Una víctima más de la confiscación de autos

Pagar los 1,400 dólares que le cobraba el corralón por retener durante 30 días la camioneta que le confiscó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) habría sido lo mejor para Guadalupe Soto, quien ahora debe más del doble y, por si fuera poco, perdió el auto que estaba pagando desde 2007.

Antes de recuperarlo la institución crediticia cubrió la cuota de la compañía de grúas y tomó posesión del vehículo. Soto, quien tenía la camioneta porque el cliente original no podía con la deuda, intentó llegar a un arreglo con la financiera, pero ésta le exigió desembolsar por completo el resto del préstamo y otros gastos, una cifra que superaba los 11,000 dólares. Soto denuncia que no hubo motivo para que el prestamista, Wells Fargo Dealer Services, incautara el vehículo, afirmando que, aún cuando permanecía en el corralón, no dejó de enviar la mensualidad. “Agarraron la camioneta, todos los pagos que habíamos dado se perdieron, la volvieron a vender y ahora quieren que les paguemos otros 4,000 dólares. ¿A cómo nos va a salir el carro?”, expresó.

“La financiera nos hubiera dicho: ¿qué vas a hacer? ¿vas a recogerlo o yo lo hago y te pongo eso [la cuota del corralón] en los pagos? No hubo comunicación”, comenta quien ha vivido en Boyle Heights desde hace más de 40 años. “Hicieron mucho negocio ahí”, añadió.

Wells Fargo Dealer Services explicó que, en cumplimiento con sus políticas de privacidad y la ley de California, no podía siquiera exponer la razón del decomiso de la camioneta, que terminó en el corralón porque el hijo de Soto la manejó sin licencia. La institución afirma que cumplió con “cada derecho” establecido en el contrato de compra antes y después de la incautación del automóvil.

“Incluso nos comunicamos con la tercera parte [la señora Soto] sobre el proceso, pagos y plazos de la liberación” del coche, indicó Caren Roberson, representante local de Wells Fargo Dealer Services.

En los últimos meses grupos que defienden los derechos de los inmigrantes han detectado al menos tres casos en el Sur de California donde las instituciones financieras recuperaron coches incautados por las agencias del orden y exigieron a sus clientes pagar el resto de la deuda para entregárselos.

“Los han sacado [de los corralones] y los han vuelto a vender aunque estaban a punto de ser pagados”, manifestó Alma Morales, dirigente de la organización LA Voice. “Aunque les quisieron pagar la cuota del corralón no se los entregaron”, dijo.

Eric Rose, presidente de la Asociación de Corralones Oficiales de Los Ángeles (OPG), que agrupa a las compañías de grúas que remolcan y retienen los vehículos incautados por el LAPD y el Departamento de Transporte de la ciudad (LADOT), aclaró que por ley deben notificar a las financieras, dueñas legales del automóvil, cuando éstos están en su poder. “No es una política de OPG, es la ley estatal”, recalcó.

Otras instituciones de crédito consultadas por La Opinión sobre este tipo de casos, como Bank of America y Chase Bank, no quisieron comentar al respecto.