Están de vuelta en las calles de Redondo Beach

Los jornaleros de la región celebraron ayer el fallo del Tribunal federal del Noveno Distrito que anuló la ordenanza que les prohíbe solicitar trabajo en las vías públicas de Redondo Beach.

Esta decisión, adoptada por nueve votos contra dos, revierte una resolución anterior de tres de los magistrados del mismo tribunal sancionando la referida norma.

Nicholas Espíritu, un abogado de MALDEF que estuvo involucrado en el litigio, afirmó que se trata de la primera vez que un tribunal de circuito –apelaciones- revoca una ordenanza dirigida contra jornaleros prohibiendo pedir trabajo.

“Esta ley va a crear un precedente para otros casos que se presenten en el futuro”, afirmó.

Las protecciones de este fallo, añadió, también se pueden extender a un candidato a la presidencia o a una corporación, permitiéndoles hablar en público y utilizar las vías públicas para sus fines.

Ayer, el abogado acompañó a un grupo de trabajadores que se congregaron a celebrar el fallo en el mismo vecindario donde hace cuatro años fueron arrestados 60 jornaleros en un operativo especial de la policía de Redondo Beach.

La ordenanza adoptada por Redondo Beach prohíbe específicamente a cualquier individuo “pararse en una calle o carretera y solicitar o intentar solicitar empleo, efectuar cualquier tipo de negocio en el lugar, o pedir contribuciones de ocupantes de vehículos motorizados”.

Medidas similares a la de Redondo Beach están siendo vistas por los tribunales en ciudades como Glendale, Arizona, y Oyster Bay, Nueva York.

Michael Webb, el abogado de la alcaldía de Redondo Beach, dijo que tiene pendiente discutir el fallo del Noveno Circuito con el alcalde y el concejo municipal, pero que probablemente la ciudad elevará el caso a la Corte Suprema.

Espíritu en cambio consideró improbable que el máximo tribunal retome el caso. “Hemos visto casos compatibles en otros tribunales federales reafirmando los derechos de los jornaleros a plantarse en la vía pública”.

José Francisco Freire, de 47 años, un padre de familia del área que estuvo presente ayer, fue uno de los trabajadores capturados en aquella ocasión.

“Me arrestaron por estar pidiendo trabajo y ahora estoy alegre porque gracias a la ayuda que recibimos ya hay beneficios para varias personas”, dijo.

Lejos de perjudicar a Redondo Beach, agregó, personas como él benefician con su trabajo a comunidades como esta.

La demanda contra ese ayuntamiento fue presentada por dos grupos, el Comité de Jornaleros de Redondo Beach y la National Day Laborer Organizing Network (NDLON).

En el operativo ocurrido hace cuatro años, policías vestidos de civil se hicieron pasar por contratistas buscando trabajadores. Atraídos por las ofertas de trabajo de los supuestos empleadores, decenas de jornaleros abordaron las camionetas con placas particulares de los agentes, en las que fueron conducidas a un lugar de arresto, y posteriormente fichados.

“A tres cuadras de aquí tenían arrestados a varios de mis compañeros” recordó ayer José Pérez, de 40 años, que no fue capturado en esa ocasión, que lleva 10 años acudiendo a buscar trabajo en las esquinas de Redondo Beach.

Ese ayuntamiento justificó el operativo, y la ordenanza que lo amparó, como una acción necesaria para erradicar a quienes supuestamente defecaban y orinaban en la vía pública, lanzaban basura a la calle, obstruían las aceras, asediaban a las mujeres e incluso cometían actos de vandalismo.

Según el abogado de MALDEF, si las autoridades municipales quieren frenar problemas de ese tipo, tienen que aplicar normas ya existentes que no vulneran la libertad de expresión, y trabajar con las organizaciones que representan a los jornaleros para resolver los problemas que pueda crear la presencia de estos.

En cambio, Webb dijo que la alcaldía hizo un intento por reunirse con ellos durante el proceso de litigio, pero que no se pudo lograr una resolución aceptable para ambas partes.