Quieren ventas limpias en LA

Es imposible tomar el jugo de naranja que vende la señora María y escuchar su triste historia: un nudo cierra la garganta. Ella, una indígena que perdió el trabajo hace un año, se ha convertido en vendedora ambulante para darle techo y comida a sus tres hijos pequeños. Es el único sustento del hogar.

“Muchas veces”, responde esta originaria de Guatemala cuando se le pregunta cuántas ocasiones le han decomisado naranjas, vasos y el carrito de supermercado. “Se siente gacho, pero ni modo. Así es la vida”, dice María Carcha, quien no sabe leer ni escribir.

Todos los días, esta mujer recorre el vecindario de Westlake, uno de los de mayor concentración de centroamericanos en Los Ángeles, ofreciendo jugo de naranja por tres dólares. Los golpes de las incautaciones le han enseñado que debe dejar en casa el exprimidor, su principal herramienta de trabajo; ya le han quitado varios.

No hace mucho, la vida de Carcha era un poco más fácil. El sueldo que recibía en un taller de costura le permitía mantener a su familia con menos incertidumbre y sin el temor de dejarla en desamparo por incurrir en un delito menor. Muchos comerciantes ambulantes han sido deportados porque, involuntariamente, por medio del programa Comunidades Seguras, las autoridades policiacas de Los Ángeles compartieron su información al tratar de verificar sus antecedentes penales.

Otro peligro en las calles es el “derecho de piso” que cobran los pandilleros. Hace unos años dos integrantes de la banda de la Calle 18 mataron a balazos al hijo de un vendedor del área del parque MacArthur que se negó a pagarles “impuestos”. El niño murió cuando estaba a punto de cumplir tres años. Sus asesinos fueron sentenciados a cadena perpetua en agosto de 2010.

Pero antes que ella, dice la señora María, están sus hijos. Cada mes tiene una cuota mínima que llevar a casa: los 650 dólares del alquiler del apartamento donde vive. El resto va para alimentar a los suyos.

Con una tasa de desempleo del 14%, cientos de angelinos venden en las banquetas para mantener a sus familias. En el Este de Los Ángeles, Chinatown, el Sur-Centro, el parque MacArthur y en otros lugares abundan los puestos callejeros de alimentos y artículos. Otras personas abordan las líneas del tren ligero para ofrecer dulces y chocolates.

Quienes empezaron de esa forma y ahora cumplen con las normas sanitarias, les piden a los ambulantes que hagan lo posible por legalizar su negocio.

“Entiendo la crisis, que están vendiendo por necesidad, pero no tienen la higiene, la refrigeración necesaria, la temperatura del comal”, dice Félix Mena, propietario de un camión de comida.

Hace un par de años Mena vendía en una banqueta de la Calle 27, en el Sur de Los Ángeles, hasta que recibió una infracción verbal. “Así como yo hice el esfuerzo de sacar mis permisos, de cumplir con la ley, les pido a ellos que también lo hagan”, manifestó.

Lo cierto es que el Departamento de Salud Pública del condado ha complicado el camino de regularización de los ambulantes irregulares, elevando las tarifas para extender permisos de operación. Ahora, un carrito que vende hot-dogs o fruta paga ahora 671 dólares anuales, mientras que por un camión de comida se desembolsan 787 dólares.

No es el único gasto. La familia Mena debe cubrir una cuota de 1,500 dólares mensuales por estacionarse frente a una iglesia y otra de 1,000 dólares por guardar el vehículo en las noches.

“Cumplir los gastos ya es ganancia”, dice la señora María Mena.

En el condado de Los Ángeles existen 6,100 comerciantes ambulantes con una licencia para vender, aunque podrían ser más los que no tienen autorización.

“Es un problema creciente”, asegura Khaled Hassan, propietario de una comisaría en la avenida Grand que provee espacio de estacionamiento a vendedores con licencia.

“El riesgo potencial es enfermar a los clientes”, expresó Hassan, un empresario que también vende carritos y les permite preparar y refrigerar las frutas en su local. Su misión es legalizar a más comerciantes para, subraya, evitar que sean multados con frecuencia, o incluso arrestados y deportados. “Corren mucho riesgo al operar ilegalmente”.

Los inspectores de sanidad coinciden en que los comedores ambulantes representan un problema de salud pública. “Frecuentemente encontramos que desconocen que tienen que lavarse las manos para preparar los alimentos o que deben de tener acceso a baños; no tienen refrigeración, ni la temperatura apropiada en la parrilla”, dijo Terrance Powell, especialista del Departamento de Salud Pública.

La señora Carcha, quien ayer por la mañana había vendido ocho vasos de jugo de naranja, sostiene que hay suficiente espacio en las calles en Los Ángeles para los que cumplen con las normas y para los que no lo hacen por falta de dinero.

“El sol sale para todos”, dice.