¿Rebelión de los estados?
¿Quién dijo que el control de las leyes de inmigración es un asunto “exclusivo” del gobierno federal y que los gobiernos estatales no pueden usurparlo?
Después de la rebelión de los estados, ya no.
La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la ley aprobada en el estado de Arizona que prevé sanciones contras las empresas que empleen a indocumentados, rechazando los argumentos de las agrupaciones de derechos civiles y del gobierno del presidente Barack Obama en el sentido de que la ley de 2007 estaba en conflicto con la legislación federal.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, calificó el fallo como “una victoria” para el estado.
Según expertos en Corte Suprema, la decisión envió una señal fuerte respecto a que los estados estarán libres para experimentar con nuevas leyes relacionadas con inmigrantes indocumentados, al menos en el control que tengan al acceso a trabajos.
En junio el gobierno de Alabama promulgó la ley más antimigrante del país, basada en el modelo de Arizona.
Jueces federales han bloqueado previamente piezas clave de otras leyes sobre migración aprobadas en Georgia, Arizona, Utah e Indiana, pero en Alabama no.
En septiembre la jueza Sharon Lovelace Blackburn le dio el visto bueno a varias partes de la ley HB 56 para que entrarán en vigor, y la administración de Obama entabló una demanda para detener la ley de Alabama que violan los derechos civiles de los inmigrantes.
Pero el contenido racista de la ley HB56 no es el problema de fondo de la Casa Blanca. Le preocupa más el riesgo que este desfase administrativo supone entre las políticas estatales y las federales, así como la extensión que esto tenga hacia otros estados, generando graves consecuencias sociopolíticas en la estructura del Estado federal.
La controvertida ley migratoria de Alabama requerirían a la policía arrestar a cualquier sospechoso de estar en el país sin estatus legal, impedirían a los tribunales validar contratos en que inmigrantes indocumentados fueran parte contratante, y permitirían a las escuelas públicas determinar el estatus migratorio de los estudiantes inscritos.
Lo que se discute es realmente quién adquiere las competencias sobre el diseño, aprobación y aplicación de una reforma migratoria.
El fallo de La jueza Blackburn fue en su mayor parte consistente con las decisiones en otros estados (con excepción de permitir en Alabama la ley de “detener y preguntar”, que autoriza a la policía solicitar los documentos migratorios de las personas). Alabama fue el primer estado en incluirla, por eso la decisión de Blackburn podría servir como un anteproyecto que permita a otros adoptar leyes similares
En síntesis. Lo que está en juego es la arquitectura institucional del país, nada más.
Los tres principales diarios del estado, The Birmingham News, Huntsville Times y Mobile Press-Register, criticaron la ley por estar mal intencionada. Mientras que su patrocinador en la Cámara de Representantes de Alabama, el republicano Micky Hammon, reveló que la ley fue redactada de tal forma que si alguna de sus partes era considerada anticonstitucional o que viola la ley federal, el resto (es decir, el veneno) prevalecería.
¿El fin justifica los medios?
El diario The New York Times llamó a Obama a contrarrestar “la hostilidad que se ha apoderado de Alabama y de tantos otros estados” , y mostrar un mayor liderazgo, y seguir presionando con sus apelaciones las decisiones judiciales y combatir leyes similares en Utah, Georgia, Indiana y Carolina del Sur”
El diario olvidó indicarle que sólo en contadas ocasiones el gobierno interviene en asuntos estatales y que ello conlleva un significativo riesgo político, en el sentido que la decisión de demanda de Washington chocaría con la opinión de una mayoría de los estadounidenses.
Una encuesta nacional de Rasmussen Reports (del 27 y 28 de mayo) mostró que el 61% de posibles votantes en Estados Unidos apoya una ley en sus estados que sancione a los negocios que contraten a inmigrantes indocumentados, el 82 por ciento opina que los negocios deberían usar el programa E-verify de manera obligatoria cuando contraten a un nuevo empleado. También, el 63% apoya la idea de que las personas que rentan viviendas verifiquen el estado migratorio de posibles inquilinos. Por lo que, interponer este recurso de la impugnación, escalará dramáticamente la batalla política y legal sobre la ley en un momento crucial: trece meses antes de la elección presidencial
En su serie de consejos al gobierno el diario The New York Times le sugirió comenzar su ofensiva contra leyes migratorias injustas eliminando el programa de Comunidades Seguras, que “refuerza la falsa noción de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados supone un riesgo para la seguridad de este país”.
El impulso anti inmigrante viene de la cúpula de la Casa Blanca, recibe respaldo de la derecha xenófoba y tiene impacto en los gobiernos estatales, como Alabama. En los dos años y medios de gobierno de Obama han expulsado forzosamente un millón de inmigrantes, principalmente mexicanos y centroamericanos.
Desde esta perspectiva, se vive una crisis estructural del Estado, inédita en el país
