Restringen a convictos sexuales

Endurecen la prohibición a ofensores de estar cerca de áreas infantiles en Orange

Con la aprobación de una ordenanza que prohíbe a los ofensores sexuales registrados a estar en parques y otras áreas de recreación infantil en la ciudad de La Habra, el condado de Orange avanza con su plan de crear una zona segura para niños de depredadores sexuales.

Esto, según activistas, debería ser imitado por la ciudad y el condado de Los Ángeles antes de que los reos estatales pasen a control de los condados.

El esfuerzo, encabezado por el Procurador del Distrito del Condado de Orange (OCDA), Tony Rackaucas, criminaliza a los ofensores sexuales con solo estar en los parques o playas del condado y busca ser replicado en todas las ciudades de esa región. El procurador asegura que las leyes estatales o actuales son ineficientes y difíciles de aplicar.

En Los Ángeles, donde existen cerca de 5,200 ofensores sexuales, las autoridades aún no han iniciado medidas similares a Orange porque consideran que ya hay varias ordenanzas y vigilancia o persecución judicial a ofensores sexuales por otros delitos cometidos, según Jenaro Batiz, vocero de la procuraduría.

En el condado, al cierre de edición, no hubo respuesta en el sentido de si se habían iniciado en el pasado o se planeaba en el futuro la creación de medidas similares.

Actualmente las leyes municipales de Los Ángeles solo prohíben a los ofensores sexuales a deambular por parques, bibliotecas o lugares donde se congregan niños, y además pone algunas restricciones sobre los lugares donde pueden vivir. Dichas leyes no penalizan a alguien que es ofensor sexual por el simple hecho de estar en un parque.

Esto, para McGriffin Campbell, activista de la organización Niños de Victoria, representa un dato “alarmante”, sobre todo por los casos documentados de abusos y violaciones a niños en áreas recreativas de Los Ángeles y sus alrededores.

“Creo que esta región está en un estado de negación y no quiere enfrentar el peligro que nos acecha”, expresó Campbell, quien asegura incluso haber tenido la negativa de la ciudad a realizar talleres de información a padres de familia en los parques de la ciudad.

Pese a que las autoridades no tienen estadísticas oficiales sobre cuántos casos de abuso a menores han ocurrido en los parques de Los Ángeles, según una recopilación e investigación de la organización Niños de Victoria, al menos 19 casos de este tipo han ocurrido en el último año.

Uno fue la violación de un menor dentro de un parque del Este de Los Ángeles a inicios de este año dentro del baño. Hasta la fecha no han realizado ningún arresto pese a los esfuerzos de las autoridades policiales.

Según Rackaucas las leyes existentes que prohíben deambular por estos lugares son difíciles de procesar judicialmente porque con base en el código penal, la persona no debería ingresar nuevamente al lugar restringido luego de que un agente policial le pida que se aleje.

El procurador cree que por eso los ofensores sexuales fácilmente pueden estar vigilando a sus víctimas dentro del mismo parque sin que las autoridades puedan hacer algo al respecto.

Dentro de su carta de solicitud a las ciudades ponen el caso de Philip y Nancy Garrido, los acusados y condenados a prisión por raptar a sus 11 años a Jayce Lee Dugard y mantenerla cautiva con abusos durante casi dos décadas.

Un video que sirvió de evidencia para su procesamiento, muestra a Nancy filmando y acercando la lente con una cámara de video a las partes íntimas de niñas abriendo sus piernas dentro de un parque mientras juegan. En el video Phillip le pide a Nancy que le siga filmando “cosas buenas”.

Hasta la fecha Westminster, La Habra e Irvine han adoptado el modelo de Rackaucas, y al menos otras seis ciudades discuten su posible implementación.

Especialistas como el profesor Franklin Zimring, de la Facultad de Leyes de UC Berkeley, creen que las ordenanzas como la de Orange son demasiado amplias, sobre todo tomando en cuenta que 9 de cada 10 delitos sexuales son cometidos por allegados o familiares de las víctimas.

Aun así, Susan Schroeder, jefe de personal del OCDA, cree que la creación de la zona segura será invaluable a la hora de evitar tragedias como las de Dugard.

“Nunca sabremos cuántos niños hemos salvado, pero estamos seguros que serán muchos”, acotó. “Al menos en Orange no tendrán espacio, pues no los queremos ni en nuestras playas ni en nuestros parques”.

Algunas ciudades del condado angelino como Monrovia, El Monte, Claremont, Sur Pasadena y Long Beach han discutido o adoptado restricciones mayores a las del código penal, para los ofensores sexuales, que incluyen entre otras restricciones el no poder estar en los parques.

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