Impera la necesidad de autodefensa

MÉXICO, D.F.- El alcalde del municipio de Uruachi, Aldo Campos, informó que los muchachos de su pueblo se “estaban armando” para enfrentar a grupos criminales que aterraban al pueblo con balaceras y quemazones de casas.

“Ya no queremos estar rodeados”, dijo en una concurrida rueda de prensa cuando los habitantes de la alejada montaña del estado de Chihuahua tuvieron que dormir en el campo para evadir la muerte, a mediados de septiembre.

Horas después de sus declaraciones llegó el Ejército, echó a gatilleros y volvió la calma. “Ya estamos todos trabajando” dijo por teléfono el secretario del Ayuntamiento, Jaime Arana.

La verdad es que las autoridades de Uruachi quieren a los militares ahí mientras “todos se tranquilizan” porque la tentación de armarse ante la impotencia de balaceras callejeras, secuestros , asesinatos y extorsiones es grande.

Un puñado de comunidades en distintas latitudes del país ya tomaron a punta de pistola la seguridad en sus manos: en el norte, La Laguna, El Campamento y El Coscate, en Durango; Villa de Cárdenas y Francisco R. Murguía, en Zacatecas.

En occidente: Opopeo, Santa Clara del Cobre, San Gregorio, Santa Juana,Tepetate y Cherán, Michoacán

“Los fuera de la ley”, declaró el Ejército en una redada en Opopeo, un pueblito maderero de 8,000 habitantes que eran extorsionados por presuntos delincuentes de la Familia Michoacana hasta que compraron armas de la misma rodada que sus verdugos.

En una redada contra el uso de armas exclusivas del Ejército, los soldados les quitaron los fusiles, pero los lugareños compraron otros. “Ya no podemos estar desarmados”, dijo un poblador a medios locales.

El gobierno condena cualquier expresión de la ley del talión, la del ojo por ojo, sea proveniente de grupos de autodefensa u otras expresiones de hartazgo que analistas y políticos comenzaron a llamar “escuadrones de la muerte”, “limpieza social” o “paramilitares”.

Un video difundido en internet de un grupo de encapuchados autodenominados “MataZetas” que se atribuyó la matanza de 35 personas lanzadas a las calles de Boca del Río, Veracruz (sureste), puso el dedo en la cuestión al definirse como “el brazo armado del pueblo y para el pueblo”.

¿Pasó México a una fase de paramilitarismo?- se cuestionó a la vocera de Seguridad Nacional, Alejandra Sota.

“En el momento no existen elementos para suponer que este grupo criminal pueda definirse bajo la categoría de paramilitar”, respondió en el contexto de la hipótesis oficial: que la matanza en Veracruz fue sólo un pleito entre bandas rivales.

Observadores de la seguridad nacional, por el contrario, ven brotes cada vez más frecuentes de comandos paramilitares.

“Desde por lo menos 2009”, detalló Carlos Fazio, catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

“Hablamos de grupos extralegales que pueden estar conformados por militares, policías u otro tipo de funcionarios en actividad y que desarrollan este accionar de la guerra sucia que se basa en la tortura, la ejecución sumaria y la desaparición de personas”, describió.

Los ejemplos señalados por el analista son harto conocidos. Entre 2009 y 2010 cuatro masacres en centros de rehabilitación de Ciudad Juárez y Tijuana acabaron con la vida de grupos de adictos: 13, 14, 17 y ocho hombres fueron acribillados en cada evento.

También pronunciamientos públicos que ponen en duda el correcto proceder jurídico de algunas autoridades frente al crimen como el caso del coronel Julián Leyzaola, secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, quien declaró cuando era jefe de la policía en Tijuana que él “tiraba a matar”.

En otra ocasión, el alcalde Mauricio Fernández, de San Pedro Garza García, Nuevo León, informó sobre la muerte de hombres que habían sido reportados como desaparecidos, y cuyos cadáveres fueron encontrados horas después.

“Lo que estamos observando es que en algunos casos el Estado está incitando y fomentando por la vía de operaciones encubiertas la toma de la justicia por su propia mano”, opinó Fazio.

Hace poco más de un mes, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, mujeres y niños de los poblados La Laguna, El Campamento y El Coscate, emprendieron el éxodo para dejar a sus maridos y padres enfrentar a una veintena de criminales.

“Ahora somos un pueblo de machos”, dijo el edil Daniel Delgado.

La idea de cualquier revancha contra los grupos causantes de las más de 40,000 muertes en el país en los últimos años es atractiva incluso para escritores como Héctor Aguilar Camín, uno de los intelectuales más respetados del país.

En un artículo de opinión que tituló con sorna “Los patrióticos Matazetas” afinó su pluma para traducir a su manera el mensaje entre líneas del grupo criminal.

“Son, como si dijéramos, el Estado y la autoridad por otros medios, con la ventaja de que sus medios no están restringidos por la ley. Son directamente ilegales, violentos, inmisericordes, y, por todo ello, eficaces”.