Amenaza de despidos en Ayuntamiento
Busca elevar cuota de alcantarillado y congelar reducción en el sistema de pensión
Al gobierno de Los Ángeles, que ha reducido 4,000 puestos de trabajo en los últimos cuatro años, ha regresado el fantasma de los despidos, ahora como presión para elevar las cuotas de alcantarillado y congelar una reducción en el sistema civil de pensiones.
Las amenazas han venido de la oficina del alcalde Antonio Villaraigosa y del asesor financiero del Ayuntamiento, apalancando un incremento del 40% en las tarifas por servicio de alcantarillado y para evitar una reducción de la tasa de retorno de inversión de 8% a 7.5% a las jubilaciones de empleados civiles, algo que elevaría el déficit de 250 a 300 millones de dólares.
Ayer, el Comité de Presupuesto y Finanzas del Concejo Municipal consideró adelgazar aún más la plantilla laboral de la Oficina de Saneamiento, que ha perdido 240 plazas en los últimos años, el 60% del total, como una de las opciones para obtener los fondos necesarios para rehabilitar el vetusto sistema de cañerías de la ciudad.
“Si esta alternativa se adopta un programa de despido debe ser utilizado con el fin de asegurar el mantenimiento del sistema de operaciones”, indicó la Oficina Administrativa de la ciudad (CAO), la cual mencionó que el costo salarial y de prestaciones de los empleados de Saneamiento subirá de 156 a 206 millones de dólares en los próximos cuatro años.
Para el titular de esa dependencia, Enrique Saldívar, como para grupos ecologistas, esto representaría un colapso en su anticuada infraestructura, algo que acarrearía problemas a la salud de los angelinos y daños al medio ambiente. “Es importante mantener nuestro nivel de empleados”, insistió el funcionario.
En cambio, si en Los Ángeles se recolectan más de 500 dólares en 2015 por el uso del alcantarillado, se podrían reemplazar las tuberías que han envejecido por falta de inversión. “No creemos que sea una manera inapropiada de mantener el tratamiento de aguas residuales”, dijo una representante de Heal the Bay respecto al aumento de tarifas. Desde la semana pasada se empezó a barajar la idea de correr a trabajadores municipales. De esta forma el alcalde Villaraigosa logró que la junta del Sistema de Pensiones de Empleados Civiles (LACERS) pospusiera su voto en el decremento de la tasa de retorno de inversión, lo cual, según el mandatario, abonaría otros 50 millones al hueco presupuestario.
“Por la necesidad de medidas de mitigación es casi seguro que se incluya el despido de empleados”, subrayó el mandatario municipal en un comunicado. “Simplemente no podemos permitir ningún recorte adicional a nuestra fuerza civil de trabajo”, aumentó.
Los sindicatos han tomado con cautela estas palabras. “Estos son tiempos muy difíciles para todos los trabajadores, tanto del sector público, como del privado”, comentó John Hawkins, ex miembro de LACERS y programador analista del Ayuntamiento. “Dado el estado de la economía, hemos trabajado duro para encontrar soluciones que permitan a la ciudad seguir prestando servicios a los residentes”.
