Se cierran todas las opciones en Alabama

ALBERTVILLE, Alabama.- Rosalba Martínez tiene rabia.Frustración. Enojo. Las palabras no le alcanzan para expresar la opresión que siente y le arrancan lágrimas en el porche vacío de su casa prácticamente abandonada en esta ciudad. Su rabia no es por ella, que ha vivido cerca de 17 años en Estados Unidos como indocumentada. Es por sus hijos.

“Si me deportan, con quién voy a dejar a mis hijos, con nadie más que conmigo. Donde yo vaya van a ir mis hijos”, dice Rosalba, oriunda de San Luis de Potosí, México.

No hace dos meses se quebró una pierna y un brazo en un accidente vehicular, pero esa es la última de sus preocupaciones al sentirse acorralada por la HB56, una ley estatal que convierte en un delito estar en Alabama sin papeles.

La nueva ley, cuyas partes más duras entraron en efecto el 28 de septiembre por orden de la jueza federal Sharon Lovelace Blackburn, afecta todos los aspectos de la vida cotidiana de los inmigrantes y por extensión la de sus hijos nacidos en Estados Unidos.

Más allá del miedo que rige las vidas de los inmigrantes en el pequeño poblado de Albertville donde la mayoría trabaja en plantas procesadoras de pollo, muchos tienen gran necesidad de información para navegar la nueva ley.

Apenas entró en efecto, la HB 56 impidió que el esposo de Rosalba pudiera renovar el registro de su vehículo, obligándolo a ir caminado al trabajo e impidiendo que pudieran vender una de sus dos casas.

Sus hijos no quieren mudarse de Alabama y esta decisión es punto de tensión familiar.

“Pensamos irnos a otro estado, no sabemos adónde porque no queremos estar pasando esta situación”, dice Rosalba. “No quiero exponer a mis hijos a un arranque de sus raíces. Ellos son de aquí, y les sirve de algo. Pero no les sirve de nada porque los criminalizan a ellos también. Ellos son hijos de ilegales porque adonde vayan ellos son ilegales también”.

Rosalba más que nada reflexiona sobre este punto porque un aspecto de la ley requiere que para enlistar a un niño en una escuela se presente información sobre el estatus migratorio de sus padres. Aunque esto no afectará sino a quienes se inscriban por primera vez.

“Esta ley no tiene ni una gota de amor”, dice. “Los americanos tienen que dar gracias a Dios de que no saben lo que se siente la opresión que estamos viviendo”.

La población de indocumentados en Alabama es relativamente pequeña. Se estima que hay cerca de 95,000 trabajando, lo que representa un 4% de la fuerza laboral del estado.

La HB 56 es catalogada por organizaciones defensoras de los derechos humanos como otro desastre natural para el estado de Alabama; por la forma en que las provisiones entraron en vigor se hace casi imposible que una familia indocumentada pueda vivir dignamente en el estado.

“Es como si otra desastre natural nos hubiese golpeado”, dice Helen Rivas, una activista que integra el comité directivo de la Coalición de Alabama de Justicia para los Inmigrantes haciendo referencia a los tornados que azotaron el estado.

Grupos como La Casita, en Birmingham, administrado por Catholic Charities, se encuentran desbordados de llamadas y solicitudes de la comunidad inmigrante pidiendo ayuda.

“Vienen a pedir dinero para la gasolina para irse a otro estado”, dice Gabriela Ramírez, directora del programa de La Casita y parte de las Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo. “A algunos ya los están despidiendo de sus trabajos, por miedo no los quieren contratar y los despiden”.

La Casita también ha recibido llamadas de personas que quieren renovar servicios de salud médica estatales para sus hijos que son ciudadanos pero ya no se atreven porque no quieren firmar un documento del estado o les piden “papeles”.

La HB 56 tiene una parte que prohíbe a un indocumentado firmar cualquier tipo de contrato con un particular o el estado, por lo que los arrendatarios de apartamentos también pueden pedir documentación a la hora de alquilar.

