Protestan contra auditorías de ICE
Empleados de limpieza se quejaron de lo que consideran como políticas "imprudentes" que pondrían en peligro sus empleos
Los reclamos contra los actuales controles migratorios en Estados Unidos surgen desde diversos frentes. La semana pasada, un centenar de trabajadores de limpieza protestó en San Francisco frente al edificio del ICE (Oficina de Inmigración y Control de Aduanas), por políticas que consideran “imprudentes” y que pondrían en peligro sus empleos.
“A raíz de la aplicación de políticas imprudentes por parte del ICE, la gente trabajadora está siendo empujada hacia la economía informal y forzada a recurrir a empleadores que no pagan impuestos ni salarios justos”, dijo Mike García, presidente del sindicato SEIU Trabajadores Unidos Oeste.
La oficina de Inmigración y Control de Aduanas realiza auditorías a diversas empresas y les pide en específico la entrega de los formularios I-9, que todos los empleados deben llenar para confirmar que tienen los permisos necesarios para trabajar en Estados Unidos. La información de esos formularios es contrastada con la base de datos del Departamento de Seguridad Interior.
El ICE realiza estas inspecciones como parte de su política para detectar empleadores que violen los derechos de los trabajadores o que contraten empleados que no tengan los documentos de trabajo. Pero el sindicato asegura que ICE está “dejando de lado su tarea principal, es decir, atacar a los empleadores que de manera flagrante explotan a sus empleados, y está empujando a cientos de hombres y mujeres” a una economía paralela.
El sindicato SEIU Trabajadores Unidos Oeste representa a unos 40,000 empleados, entre personal de limpieza, de seguridad, trabajadores aeroportuarios y otros del área de servicios de toda California.
Según sus estimaciones, desde enero de este año unos 800 empleados de limpieza en San Francisco habrían tenido ya que pasar a trabajar en la economía informal por temor a que se descubra su estatus migratorio.
Sin protección en el mercado informal, estos trabajadores “se enfrentan a la explotación a manos de los empleadores que se aprovechan de esta circunstancia”, explicó Olga Miranda, presidenta del SEIU Local 87, que representa a los empleados de limpieza en San Francisco.
“Estos empleadores inescrupulosos bajan sus costos mediante la explotación de sus trabajadores y pueden, por lo tanto, minar la competencia de negocios legítimos”, agrega García.
Representantes de ICE afirman que estas inspecciones no se realizan de manera indiscriminada y que tienen como base investigaciones previas. Una compañía puede recibir una “noticia de inspección” y es entonces que debe entregar los formularios I-9 de sus empleados.
Cuando los inspectores del ICE encuentran un problema, notifican a la empresa para que en un plazo de diez días haga las correcciones necesarias. La página internet del ICE (Ice.gov/news/library/factsheets/i9-inspection.htm) dice que si se determina que los empleadores contratan personal a sabiendas de que no cuentan con autorización de trabajo, “se les pedirá terminar con esta práctica, pueden ser multados o en algunas situaciones, pueden ser acusados criminalmente”.
“También se les puede prohibir participar en futuros contratos federales o recibir beneficios del gobierno”, dice la información del ICE.
Se trata sin duda de un arma de doble filo. “Cuando los empleadores son auditados tienen que cumplir con entregar los documentos”, dice Cecille Isidro, del SEIU. “Pero los empleados que están abusando de sus empleados o los traficantes de personas no piden el formulario I-9”, añade.
Isidro explica que muchos empleados de limpieza tienen temor de denunciar sus casos por las posibles represalias o el miedo a ser deportados a sus países. Sin embargo, una reciente nota de prensa del SEIU Trabajadores Unidos Oeste cita a Carmen Sandoval, que vive en el Área de la Bahía desde 1994 y se desempeña desde hace doce años como trabajadora de limpieza.
“Inmigrantes como yo han trabajado fuerte para dar una mejor vida a nuestros hijos y familias”, dice Sandoval. “Pero estas inspecciones están creando miedo en nuestras comunidades. La gente tiene miedo de hablar sobre lo que pasa en sus trabajos. Necesitamos arreglar nuestro sistema de inmigración, que está roto, y terminar con el miedo a reconocer la contribución de los inmigrantes a este país”.
