Peligro: policías mexicanos en acción

No, no se cuide del crimen organizado en las carreteras del noroeste de México, sino de los 'guardianes del orden'

TIJUANA.– Las carreteras del noreste de México irradian espanto: los migrantes centroamericanos que las recorren lo hacen con el temor de ser señuelos de los Zetas. Y los que son deportados desde Estados Unidos buscan evitar ser repatriados por ese lado atlántico de la frontera.

Los periódicos mexicanos han reportado los abusos con los que son sometidos y torturados los migrantes, desde Nuevo León hasta Chiapas.

Pero son pocos los reportes que llegan desde los caminos del noroeste mexicano, el lado del Pacífico, el que dicen que controla el cártel narcotraficante del Chapo Guzmán –señalado, por cierto, como protegido del régimen militar antinarcótico de Felipe Calderón–.

¿Quién mejor para hablar de lo que sucede en estas vías que quienes circulan estos senderos todos los días?: los choferes de camiones públicos.

Un paseo por la central camionera de Tijuana basta para asomarse a un creciente problema sin aparente solución. Un conflicto donde la extorsión y el maltrato a viajeros no solo es cometido por miembros del crimen organizado, sino por elementos de las propias corporaciones policiacas establecidas en la región. En específico, los choferes señalan a miembros de lo que fue la Agencia Federal de Investigación (AFI), ahora Policía Ministerial Investigadora.

No es un pago oficial, pero según versiones del personal de la Central Camionera de Tijuana, agentes de la AFI, sin uniforme, vestidos de civiles, cobran, a su manera, una cuota a los migrantes que viajan en camión rumbo a la frontera con Estados Unidos. Solo por el atrevimiento de adentrar las carreteras del noroeste mexicano.

Desde hace 16 años deambula el corredor de la Central de Tijuana un hombre con el cabello entrecano, bien peinado, camisa blanca y corbata roja. Es el encargado de taquillas, Juan Carlos (sin apellidos). Primero, está seguro de algo: “Nunca he sabido que al operador lo paren, le bajen a la gente, y menos a los migrantes que van a cruzar a los Estados Unidos. Yo nunca he sabido eso”. Pero luego de pláticas más extensas, confirma lo que él mismo llamaba un mito. “Sí nos ha tocado que al operador lo bajan y hay un poquito de exceso de autoridad. Eso sí ha sucedido, no mucho, pero si hay de cierto algo de lo que el operador viene y se queja… Entonces, nosotros aquí como empresa, no podemos hacer nada”.

No queda ahí. “Un federal no te para por pararte. Te para para ver qué traes. A ver qué te va a sacar. Para eso te paran. Te paran para chingar, nada más”. Lo dice en el cubículo de transportistas de la Central, un chofer que prefiere mantener el anonimato.

Su relato refiere lo que pasa en los retenes de la carretera 15 -vía que interconecta el centro del país con la frontera de norte a sur y viceversa-, en los retenes señalados con un signo de Alto y las iniciales de la AFI.

Los elementos, detalla, no están uniformados, pero hay que obedecerlos. Si son personal de la AFI o del crimen organizado, no lo puede afirmar. Describe el operativo: “Bájense todos”. En la revisión, algunos son separados y resguardados. Hay usuarios del transporte que son agredidos verbal y físicamente. Les quitan el dinero. Sus pertenencias. “Los bajan a todos y los meten a un pinche cuarto, ahí tapado con mantas y madre y media, un cuarto que tienen ellos allí. Ahí los van pasando uno por uno por uno, ¡órale!, y ya salen con que ‘no pues de a 200’, ‘de a 300’, hasta 500 pesos les quitan. ¡Caray! No puede ser posible eso. Eso es un robo. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro gobierno? ¡Nada! Estamos cada día pior, pior, pior”, relata el chofer.

Treinta y tantos años en el servicio del transporte y este chofer presiente que el negocio del transporte, en lugar de mejorar, es más degradante. “¡La gente ve a una persona vestida de policía y se pone hasta a temblar! Ya siente miedo, la gente ya siente miedo. Porque, te digo: se sube un federal, es a quitar dinero; se sube uno de la AFI, es a robar”.

Esto le sucede a cualquiera, sea migrante indocumentado o mexicano con papeles. “¿Por qué le vas a pagar tú a los de la AFI? Si tú eres mexicano, nacionalizado aquí en México, y si tú ya pagaste a la unidad en la cual vas viajando, tengas que pagarle a uno de la AFI, para que tú puedas circular de aquí a donde vas. ¿Por qué? O sea, el señor debe tener un sueldo del gobierno, ¿no?, ¿por qué le quitan a la gente el dinero?”, cuestiona este transportista, harto.

En los últimos cinco años, señala, este tipo de extorsiones suceden con más frecuencia en retenes asentados en Sinaloa, en localidades como Escuinapa y Guasave, ida y vuelta. También en los límites de la frontera, en Sonoita, Sonora.

Las versiones de extorsión y robo por parte de agentes de seguridad son ratificadas por el jefe de oficina de la Central Tijuana, Ángel Camacho Martínez: “El riesgo que se tiene de aquí a la Ciudad de México es bastante.

“En todos los retenes. Más de aquí para allá, de allá para acá también. Muchas veces bajan a todos los emigrados, los señores de los retenes, y pues los meten a un cuarto y al rato ya les dicen al operador: ‘Oye, a mí me robaron 1,000 pesos’. ‘A mí me quitaron 500’, y ‘a mí me quitaron 200’, y dice el operador: ‘qué podemos hacer’, son gente prepotente”.

El chofer de la línea de transporte Estrella Blanca, Juan Manuel López, toma un receso en los corredores de la Central de Tijuana, antes de zarpar de regreso a Michoacán, responde directo a un breve interrogatorio.

–¿Quiénes son los más peligrosos para ustedes?

–Los de la AFI.

–¿Por qué?

–Porque roban a la gente

–¿Los maltratan?

–Los maltratan, sí. Son gente que no está preparada. Fueran puros efectivos, fuera otra cosa, pero son gente que no son nada, que les dan el poder para extorsionar a la gente.

Para calcular el despojo en la carretera Panamericana, bastan las cifras que declara el jefe de la Central Tijuana, Ángel Camacho. Él calcula alrededor de 20,000 a 22,000 usuarios, al mes, en las diferentes líneas de transporte que llegan y salen de esta sucursal camionera ubicada en la última frontera de Latinoamérica: Tijuana.

Ninguna de las instituciones policiacas o de seguridad en México atinaron a responder a estos abusos en las carreteras de México.

Lo único que hicieron los voceros de las corporaciones [Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Pública de la Presidencia, hasta el Instituto de Capacitación Profesionalización en Procuración de Justicia Federal] fue pasar la responsabilidad de un organismo a otro.

Finalmente, la vocera de la PGR -quien señaló que ella no puede considerarse como fuente- dijo desconocer “los delitos” mencionados, y para que haya seguimiento a estos casos, son necesarias las demandas de quienes reciben estos abusos.

Pero como mencionó uno de los choferes anónimos: Muchos son migrantes que van de paso, y ya no denuncian.