Obstaculizan lucha contra los criminales

MÉXICO, D.F.- El poder judicial mexicano se encuentra en crisis. Señalamientos de deshonestidad imputados por el presidente Felipe Calderón y otros actores sociales y políticos se unen a escándalos de jueces involucrados en casos que derivaron en homicidios y masacres.

En total 42 jueces y magistrados fueron sancionados por corrupción e irregularidades administrativas de 2007 a la fecha, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, mientras otros dos cayeron asesinados y uno más salvó la vida en una batalla con casos de delitos de alto impacto.

El juez federal Carlos Alberto Elorza fue víctima de un atentado en agosto de 2010 cuando un comando armado lo interceptó en el estado de Nayarit (noreste).

Previamente había dictado auto de formal prisión a Gregorio Sánchez, candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, por la probable comisión de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Un mes antes, el juez del Centro Especializado de Rehabilitación y Tratamiento para Menores Infractores en el municipio de Gómez Palacio, Durango, Juan Vargas López, de 45 años, murió de un balazo en la frente.

En 2006, René Nieto Colmenares, adscrito al penal de máxima seguridad de la zona fue ejecutado en Toluca, Estado de México.

En medio de este ambiente de violencia por combate al crimen organizado que ha costado más de 40,000 muertos desde 2006, los impartidores de justicia están en la mira: sea por complicidad, omisión, desidia o porque emiten sentencias insatisfactorias.

“No es que yo la traiga contra los jueces; al contrario, los aprecio y todo. Pero ya también empieza uno a cansarse”, dijo Calderón en un encuentro cibernético con ciudadanos en septiembre pasado.

“Uno los agarra y los agarra y los agarra y los agarra, y los sacan y los sacan y los sacan (a los presuntos delincuentes detenidos)”.

El mandatario ha estallado en contra del sistema judicial en tres situaciones concretas.

En 2010 porque el juez Efraín Cázares López, ordenó la liberación de la mayoría de los 34 altos funcionarios del gobierno del estado de Michoacán, acusados de vínculos con el cartel de La Familia. “Había testigos y evidencias que desestimó”, dijo el jefe del Ejecutivo.

En julio de este año porque liberaron al exalcalde de Tijuana, Jorge Hank, quien fue detenido por ser presunto responsable de los delitos de acopio de armas y de homicidio.

La Procuraduría General de la República dijo que incluso había encontrado un casquillo usado en un homicidio que correspondía a un arma confiscada en casa del empresario.

Y el último enojo del mandatario fue durante una reunión con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en días pasados.

Según reconoció, Rubí Frayre, hija de Marisela Escobedo, reconocida activista de Ciudad Juárez, perdió la vida porque un criminal confeso fue liberado por “jueces incompetentes”.

Y agregó: “He sabido de jueces que han recibido dinero o que dialogan con criminales, y que liberan a criminales”.

En ese momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación brincó para protestar a través de su presidente Juan Silva Meza quien pidió pruebas al mandatario en una reunión expedita.

Los jueces argumentan que los detenidos son liberados porque los ministerios públicos y procuradores de justicia no sustentan la culpabilidad.

En el caso de Rubí Freyre, por ejemplo, los juzgadores Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa, Rafael Boudid, denunciaron que la confesión del homicidio que supuestamente existía nunca se acreditó ni se aportaron otros elementos..

“No lo declaramos inocente sino que lo absolvimos por insuficiencia de pruebas”, sostuvieron luego de que Marisela, la madre, fuera asesinada presuntamente por el mismo hombre que mató a la hija.

Analistas jurídicos remarcan que un juez no puede hacer el papel de vengador ni juzgar sin evidencias. “Puede parecer que a veces los jueces son muy formalistas, pero esa es precisamente su tarea: observar con cuidado que los requisitos fijados por las leyes sean observados en la práctica”, observó Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

No obstante a la validez del argumento, éste también ha sido también utilizado por jueces para favorecer al mejor postor, como documentó el Consejo de la Judicatura Federal.

El alcalde de Monterrey, Nuevo León (norte), donde murieron incendiadas 52 personas en un casino, acusa al juez Pedro Arturo Cardona, de ser el actual representante de la empresa donde ocurrieron los hechos.

Anteriormente Cardona había otorgado un amparo para que la casa de apuestas continuara abierta a pesar de la oposición del municipio.

En el ayuntamiento vecino de San Pedro Garza, el presidente Mauricio Fernández vivió una situación similar hasta que dos jueces fueron suspendidos para su investigación.

Fernández tenía evidencias de que los casinos estaban vinculados al crimen organizado, sin embargo, el poder judicial le impedía clausurarlos.

“Fue un combate frontal, muy fuerte”, describió a la prensa.