Gobierno federal inicia demanda contra ley de inmigración de Utah

DENVER (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy una demanda contra Utah para impedir que ese estado implemente una ley de inmigración aprobada este año por la legislatura local.

La ley HB497 de Utah buscó diferenciarse de la ley SB1070 de Arizona, en la que se basa, precisamente para evitar una demanda federal.

“Firmemente creemos que hicimos cambios importantes en nuestra ley comparada con la de Arizona”, indicó en rueda de prensa el fiscal general de Utah, Mark Shurtleffk, quien aseguró que su oficina trabajó con representantes del Departamento de Justicia para que la demanda federal no fuese necesaria.

Pero ahora que la demanda se presentó ante la corte federal de Salt Lake City, Shurtleff afirmó que “creemos que la manera en que nuestra ley está redactada, con nuestros cambios, la podemos defender”.

“Creemos que vamos a prevalecer y que se la declarará constitucional”, agregó.

La demanda, anunciada por el secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, se enfoca en tres secciones de la ley HB497- la que requiere que la policía local verifique el estatus migratorio de ciertos detenidos, la que permite el arresto sin órdenes de arresto de sospechosos de estar en el país ilegalmente, y la que transforma en delito el alojar a indocumentados.

En un comunicado de prensa, Holder sostuvo que le compete sólo al Gobierno federal y no a los gobiernos estatales aprobar e implementar leyes sobre inmigración.

“Aunque apreciamos la cooperación de los estados, algo que sigue siendo importante, es claramente inconstitucional para un estado determinar sus propias normas inmigratoria”, dijo Holder.

Por su parte, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, expresó que leyes como las de Utah “socavan la vital confianza entre las fuerzas del orden locales y las comunidades a las que esas fuerzas sirven”.

Pero para Shurtleff, la demanda judicial es sólo “una disputa que puede ser resuelta” y consiste en “preocupaciones de la administración federal” a las que se puede responder.

El alto funcionario puntualizó que la decisión federal busca impedir la implementación de la HB497, pero en realidad “no es un desafío, no por lo menos por ahora” a esa ley.

Esta es la segunda demanda en contra de HB497, ya que anteriormente la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por las siglas en inglés) y el Centro Nacional de Leyes Inmigratorias (NILC) ya habían presentado una demanda en conjunto.

Mientras esa demanda no se resuelva, la ley no podría entrar en vigor, por lo que Shurtleff dijo que pedirá que se combinen ambas y que se postergue la audiencia judicial prevista para el próximo 2 de diciembre.

La nueva demanda no incluye a la ley que crea un programa de trabajadores huéspedes ni a la legislación que permite patrocinar a trabajadores inmigrantes.