia federal ya haya sido considerada inconstitucional.
Se quiere castigar a estas localidades por decidir que la colaboración incondicional con ICE perjudica la seguridad pública de su gente por el impacto negativo que tiene en las respectivas comunidades inmigrantes.
Ellas están en su derecho de hacerlo. Eso ya lo decidió los tribunales. De la Décima Enmienda de la Constitución surge que el gobierno federal no puede obligar a las ciudades a que actúen en contra de su voluntad.
El Tercer Tribunal del Circuito de Apelaciones determinó en 2014 en el caso Galarza v Szalcyk que los gobiernos locales no están en la obligación de cumplir con las órdenes de detención de ICE. En su decisión citó dos fallos de la Corte Suprema de Justicia que ratificaron el derecho de las localidades.
De todas maneras el tema está regresando a los tribunales.
Sessions dijo que recortará la parte que les corresponde de 4,100 millones de dólares anuales en subsidios a las ciudades que no respeten el Título 8, código 1371 del Código Federal. El problema es que allí se prohibe solo el bloqueo de intercambio de información entre el gobierno federal, no se habla de entregar personas como lo exige el gobierno.
Por último, es una hipocresía quitarles subsidios federales de seguridad pública a esta ciudades bajo el falso argumento de que ellas son las que arriesgan la seguridad por no obedecer a ICE.
La única promesa de importancia cumplida por el presidente Donald Trump es la despiadada persecución contra los indocumentados que tiene aterrorizada a la comunidad inmigrante. Esto le da un rédito político ante sus votantes a cuesta del sufrimiento de miles de familias divididas.
El ataque a las ciudades santuarios está basado en premisas inconstitucionales e interpretaciones erróneas. La medida puede servir de proselitismo pero está condenada a ser otro fracaso de la Casa Blanca en los tribunales.
