ACLU demanda a policías por fichar a estudiantes latinos

Era la hora del recreo cuando una docena de agentes, uniformados y armados, llegaron a la secundaria Hoover y sin explicación alguna encerraron, en un par de aulas, a un grupo de 56 estudiantes, todos de origen latino.

“A todos nos tomaron fotografías con un papel enfrente donde estaban nuestros datos, nos ficharon como si fuéramos criminales”, comentó Giovanni Pablo, estudiante del doceavo grado.

El incidente ocurrió el 24 de septiembre de 2010, pero no fue sino hasta ayer, después de un año, que los padres de familia decidieron entablar una demanda a través de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) porque las autoridades escolares y policiacas no les dieron una respuesta lógica a lo sucedido.

No había ocurrido ningún incidente en el área, ni reporte de algún delito; los policías sólo llegaron al plantel que se localiza en la ciudad de Glendale para tratar a los alumnos como si fueran delincuentes, denunciaron abogados de derechos civiles que ayer interpusieron una demanda por perfil racial y cateo ilegal.

Cuando algunos estudiantes se rebelaron y dijeron que ellos no habían hecho nada malo, denunciaron abogados, estudiantes y padres de familia, los policías les gritaron que se sentaran y se callaran, y los amenazaron con que irían a sus casas a las 6:00 a.m. para obtener la información si no cooperaban.

David Sapp, abogado de la ACLU, explicó que ya han tenido reportes de que el Departamento de Libertad Condicional y las unidades antipandillas de corporaciones policiacas están llevando a cabo este tipo de prácticas para tener una base de datos de los estudiantes que tienen tatuajes, a quienes los relacionan con pandillas.

En este caso, al parecer se trató de una unidad antipandilla en la que colaboran los departamentos de policía de Los Ángeles (LAPD) y Glendale (GPD), a los que se incluye en la demanda, así como al Departamento de Libertad Condicional del Condado, y a los directivos de la escuela Hoover.

Ninguno de los departamentos policiacos, ni la dirección de la escuela, ofreció comentarios sobre lo sucedido.

Ashley Flores, de 16 años, otra de las estudiantes que estuvo recluida por espacio de 90 minutos en uno de los salones de clase, dijo que los policías los interrogaron y les hacían que mostraran si tenían tatuajes, cicatrices o aretes.

“Nos preguntaban que con quién nos juntábamos, y nos tomaban fotos, como a los deincuentes”, mencionó la joven durante una conferencia de prensa que ofreció ACLU para dar a conocer el caso.

Alejandro Flores, padre de Ashley, reclamó que la dirección de la escuela no les informara lo que sucedió.

“Tuvimos una junta con la directora y nos dijo que no tenía ni idea”, dijo molesto por lo sucedido.

Ashley dijo estar preocupada de que su fotografía e información vaya a ser utilizada erróneamente por la policía, de que la quieran ligar con una pandilla o con algún delito.

“Yo quiero estudiar, entrar al colegio, pero no sé si eso me vaya a afectar en mi futuro”, mencionó.

El abogado de ACLU indicó que los adolescentes fueron blanco de la policía a pesar de que no había ninguna evidencia de que hubieran violado alguna ley o norma escolar.

Los estudiantes fueron llevados a las aulas con el pretexto de que les darían un curso de cómo no involucrarse en las pandillas.

La demanda exige que la información recabada sea destruida, además de una compensación por daños y castigo para los responsables.

En la preparatoria Hoover hay cerca de 2 mil estudiantes, el 47% de ellos de origen caucásico (la mayoría armenios) y el 29% latinos.

A la hora del recreo, había estudiantes de varias razas, pero sólo los de apariencia latina fueron llamados a los aulas, según la demanda de ACLU.

En la demanda se menciona al capitán Michael Rock, del GPD, quien autorizó el operativo en la escuela, y quien según la querella tenía planes de hacer lo mismo con los estudiantes armenios.