Gobierno pide bloquear la Ley Alabama

WASHINGTON, D.C.- El Departamento de Justicia (DOJ) presentó ayer una petición para bloquear la controversial ley migratoria HB56 de Alabama. El gobierno argumentó nuevamente que regular inmigración es responsabilidad federal y atacó la iniciativa por sus posibles repercusiones en prácticas discriminatorias.

Junto a más de 80 partes interesadas, incluyendo los gobiernos de El Salvador y México, DOJ presentó la medida ante el Tribunal de Apelaciones del undécimo distrito federal, ubicado en Atlanta, Georgia.

“Pedimos respetuosamente que la corte prohíba -mientras esté pendiente la apelación- provisiones de HB56 que forman parte de un nuevo régimen en el estado. Este impone una serie de nuevas penas criminales a personas sin documentos en Estados Unidos y representa cargas para aquellos que están legalmente en el país”, dice el documento presentado ante el tribunal.

“También pedimos que la corte emita una medida cautelar temporal, en espera del examen completo de esta moción y que establezca un calendario acelerado para argumentos y sesiones informativas”, agrega.

A finales de septiembre la jueza Sharon Lovelace Blackburn permitió que algunas partes de la legislación entraran en efecto, a pesar de las demandas entabladas por el gobierno y organizaciones de derechos civiles, que cuestionaron su constitucionalidad.

Gracias a esto, ahora las escuelas del estado podrán verificar el estatus migratorio de sus nuevos estudiantes y sus padres. Asimismo, la iniciativa exige a la policía estatal pedir papeles de inmigración a cualquier persona que contacten y que se vea o suene extranjera, además de criminalizar la ausencia de documentos de registro. También permite el encarcelamiento indefinido de inmigrantes indocumentados por conducir sin una licencia.

HB56 ha sido definida como una crisis nacional para los derechos civiles, por parte de organizaciones y grupos pro inmigrantes. “Esta locura, creada por fuerzas antiinmigrantes, debe parar ahora. Mientras apelamos la sentencia de la corte y esperamos el juicio a los méritos de la ley, no olvidemos que los niños están siendo perjudicados en este momento y el trauma estará con ellos por el resto de sus vidas”, aseguró Eliseo Medina, vicepresidente de SEIU.

En el Congreso, en tanto, las reacciones a la petición de DOJ no se hicieron esperar. De hecho, durante toda la semana, diversos congresistas de Alabama han dado su apoyo a HB56, entre ellos el senador Jeff Sessions (R-AL).

“Una vez más la Administración de Barack Obama está tratando de prevenir la ejecución de las leyes de inmigración. Continúan poniendo a los inmigrantes ilegales al frente de los contribuyentes y desempleados estadounidenses, que necesitan los empleos que tienen ahora los trabajadores ilegales”, dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Lamar Smith (R-TX).

Al otro lado del pasillo, líderes como el presidente del Caucus Hispano, Charles González (D-TX), mantuvieron ataques directos en contra de la legislación. “Esta equivocada ley institucionaliza la práctica de perfil racial, forzando a profesores a convertirse en agentes de inmigración e hiriendo a la industria agrícola”, enfatizó.

Alabama cuenta actualmente con una población de 185,602 latinos, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina del Censo, 75% de ellos habla un idioma diferente al inglés en sus hogares. El Instituto Hispano Pew ha calculado que cerca de 120 mil inmigrantes indocumentados viven el estado.

Entre la población nacida en el extranjero, 78,668 no son ciudadanos estadounidenses. En el caso de los menores de edad, el gobierno estima que Alabama cuenta con 51,782 estudiantes hispanos. De ellos 52.3% se encuentran en escuela básica.