Ramírez, también conocida como “La Hermana Gaby”, dice que “por todos lados le están cerrando la puerta el hispano”.

Es por eso que inmigrantes como Rosalba se sienten asfixiados ante la situación.

“Quise vender una de mis casas y la compradora me dijo que no podía firmar contrato conmigo porque no tengo papeles”, dice Rosalba.

Hace poco pagó para renovar el registro de su vehículo. Pero cuando no les llegó la renovación por correo fueron a la oficina en persona.

Allí les dijeron que necesitaban una identificación del estado.

Parte de la HB 56 que entró en vigor también prohíbe renovar las placas de un vehículo. Para evitar las protestas de ciudadanos que también tendrían que comprobar su ciudadanía en el país al renovar el registro, el estado lanzó una base de datos nueva para registrar vehículos conocida como ALVerify.

“Ahora no tenemos carro, nos tienen que dar ‘rite’ (aventón) para todo”, se lamenta. “Es algo oprimente. Y mientras que no estás ahí no sabes cuánto mal se siente”.

Uno de los últimos alientos de esperanza de que la ley pudiese frenarse pronto se fue por la borda, cuando la jueza federal se rehusó a congelar las partes de la ley que entraron en efecto pendiente de una apelación.

Por ahora los grupos pro inmigrantes están operando en un estado de emergencia difundiendo información a través de la radio en español.

“Irse es una decisión personal”, dice Zayne Smith, directora de políticas migratorias para el Centro Appleseed de Alabama para las Leyes y Justicia. El grupo ha difundido información de emergencia sobre el impacto de la ley.

“Quisiéramos que la gente se quedase, que no pierda su trabajo, pero esto es lo que la ley está ocasionando”, agregó.

Pero no son solo los inmigrantes indocumentados quienes viven en temor por la nueva ley; también algunos hispanos que tienen documentos legales sienten que se verán afectados.

“Mi pánico es encontrarme con una persona racista, ir con mi hija y que nos diga: ‘Go Home’ (Regresen a su casa)”, dice Edna López, una residente cerca de la ciudad de Hoover, Birmingham.

La ley de Alabama es mucho más dura que la controversial SB 1070 en Arizona, que solo entró en efecto parcialmente, y otra ley en Georgia que fue frenada en las cortes. Tanto sus defensores como opositores dicen que abrirá las puertas para que otros estados amplíen sus propuestas, puesto que esta tuvo el aval de la jueza federal.

“Esta decisión no es mucho más y nada menos que una gran victoria para el estado de Alabama y quienes apoyan las leyes”, dijo el líder mayoritario republicano de la Cámara de Representantes, Micky Hammon, coautor de la HB 56, a los medios. “Se le comprobó a muchos de los críticos más fuertes de esta ley, incluyendo al Departamento de Justicia de Obama, la ACLU y otros extremistas liberales que estaban equivocados”.

Pese a que el Departamento de Justicia (DOJ) interpuso un desafío legal en contra de la ley, Smith opinó que después de la ola de leyes estatales presentadas en Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Alabama el gobierno federal ya hubiese hecho algo.

“Lo que pasa en Alabama le está dando el visto bueno a otros estados para que sigan adelante con su plan”, dice Smith, una activista pro inmigrante y abogada.

Es por eso que inmigrantes indocumentados como Angelina Manuel, guatemalteca de 45 años, aseguran que mudarse de estado es exponerse a la misma persecución tarde o temprano.

“Estamos aquí en Estados Unidos, donde vayas te pueden agarrar”, dice la inmigrante de Huehuetenango.

La guatemalteca dice que no tiene miedo de ser detenida por la policía.

“Solamente que me digan: ‘Sabes qué, te voy a matar’. Así tengo miedo”, relata.

Para Rosalba no hay marcha atrás y solo le queda encomendarse a su fe. Y quizás al gobierno de Obama, en el que ya ha dejado de creer.

“Pedimos a Dios clemencia, pero también le pedimos al gobierno que haga algo”, dice entre lágrimas que ya no son de rabia, sino impotencia.