Preocupación por la salida
La huida repentina, causada por la ley HB56, es catalogada como crisis humanitaria
WASHINGTON, D.C.- Como una crisis humanitaria. Así están definiendo los líderes locales de Alabama, los efectos de la implementación de la ley HB56. Aunque la población latina no supera el 4% en el estado, la salida anecdótica de algunas personas, ha reforzado las protestas locales.
“Esta iniciativa amenaza a la comunidad entera. Las familias se están yendo. No quieren vivir en un estado que los rechaza”, aseguró Scott Douglas, director ejecutivo de Greater Birmingham Ministries, de Alabama.
La semana pasada la jueza Sharon Lovelace Blackburn permitió que algunas partes de la legislación entraran en efecto, a pesar de las demandas entabladas por el Departamento de Justicia y organizaciones de derechos civiles, que cuestionaron su constitucionalidad.
Gracias a esto, ahora las escuelas del estado podrán verificar el estatus migratorio de sus nuevos estudiantes y sus padres. Asimismo, la iniciativa exige a la policía estatal, pedir papeles de inmigración a cualquier persona que contacten que se vea o suene extranjera y criminaliza la ausencia de documentos de registro. También permite el encarcelamiento indefinido de inmigrantes indocumentados por conducir sin una licencia.
El estado cuenta actualmente con una población de 185,602 latinos, de acuerdo a las estadísticas de la Oficina del Censo, 75% de ellos habla un idioma diferente al inglés en sus hogares. El Instituto Hispano Pew ha calculado cerca de 120 mil inmigrantes indocumentados viven el estado.
Entre la población nacida en el extranjero, 78,668 no son ciudadanos estadounidenses. En el caso de los menores de edad, el gobierno estima que el estado cuenta con 51,782 estudiantes hispanos. De ellos 52.3% se encuentran en escuela.
Es precisamente en este sector, donde se han comenzado a sentir las primeras señales concretas de la decisión de Blackburn. De acuerdo a la información entregada a nivel local, en Montgomery -capital del estado-, 231 niños hispanos no se presentaron a la escuela el jueves pasado. Primer día en que las provisiones de HB56 entraron en efecto.
En otras zonas, como Hunstville City, hubo 207 estudiantes latinos ausentes. “Esto es un ataque sin precedentes contra niños hispanos inmigrantes. El sistema educacional del estado puede perder cerca de 2 millones de dólares si los niños no regresan a las escuelas”, aseguró Wendy Cervantes, vicepresidente de políticas de derecho infantil de First Focus.
“Esta ley está diseñada para aterrorizar a las familias con y sin papeles. Hemos llegado a un punto en que en estamos tratando a los inmigrantes como si fueran animales”, dijo Mary Olivella, vicepresidente de MomsRising.
El gobernador del estado Robert Bentley ha insistido en que la legislación tendrá efectos positivos en el estado y aseguró que la defenderá hasta el final. En paralelo Douglas insistió en que no sólo las iglesias, sino diversos grupos en Alabama, están protestando y luchando contra la medida y lo seguirán haciendo mientras sea necesario.
Por ahora, diversas organizaciones de derechos civiles que participaron en el boicot organizado contra Arizona, en protesta contra SB1070, han descartado una acción similar en Alabama.
En Washington, en tanto, la implementación de HB 56 ha servido para reavivar los llamados para impulsar una reforma migratoria. “Esta imprudente legislación es un abuso de la autoridad del gobierno. Nuestras políticas migratorias necesitan ser reparadas, pero no a través de una mezcla de intentos estatales que permiten el perfil racial y los abusos de la autoridad del gobierno”, dijo el presidente del Caucus Hispano, Charles González (D-TX).
El Departamento de Justicia, además de organizaciones de derechos civiles, presentaron apelaciones contra la sentencia, el viernes pasado. Ayer el estado introdujo su oposición a la apelación. No está claro si el juez aceptará el proceso.
Alabama se ha convertido en una excepción entre los estados que han impulsado legislaciones migratorias. Cortes federales han suspendido temporalmente las partes más polémicas de otras iniciativas en áreas como Arizona, Georgia, Indiana y Utah.
