‘Indignados’ luchan por su permanencia

Cuando se daba por hecho que la estancia de los “indignados” en la alcaldía de Los Ángeles estaba por concluir con el uso de la fuerza pública y de manera violenta, sus abogados sacaron un as bajo la manga: pidieron a un tribunal federal una orden para detener la evacuación, una estrategia que aparentemente ganó tiempo a su favor.

Y es que desalojar a los simpatizantes de Occupy LA -que por casi dos meses han permanecido en los jardines del Ayuntamiento exigiendo justicia económica- sin esperar el veredicto de un juez se veía como una contradicción al compromiso del alcalde Antonio Villaraigosa de agotar todas las vías pacíficas antes de proceder con los arrestos.

Esto mitigó anoche parte de la tensión que se respiraba en una asamblea que las autoridades locales consideran ilegal desde el primer segundo de ayer. La oficina del alcalde, sin embargo, no quiso otorgar el beneficio de la duda a los antiWall Street, indicando que aún no había revisado la solicitada orden de restricción y dejó la moneda de salida en el aire.

Anoche la pregunta más formulada en el campamento era si los antimotines del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) regresarían por la madrugada al Centro Cívico para ordenarles con sus altavoces que abandonaran el lugar sin oponer resistencia. Hasta el cierre de esta edición eso no había ocurrido.

La Liga Nacional de Abogados (NLG) confiaba en que el gobierno de la ciudad esperaría el fallo del tribunal, que podría emitirse hoy o mañana, antes de continuar el proceso de evacuación, justificado por las condiciones del parque y la seguridad de los manifestantes.

“Nuestra expectativa es que durante ese tiempo la policía no actúe por su cuenta, sin que la corte resuelva el asunto”, dijo James Lafferty, director general del grupo.

La liga argumenta que el municipio viola derechos de los indignados enmarcados en la Primera y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución, al ordenar su salida luego de concederles una permanencia ilimitada apenas a su arribo al Ayuntamiento y respaldar sus peticiones por medio de una resolución. Y reclama que sí está permitiendo a otras personas acampar afuera de un cine o centro comercial.

“El alcalde no tiene la autoridad de dar la orden de desalojo unilateralmente”, indicó Lafferty. “El territorio del Ayuntamiento, de acuerdo con la Corte Superior de Estados Unidos, es uno de los lugares más seguros para ejercer el derecho de reunión y de protestar”, añadió.

Pero los simpatizantes de Occupy LA tienen una decisión previa en su contra. En Nueva York, luego que un campamento fue desalojado por la policía, un juez determinó que podían regresar a la plaza donde permanecieron por varios días, pero sin sus casas de campaña.

Y la Procuraduría municipal está dispuesta a dar pelea en los tribunales. Ayer preparaba tres declaraciones en oposición a la orden de restricción: la ordenanza que impide pernoctar en parques públicos, un reporte sobre las pésimas condiciones en que se encuentran los jardines de la alcaldía y un documento que alega que los manitestantes fallaron en notificar su intención de pedir una orden judicial.

Tres horas después del arresto de cuatro personas que se opusieron a desalojar la intersección de las calles Primera y Main, previamente ocupada por unos mil manifestantes, el jefe del LAPD, Charles Beck, aclaró que la evacuación se haría cuando considere que es el “tiempo correcto, cuando es más seguro para mis agentes y para la gente en el parque”.

“Queremos hacer esto de la mejor manera”, comentó el jefe policiaco, quien, asimismo, reclamó que el mayor despliegue de agentes la madrugada del lunes para controlar a las personas que bloquearon una intersección de Civic Center dejó indefensos a algunos barrios de la ciudad.

“El costo real fue que los vecindarios no fueron patrullados porque los agentes estaban aquí”, señaló.

El alcalde Villaraigosa, por su parte, aclaró que aún espera que la evacuación se condujera de manera pacífica; sin embargo, no precisó cuándo se vencía el plazo de los “indignados” para permanecer en la alcaldía.

Cabe señalar que la negociación entre ambos bandos no ha concluido, a pesar de que la oferta de llevar a los desamparados a refugios y proveerles un local cerca del Ayuntamiento fue rechazada por la Asamblea General del movimiento la semana pasada.

“Villaraigosa traidor.¿Cuánto te pagaron los bancos?”, se leía en un cartel colocado a unos pasos de la oficina del alcalde de Los Ángeles.

Según dirigentes de Occupy LA, alrededor del 35% de los manifestantes ha abandonado el lugar (el LAPD calcula que se fueron unas 150 carpas), aunque creen que pronto podrían regresar.

“Si renunciamos enviaremos un mensaje equivocado”, exclamó Ryan Castillo, un joven de Atwater Village.