Planean aumento a tarifa para recuperar autos decomisados
Comisión de Policía de Los Ángeles tiene la propuesta de incrementarla 2.41%
En los últimos meses, Paty Medina y su esposo han tenido que pagar unos 4,000 dólares por multas y tarifas de recuperación de dos autos que les confiscó el gobierno de Los Ángeles.”Están más ‘hambrientos’, solo ven de dónde sacan dinero de la gente”, reclama Medina, residente del sur de esta ciudad.
Hace poco la Policía de Los Ángeles incautó por un mes el coche de su esposo y, unos días después, el Departamento de Transporte le decomisó a ella otro automóvil que, por una confusión, no tenía la calcomanía de registro vehicular. Aunque el vehículo pudo ser recuperado antes de los diez días que estuvo en un corralón, la familia Medina asegura que en tres ocasiones intentó sin éxito aclarar el asunto.
Al final tuvieron que desembolsar más de 800 dólares por remolque y almacenamiento. “Es una decepción tan grande porque ellos no saben cómo nos ganamos el dinero”, lamentó la señora Paty.
En 2010, los departamentos de Policía de Los Ángeles (LAPD) y de Transporte (LADOT) decomisaron casi 140,000 coches, la cifra más baja de los últimos nueve años; sin embargo, un sistemático aumento de cuotas les permitió duplicar este ingreso a 20.5 millones de dólares entre 2005 y 2010.
Ahora, la Comisión de Policía de Los Ángeles tiene en sus manos la propuesta de elevar un 2.41% la tarifa de recuperación de autos, que es de unos 1,500 dólares. El asunto se discutirá el próximo lunes 21 de noviembre, solo días después de que un reporte de la Liga Nacional de Abogados (NLG) revelara que los agentes de LAPD se basan en prejuicios raciales para detener a conductores sin licencia y confiscar sus vehículos durante un mes.
Si los comisionados aprueban el aumento, a partir del 1 de enero de 2012 se pagarían 113 dólares por cada hora o fracción de tiempo que tome remolcar un coche (en el año 2000 costaba $86) y otros 35 dólares por el almacenamiento diario, casi el doble de lo que se pagaba hace 11 años.
Grupos que defienden los derechos de los indocumentados reprochan que el Ayuntamiento está interesado en seguir engrosando sus arcas con los escasos ingresos de los conductores sin licencia. “La ciudad obtiene de 10 a 20 millones de dólares al año por incautación de coches; obviamente necesitan ese dinero”, señaló Martín Terrones, de la Coalición de Inmigración del Sur de California (SCIC).
A finales de 2006, los comisionados de la Policía aceptaron que el incremento a las tarifas por traslado y estancia de los vehículos confiscados se base en el índice de precios al consumidor en los condados de Los Ángeles, Orange y Riverside. Sin embargo, la elevada tasa de desempleo en esta ciudad, una de las más altas del país, parece contradecir la justificación de tal propuesta.
Algunas ciudades no han dejado de aplicar mano dura a los conductores sin licencia. Esta semana, un retén del Departamento de Policía de Culver City concluyó con el decomiso de 115 vehículos.
Una parte del reporte elaborado por la Liga Nacional de Abogados expone las dificultades que enfrentan las familias hispanas derivadas de los decomisos. Cita, por ejemplo, los casos de personas que han sido obligadas a pasar varias horas fuera de casa viajando en autobús o que han perdido sus empleos por no tener un medio de transporte.
Distintas ciudades de California, como San Francisco, Oakland, San José, Santa Rosa, Sonoma y Berkeley, han modificado su política de confiscación, permitiendo que una persona con una licencia válida pueda recoger el auto para evitar que sea trasladado a un corralón o que sea estacionado en un lugar seguro firmando un documento que libera legalmente al municipio si le ocurre algo.
La ciudad de Los Ángeles, que ha dicho que evalúa su protocolo de decomisos, contrata a empresas privadas de grúas para remolcar y retener los coches confiscados y, a cambio, recibe millones de dólares por cuotas de franquicia cada año. En 2010, obtuvo casi 4.5 millones de dólares en honorarios. Además recauda un impuesto del 10% por la estancia de los coches, algo que le generó un ingreso que superó los 4 millones el año pasado.
“No es justo tanto robo”, expresó Medina, quien comentó que los dos decomisos afectaron severamente la economía de su familia. “Hay tanto abuso porque la gente se queda callada”.
