Comunidades Seguras se enfoca en hispanos

El programa Comunidades Seguras (S-Comm) está deportando de manera desproporcionada a más latinos, señala un estudio dado a conocer ayer.

El 93% de los detenidos a través de este polémico programa son hispanos, revela el reporte con base en las estadísticas oficiales del gobierno federal.

El porcentaje está por encima del 77% que representa a los latinos del total de la población indocumentada del país.

Para Aarti Kohli, directora de políticas de inmigración del Warren Institute en la Escuela de Leyes de UC Berkeley, los porcentajes demuestran que se está actuando mediante un perfil racial.

Pero no solo la comunidad latina está siendo afectada con el S-Comm, ya que unos 3,600 ciudadanos estadounidenses también habrían sido retenidos a través del programa, según el análisis de datos presentado.

Lisa Chávez, otra de las autoras del reporte del Warren Institute, dijo ayer durante una teleconferencia de prensa que si el programa Comunidades Seguras funcionara adecuadamente, ICE no debió haber detenido a ciudadanos estadounidenses.

El S-Comm se ha convertido en el brazo ejecutor de las deportaciones de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que en el recién concluido año fiscal 2011 alcanzó los 396,906 expulsados del país, cifra récord durante la última década.

Las corporaciones policiacas que participan en el programa optan por utilizar la base de datos de ICE, no la del FBI, para revisar los antecedentes y huellas digitales de sus detenidos. De esa forma, consideran, es como las autoridades de inmigración han podido llegar a su cifra récord.

Actualmente se estima que hay otros 300 mil indocumentados en proceso de deportación debido a este programa.

El reporte, elaborado por el Warren Institute de Berkeley, en California, y la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo, en Nueva York; indica también que el 52% de los detenidos a través de Comunidades Seguras tiene la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración.

De los 226,694 inmigrantes que han sido deportados a través de S-Comm, el 39% (alrededor de 88,000) tenía esposas o hijos que son ciudadanos estadounidenses.

Nicole Navas, portavoz de ICE en Washington, emitió una declaración por escrito en la que califica de engañoso e inexacto el reporte del Warren Institute.

“El reporte no reconoce cómo el programa ha mejorado la seguridad pública o incluso la responsabilidad de ICE para deteminar quién está ilegal en el país”, señala el texto.

Navas expuso que ICE, en sus funciones de inmigración, no detiene a ciudadanos estadounidenses.

Cuando se revisa y da seguimiento a una persona que se presume está de manera ilegal en el país y se determina que es ciudadano estadounidense, ICE no toma acción adicional.

“La realidad del asunto es que, a través de Comunidades Seguras, ICE está transformando y modernizando la aplicación de las leyes de inmigración de una manera inteligente y eficaz, concentrando recursos para identificar y deportar a individuos que están cometiendo crímenes”, agrega el comunicado.

El reporte está basado en el análisis de datos oficiales de ICE, que fueron obtenidos gracias a que la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) los demandó a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Comunidades Seguras ha sido adoptado por 1,508 corporaciones en 44 estados del país y ICE prevé establecerlo de manera obligatoria en todos los estados para el año 2013.

El presupuesto para S-Comm es de 200 millones anuales, dinero autorizado por el Congreso con el argumento de identificar y deportar a indocumentados convictos por crímenes.

La principal crítica a este programa, dijo Peter Markowitz, también autor del reporte para la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo, es que casi el 60% de los deportados por S-Comm no cometieron ningún delito grave.

“El protocolo de Comunidades Seguras es arrestar primero e investigar después, y eso no es lo que dice la Constitución”, criticó Markowitz respecto a que los detenidos no cuentan con el debido proceso judicial.