En Alabama el comercio se va a pique

Pequeños negocios resienten la ausencia de inmigrantes que huyen de la ley HB56

ALBERTVILLE, Aabama.- La Tienda del Sol ocupa casi toda una esquina de la avenida Main en el centro de Albertville. En su vidriera relucen banderas de Guatemala y México convidando a la gente a pasar, pero la tienda está completamente vacía. Su dueño, un dominicano que la abrió hace 15 años está pensando en mudarse de estado.

“Ya el daño está hecho”, dice José Contreras, de 41 años, sobre el mostrador de panes recién horneados al estilo mexicano. “Nos vamos. No hago nada acá, dejaría mi casa, dejaría todo. Ni modo que vaya a trabajar a las pollerías”.

El éxodo de inmigrantes latinos que han optado por llevarse a su familia por temor a la ley HB56 no solo se está haciendo notar en las plantas de procesamiento de pollos que abundan en esa ciudad, sino en los bolsillos de los pequeños comerciantes que subsistían gracias a estos consumidores.

Solamente algunos aspectos de la ley más dura contra la inmigración de todo el país entraron en efecto tras ser validados por la jueza federal Sharon Lovelace Blackburn. Uno de estos convierte en un delito estatal no contar con documentos legales y otro requiere que las escuelas indaguen sobre el estatus migratorio de los padres de un estudiante al inscribirlo.

“Yo tenía clientes que venían todo el día a la hora del ‘lonche’ y ahora ya no vienen”, se lamenta María González, dueña de un restaurante que pidió no identificar por temor a la policía. “Soy mamá soltera, toda mi familia depende de mí”.

González, oriunda de Guanajuato, México, invirtió todos sus ahorros para comprar el pequeño restaurante que ahora está completamente vacío con dos ollas de caldo de res repletas que probablemente tenga que

desechar. González perdió la mitad de sus ingresos.

“En México están matando gente por secuestros. Yo tengo miedo a regresarme”, dice pensando en voz alta.

Por ahora la inmigrante va caminando al restaurante, para evitar los retenes que la policía de Albertville solía llevar a cabo en distintas partes de la ciudad para darle multas a conductores sin licencia.

Según Jaime Smith, subjefe de policía en esa ciudad, los retenes responden a la necesidad de seguridad pública y reconoció que resultaban en la confiscación de los vehículos de personas sin licencia. Pero mediante la nueva ley alguien que carezca de identificación corre el riesgo de ser detenido y cuestionado sobre su estatus migratorio, reconoció.

Smith dijo que su agencia de 42 oficiales aún no había recibido entrenamiento, pero admitió que estaban entre “la espada y la pared” porque la ley HB 56 permite que sean demandados de no implementarla.

“A mí me robaron aquí una vez y en mi casa, pero a la policía no le interesa investigar eso”, dijo González.

En otro restaurante no muy lejos de allí sucede lo mismo.

“Lo que manda es la caja, si hacemos 70 u 80 al día no alcanza para pagar”, comenta Pascual Pedro, un guatemalteco de Huehuetenango que es dueño de La Tienda y Taquería Maya. “Lo que no se elimina es la luz y la renta que tenemos que pagar, aunque no haya trabajo”.

Pedro, que es dueño de otro restaurante, dice que el impacto es como una cadena que no tardará en afectar también a los proveedores de alimentos y productos que abastecen a su negocio.

No todos los pequeños negociantes que están sufriendo la salida de los inmigrantes son latinos.

John Henley vende frutas y verduras desde 1975 y durante los últimos años los inmigrantes que trabajan en las plantas de procesamiento de pollos de Albertville se han convertido en sus principales clientes.

“Los extrañamos”, dice Henley que sufrió una baja del 20% de sus ventas en los últimos días. “También necesitamos alguien que recoja los productos del campo. Aquí está lleno de gente haragana que no quiere trabajar y vive de las estampillas de comida”.

Henley, de 85 años, dice que el apoyo popular a la ley HB56 tiene más que ver con oponerse al gobierno federal identificado con la figura de un presidente afroamericano que con la situación de la inmigración indocumentada en el país.

“No pienso que debamos pedirle a todo el mundo que se vaya”, dice Carolyn Pritchett, una jubilada de 69 años mientras compra algunas frutas. Se le llenan los ojos de lágrimas y dice que va a escribirle a los políticos del estado para que frenen la ley.

“Creo que no tienen ni la mínima idea de lo que es la realidad”, protesta Henley sobre los oficiales electos.

Esta tarde de martes, uno de sus únicos clientes hispanos es Alejandro Cruz, un inmigrante indocumentado de Oxaca que tiene el día libre porque la paletería donde trabajaba cerró sus puertas por falta de clientes hasta el fin de semana.

“Me he quedado a ver qué pasa”, dice Cruz, que como muchos está pendiente de una moción de emergencia que interpuso el Departamento de Justicia para suspender la decisión de la jueza.

Suscribite al boletín de Noticias

Recibe gratis las noticias más importantes diariamente en tu email

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y Google Política de privacidad y Se aplican las Condiciones de servicio.

¡Muchas gracias!

Más sobre este tema
Contenido Patrocinado
Enlaces patrocinados por Outbrain