A 300 mil casos llegan los delitos violentos en México

De 11.6% fue el incremento hasta agosto de este año, reporta el ONC

MÉXICO, D.F.- Homicidios, secuestros, extorsiones y robos con violencia que en su conjunto se conocen como “delitos de alto impacto” incrementaron en meses hasta el 11.6% en el país hasta sumar en agosto 300,000 crímenes durante 2011, según cifras oficiales recopiladas por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

La organización, integrada por los principales activistas sociales del país, observó que tales resultados revelan que las políticas de seguridad son “ineficientes” y culpó a los gobiernos estatales.

“Veamos a los gobernadores que no están cumpliendo con los compromisos de seguridad y por tanto están traicionando a México”, dijo Alejandro Martí, de la organización SOS (que es parte del Observatorio) y pidió la renuncia de ejecutivos estatales sin dar nombres. “Están jugando con la vida de los mexicanos”.

El ONC se comprometió a elaborar trimestralmente un reporte de los delitos de alto impacto con las estadísticas oficiales proporcionadas por las procuradurías estatales a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el primer informe presentado ayer denunció que el homicidio doloso es el delito que ha representado un mayor incremento con un 11.6%, seguido por la extorsión con 8.8%. No obstante, el robo con violencia es por su número el de mayor afectación en la población: en lo que va del año se han denunciado más de 150,000 robos.

A pesar del impacto de tales cifras, el ONC aclaró que se trata de un cálculo incompleto porque las entidades locales aún niegan información, la esconden o limitan.

En los estados de Campeche, Colima, Estado de México, Nayarit, Puebla y Yucatán, por ejemplo, las autoridades no registran los secuestros y extorsiones por razones incluso desconocidas por los propios funcionarios locales.

Con todas las limitaciones, en los primeros ochos meses de 2011 se reportaron 1,139,219 delitos del fuero común; de los cuales el 29% corresponde a homicidios dolosos (15,207), secuestro (880), extorsión (3,026), robo con violencia (164,565) y robo de vehículo (142,812).

“No hay día que no tengamos conocimiento de lamentables hechos delictivos o violencia”, alertó Ricardo Sepúlveda, director de ONC.

“Los gobernadores están ‘nadando de muertito’ [mitiendo] y no toman en serio el tema de la seguridad porque solo piensan en el poder”, añadió Martí para criticar la falta de voluntad en la instalación de un mando único para las policías estatales o el impulso de la reforma penal, dos promesas que hicieron gobernadores.

Los activistas también criticaron que diputados del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) bloquearan en días recientes la reforma política integral que incluía la reelección de legisladores y revocación de mandato que busca quitar poder a los líderes partidistas.

“¿A qué le tienen miedo?”, preguntó Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, quien hizo un llamado a los políticos a abrirse al escrutinio público. “No están rindiendo cuentas a los ciudadanos y no les importa su seguridad”.

De acuerdo con los informes oficiales obtenidos por ONC, los delitos de alto impacto tienen un incremento sostenido y constante en todo el país.

En el caso de homicidios dolosos, el estado de Chihuahua se encuentra a la cabeza con 72 regitros por cada 100 mil habitantes, seguido por Sinaloa con 69; Guerrero, con 60; Nayarit, 50; Durango, 46; Michoacán y Morelos 43 y Nuevo León con 38.

El sistema del Observatorio pone especial énfasis en las alertas que ellos mismos clasifican como “amarillas” en las que se encuentran entidades con incidencia delictiva media que “deben tener una atención oportuna”.

Quintan Roo, Tlaxcala, Colima, Tamaulipas, Sonora, Chiapas, Coahuila y San Luis Potosí, por ejemplo, tienen índices bajos en homicidios dolosos. Mientras Oaxaca y Baja California reportan menores índices de secuestros, aunque los activistas reconocen que las estadísticas podrían estar manipuladas por las autoridades locales.

“La falta de registro de las denuncias no solo implica una afectación al derecho a la información ciudadana sino también el derecho de acceso a la justicia”, concluyó el informe de ONC.

“Estamos dando palos de ciego porque no tenemos la información necesaria”, dijo Edna Jaime, de la organización México Evalúa.

La asociación criticó severamente la falta de efectividad de la oficial Plataforma México, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal que carece aún de las bases de datos completos para cumplir con el objetivo de ser la red de interconexión de seguridad en el país.

“Si no contamos con la información, no podemos tener políticas públicas exitosas”, dijo.