Marcado el PRI por deuda en Coahuila

SALTILLO, MÉXICO.- “Lo más molesto es que usen la palabra Gente”. Ricardo Aldama, taxista de esta capital del estado de Coahuila observa un destartalado local de las Farmacias de la Gente subsidiadas por el estado hasta el triunfo electoral de Rubén Moreira, quien sucedió como gobernador a su hermano Humberto (2005-2011).

La precariedad de la infraestructura y la escasez de medicamentos muestran la debacle de los programas de ayuda social que implementó el hoy presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) previo a las elecciones de julio pasado, cuando apuntaló a su pariente.

Para agosto las dádivas se fueron al piso en tanto crecieron los escándalos por el incremento del 1,000% de la deuda pública- más del doble de su capacidad de pago-, por la corrupción, los enriquecimientos ilícitos y abusos de poder.

Una denuncia de la Secretaria de Hacienda dio a conocer que Humberto Moreira elevó la deuda de Coahuila de 24 millones de dólares al inicio de su administración a 2,461 millones de dólares al final de su sexenio.

Para lograr estos créditos con la banca privada, el exsecretario de Hacienda del estado, Javier Villarreal -hombre de confianza de el ex gobernador- aparentemente utilizó documentos falsos.

Las autoridades fiscales federales lo acusan de fraude por simulación de actos jurídicos y hasta lo llevó preso durante unas horas, pero legisladores del opositor local Partido Acción Nacional (PAN) solicitan que la averiguación alcance a Moreira.

“No vamos a aceptar chivos expiatorios”, dice el diputado Rodrigo Rivas.

Los panistas demandaron penalmente a Villarreal porque dicen que mientras el Gobierno de Coahuila se endeudaba, el funcionario adquirió, junto con su familia, 10 casas y negocios en Brownsville, Texas.

Acusaciones similares involucran a Vicente Chaires, ex oordinador del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien fundó en 2009 la empresa de televisión y radio Supermedios de Coahuila y adquirió las empresas inmobiliarias Procom Marketing, Vicap Global Investments y Transnational Construction & Real State Co, en San Antonio Texas. “Deben explicar la procedencia legal de esos recursos”, solicita Rivas.

Humberto Moreira ha dicho que las acusaciones son sólo una escaramuza política para golpear a su partido que bajo su liderazgo triunfó el Estado de México, Nayarit, Coahuila, Hidalgo y Michoacán y se perfila como favorito para las elecciones de 2012.

“No voy a dejar el cargo”, sostiene.

Del otro lado de la refriega político-judicial, los coahuilenses tienen la percepción de ser víctimas de un doble fraude: por la deuda que deberán pagar los siguientes 20 años y la cancelación de los programas sociales subsidiados con dinero prestado.

“Los Moreira nos usaron para que votarámos por ellos”, dijo el taxista Aldama.

Él y su mujer caminaron ocho calles desde su casa en la colonia Guayulera, en Saltillo, para buscar una suspensión para la diarrea de su hijo Alan, pero no la encontraron en la Mega Farmacia de la Gente.

Tampoco había antiestamínicos, ni analgésicos, ni siquiera gasas, alcohol o agua oxigenada. Sólo un empleado malhumorado porque no le han pagado.

Cien de las 250 inauguradas con subsidio estatal ya no operan y se prevé que a finales de año queden sólo 18.

En momentos previos a las elecciones, el gobierno informó que surtían 7.2 millones de recetas con 150 productos que tenían un costo de alrededor de 80 centavos de dólar cada uno.

En otros programas, la nueva gubernatura de Rubén Moreira fue más drástica y los clausuró en agosto porque “ya habían cumplido el objetivo de reducir la pobreza”.

Eliminó los Comedores de la Gente Mayor, que alimentaba a 1,500 ancianos, así como la Tarjeta de la Gente, que daba 20 dólares a más de 200,000 hogares pobres a través de un monedero electrónico. Canceló además el Seguro Escolar que cubría sin costo la atención médica y hospitalaria de alumnos y maestros y quitó los recursos de los programas para Uniformes Escolares de la Gente y los Zapatos de la Gente.

“Es obvio que hubo manipulación para inducir al voto”, señala Sandra Velasco, activista del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi con sede en Torreón.

Días antes de las elecciones, los priistas entregaron la tarjeta “Más Mejor” que prometía abonar alrededor de 420 dólares si Rubén Moreira se hacía del triunfo.

El diario regional Vanguardia documentó en Monclova, al norte del estado, una camioneta que con sonido en el toldo atrajo la atención de los lugareños, entre quienes repartió cientos de plasticos Más Mejor.

“A cambio pedían una copia de mi credencial, los datos personales y la promesa de voto a favor del PRI”, recuerda Velasco. “Pero después de que ganó no se depositó nada”

La sorpresa después de julio fue, más bien, negativa: el Congreso estatal de mayoría priista determinó usar el 100% del Impuesto Sobre Nómina (ISN), la principal recaudación del estado, para pago de la deuda y subirá del 1% al 3% esta recaudación.

Hacienda reveló además que el gobierno de Coahuila cubrirá parte de los créditos con el 25% de los dineros que reciba de la recaudación federal.

Irma Eréndira Sandoval, directora del Laboratorio Nacional para la Transparencia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que los abusos de los gobiernos estatales están directamente relacionados con la falta de rendición de cuentas.

“No hay independencia de poderes”, señala.

Para la analista, la democracia no ha llegado con la misma fuerza federal a la provincia: los congresos, las contralorías internas siguen bajo control de los gobernadores.

“Tampoco hay una ley federal ni local que castigue los conflictos de intereses como los que vemos en Coahuila. Esa es la gran deuda de la democracia en este país”.