Promueven juicio contra Calderón en La Haya
Grupos plantean presentar una demanda por crímenes de guerra y lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional
MÉXICO, D.F.- Abogados, intelectuales y periodistas quieren al presidente Felipe Calderón 30 años preso o en cadena perpetua: las penas que alcanzaría por un largo proceso que arrancó este martes con el anuncio de una demanda por crímenes de guerra y lesa humanidad que busca ser la “más grande de la historia” ante la Corte Penal Internacional (ICC) de La Haya.
Los demandantes apuntan al primer mandatario y a secretarios de Estado como Guillermo Galván, de la Defensa Nacional; al procurador General de la República (PGR), Genaro García Luna, y a narcotraficantes del nivel de Joaquín “El Chapo”Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.
“Los mandos civiles son también responsables de las acciones de sus subordinados”, dijo Netzaí Sandoval, abogado que encabeza la denuncia que por ahora cuenta con 20,000 firmas que se recopilan por Internet, http://www.juicioacalderon.blogspot.com
Será presentada ante el fiscal de la ICC, Luis Moreno Ocampo, el próximo 25 de noviembre.
De ser aceptada como denuncia viable, pretende investigaciones en México por la desaparición de personas (10,000, aseguran), por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios y por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados.
También por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, el desplazamiento forzado de personas, la violación sexual de mujeres y niñas, así como actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército.
Por ataques a centros de rehabilitación y por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
“Queremos atarles las manos a quienes están ensangrentando al país”, señaló Epigmenio Ibarra, productor de televisión y director de Argos Comunicación, también promotor de la denuncia.
Entre los firmantes se encuentran entre otros Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU; John Ackerman, analista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); José Rosario Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; William Weaver, de la Universidad de Texas, y Loretta Ortiz, del departamento de Derecho la Universidad Iberoamericana (UIA).
Los periodistas Julio Sherer Ibarra, hijo del fundador de la revista Proceso; los caricaturistas Rafael Barajas, Julio Hernández y Antonio Helguera, de La Jornada; y Miguel Badillo y David Manrique de Contralínea.
Una vez presentada la denuncia, los abogados demandantes convocarán a las víctimas a que acudan directamente al fiscal de la CCI para que presenten sus testimonios y puedan, llegado el caso, impugnar las determinaciones que el tribunal internacional adopte.
Los crímenes de guerra son actos cometidos contra personas que no participan directamente en hostilidades tales como el homicidio,mutilaciones, tratos crueles, torturas, ataques contra población civil, edificios, material, unidades y vehículos y actos de violación o esclavitud sexual.
Ejemplos de las implicaciones de las autoridades son varios: los asesinatos de dos estudiantes en la norteña Monterrey, el 19 de marzo de 2010, presuntamente a manos de militares; la violación en mayo de 2007 de tres menores de edad en Nacupécuaro, Michoacán, que también involucraron a soldados y otros que avaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Calderón es culpable por el encubrimiento de esas violaciones a los derechos humanos, los asesinatos y torturas”, dijo el abogado Sandoval, quien a la vez denunció un supuesto grupo clandestinode élite del ejército que habría creado el presidente en mayo de 2010.
“Además tenemos a muchas personas sin acceso a la justicia, sin juicio, no sabemos siquiera si realmente a quien las autoridades presentan como capturado es realmente el narcotraficante o lo viene a sustituir un pobre ciudadano que no tiene recursos para defenderse”, señaló Loretta Ortiz.
Calderón ha defendido reiteradamente su estrategia de combate frontal al crimen organizado que ha provocado más de 40,000 muertos. “No teníamos opción”, dijo. “México dejó de ser solo un país de tránsito de drogas a un país de mercado que los delincuentes quieren controlar”.
