Escuelas demandan al estado

SACRAMENTO.- Administradores de escuelas, juntas escolares y tres distritos, entre ellos el de Los Ángeles, entablaron una demanda en contra del estado para que les restablezcan los 2,100 millones de dólares que les recortaron en el presupuesto estatal 2011-12.

La suma recortada a las escuelas es parte del dinero que, de acuerdo con los demandantes, se les debe asignar con base en la Proposición 98, aprobada por los votantes en 1988 y que garantiza un financiamiento mínimo para las escuelas del kínder al grado 12 y a los colegios comunitarios.

“Nosotros estamos demandando al estado porque deben darnos 40% de todo el presupuesto, como lo dice la Constitución en la Proposición 98; y nos robaron 2,100 millones de dólares. Para poder hacerlo debieron pedir permiso a la gente porque esto es la ley”, enfatizó Carlos Arturo García, superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Francisco, otro de los distritos demandantes junto con el de Turlock.

“Nos está matando francamente porque estamos eliminando días de escuela y enseñanza. En San Francisco teníamos 180 días de escuela, ahora tenemos 174. El número de alumnos ha crecido tremendamente. En las secundarias, los salones han aumentado de 35 a 40; en primarias a 30; en las intermedias de 30 a 40”, señaló García.

“Si no hablamos nosotros por los niños, ¿quién lo va a hacer?”, cuestionó. De acuerdo con los demandantes, los 2,100 millones de dólares que les quitaron habrían representado 10,000 dólares por salón de clases, que bien podrían utilizarse para reducir el tamaño de las clases, apoyar a las bibliotecas, las clases de arte, deportes y otros programas esenciales.

En un comunicado, el LAUSD dijo que durante los pasados cuatro años han experimentado más de 2,000 millones de dólares en recortes al presupuesto, lo que ha dado como resultado la pérdida de miles de valiosos profesores, administradores, bibliotecarios y personal administrativo.

“El LAUSD se unió a esta demanda para restaurar fondos vitales que han sido designados a las escuelas de LAUSD bajo la fórmula 98 aprobada por los votantes, pero que fue cortada en el presupuesto estatal 2011-12”, puntualiza el comunicado oficial.

El LAUSD se encuentra en el ojo del huracán, ya que la semana pasada fueron despedidos 1,100 trabajadores; y apenas el lunes, gracias a un acuerdo tentativo con el Sindicato de Empleados de las Escuelas, acordaron recontratar a cientos de empleados administrativos y bibliotecarios.

La demanda fue entablada por la Asociación de Juntas Escolares de California (CSBA); la Asociación de Administradores de Escuelas de California (ACSA) y los tres distritos escolares en la Suprema Corte de San Francisco. Resolverse podría llevarse más de un año.

HD Palmer, portavoz financiero del gobernador Jerry Brown, estimó que los tribunales consideran las acciones tomadas por los legisladores como legales y adecuadas.

“Al sacar el dinero del impuesto a las ventas del Fondo General no se está violando la Proposición 98”, argumentó.

Recordó además que el gobernador planea regresar ese dinero a las escuelas, para lo cual propondrá el aumento de impuestos a las ventas y al cobro de la licencia de vehículos (VLF) el año que entra; y en caso de que no se logre, se harán pagos escalonados por los 2,100 millones de dólares en los próximos cinco años.

El dinero recortado a las escuelas fue destinado al plan de realineamiento carcelario del gobernador Brown, el cual dará dinero a los condados para que se encarguen de la custodia de los presos no violentos, no serios y sin ofensas sexuales, a partir del 1 de octubre.

El mes pasado, los asambleístas republicanos Jim Nielsen, de Gerber; Brian Nestande, de Palm Desert, y Brian Jones, de La Mesa, enviaron una carta a la procuradora Kamala Harris pidiéndole emitir un fallo legal sobre los recortes a la educación. La oficina de la procuradora declinó la petición con el argumento de que buscaba evitar conflictos directos e indirectos, pues era muy probable que hubiese demandas y tendría que representar al estado.

“El gobernador argumenta que puede cortar a las escuelas este año para financiar programas sociales, siempre y cuando les pague el próximo año. Pero robar a Pedro para pagar a Paul no es como la Proposición 98 funciona. Los votantes de California aprobaron esta garantía constitucional para que las escuelas obtengan la parte justa del financiamiento”, dijo Jones.