Persiste el decomiso de autos para los sin licencia

La ley AB353 solo aplica a retenes de sobriedad; ciertos días y algunas vías

En ciertos fines de semana, por las noches y en algunas vialidades. Son esos los períodos y lugares donde los conductores sin licencia pueden manejar tranquilos en California, gracias a la ley AB353, que impide que sus vehículos sean decomisados en retenes de sobriedad. Fuera de eso siguen indefensos.

La legislación que el fin de semana firmó el gobernador Jerry Brown tiene un límite: si un automovilista indocumentado, por ejemplo, es detenido por un policía porque ignoró una señal de alto, aún es posible que su coche termine en el corralón hasta por 30 días, que tenga que pagar unos 1,200 dólares para recuperarlo y que también reciba una infracción.

Y si el agente va más allá y decide revisar los antecedentes penales a través de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la información sería tomada por agentes de migración, por medio del Programa Comunidades Seguras, y esta persona podría enfrentar un proceso de deportación.

Lo que ha pasado en Los Ángeles podría repetirse en todo el estado. Aquí, el cambio de protocolo en el Departamento de Policía de la ciudad (LAPD), que entró en vigor en marzo pasado, redujo hasta un 80% la cantidad de vehículos decomisados en retenes de sobriedad, pero no detuvo las incautaciones cotidianas en las calles.

Pese a esta modificación, recientemente se formó un grupo de abogados y estudiantes de leyes para defender a las víctimas de detenciones arbitrarias por parte del LAPD y otras corporaciones. En algunos casos, acusan, las unidades fueron remolcadas aunque se encontraban estacionadas apropiadamente en una calle.

El asambleísta estatal Gil Cedillo, autor de la AB353, reconoce que ésta no es el remedio definitivo para la controvertida confiscación de vehículos a indocumentados, algo que representó un ingreso de más de 20 millones de dólares para el ayuntamiento de Los Ángeles en 2010. “Lo primordial es llamar la atención sobre el abuso de los retenes de sobriedad”, comentó a La Opinión.

“Esta ley no resuelve todos los problemas que tenemos, solo atiende el abuso que la gente sufría por los retenes, que otorgaban fondos para financiar la corrupción del ayuntamiento de Bell, Maywood y Pomona. La ciudad de Los Ángeles tomó 100 millones de dólares en los últimos cinco años de nuestra comunidad y los usó para cubrir servicios municipales”, insistió el legislador.

Según organizaciones comunitarias, los supuestos abusos policiacos no han parado con el cambio de protocolo del LAPD. Grupos como la Unión del Barrio y la Coalición de Inmigración del Sur de California han denunciado la instalación de “mini-retenes”, los cuales consisten en el cierre parcial e improvisado de una vialidad por parte de agentes en motocicleta para revisar la portación de licencias de conducir. La policía angelina niega que esté implementando este tipo de operativos.

El activista Carlos Montes asegura que la aprobación de la AB353 es “una victoria parcial” y anticipa que los grupos comunitarios han decidido no dormirse en sus laureles. “Seguiremos luchando para que en Los Ángeles se permita estacionar el auto, dejarlo bajo llave y firmar un documento donde se indique que la ciudad no es responsable de los daños, como ocurre en Oakland”, comentó.

No será un proceso fácil. El Sindicato de Policías de Los Ángeles (LAPPL) presentó en abril una queja colectiva que intenta revocar la orden de no incautar vehículos a conductores sin permiso de conducir en retenes, alegando que la modificación afecta la seguridad de esta metrópoli. El asunto aún no ha sido discutido ante la Comisión de Policía. Ayer, representantes del grupo gremial no estuvieron disponibles para comentar la ley AB353, similar al cambio de protocolo del LAPD.

Por su parte, el grupo Madres Contra Conductores Ebrios (MADD), cuyo apoyo propició que en California se duplicara la cantidad de puntos de control de sobriedad de 2007 a 2009, no descarta la posibilidad de echar por tierra la legislación de Cedillo en los tribunales.

“La aprobación de esta ley se traducirá en más personas que pierden la vida en nuestras carreteras, porque un conductor sin licencia tiene 4.9 veces más probabilidades de involucrarse en un accidente mortal que un automovilista con licencia. En consecuencia, creemos que pone en peligro la seguridad pública”, manifestó Gary McDonald, director de MADD en California.

Este argumento ha sido empleado por Cedillo para alcanzar el que considera será el siguiente paso de la AB353: el otorgamiento de licencias a indocumentados en California. “Necesitamos que cada conductor tenga una licencia y esté asegurado, lo cual nos brindará más seguridad”, subrayó el legislador.

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