Contra el lavado de dinero
Hasta ahora, la lucha contra el narcotráfico en México no ha rendido los resultados deseados, entre otros factores, porque prácticamente no se ha hecho nada para cortar el flujo monetario que les permite a los capos comprar no sólo todo lo que necesitan para financiar sus operaciones y ampliar su imperio económico sino para comprar conciencias.
El mismo presidente Calderón ha reconocido que su gobierno ha fracasado en este terreno. “La verdad es que las estructuras existentes para detectar el lavado de dinero simplemente están rebasadas por la realidad”, dijo en una reunión con víctimas del crimen organizado.
Un reciente reportaje del diario Los Angeles Times revela que las autoridades estiman que el lavado de dinero en México podría ascender a 50 mil millones de dólares, suma que equivale al 3% de la economía legítima del vecino país. Y agrega que entre 2009 y 2010 sólo 37 personas fueron arrestadas por este delito.
Parte del problema radica en que, hasta ahora, no existen en México leyes diseñadas para atacar este delito. Cualquier persona o empresa puede realizar transacciones en efectivo por miles de dólares sin que tengan que rendir cuentas. Es así como los capos pueden blanquear el dinero obtenido del narcotráfico no sólo mediante la adquisición de autos y mansiones sino también de ranchos, hoteles, restaurantes, tiendas y todo tipo de empresas legítimas. De esta forma, por más militares que se envíen a las calles a combatirlos y por más arrestos e incautaciones que se hagan de droga, es poco el daño económico que se les causa.
Este fenómeno se ha denunciado en numerosos foros tanto por expertos en el tema del narcotráfico como por activistas, intelectuales y periodistas, sin que nada cambie. Finalmente, después de cinco años de recibir críticas cada vez más punzantes por el fracaso de su estrategia contra el narco, Calderón ha empezado a dar pasos concretos para atacar a los narcos en el flanco financiero.
El año pasado envió al Congreso una ley contra el lavado de dinero y anunció restricciones en las transacciones que se hacen con dólares en efectivo. Basados en la propuesta del presidente, los legisladores mexicanos estudian varias medidas para que las empresas y los individuos reporten sus operaciones en efectivo, para que los fiscales puedan tener acceso a estos reportes financieros y para que las autoridades puedan confiscar propiedades si se comprueban que se adquirieron con dinero ilícito.
Se ha empezado a avanzar también en la cooperación entre funcionarios de México y Estados Unidos para compartir información y técnicas para detectar el lavado de dinero.
La tarea es, sin duda, sumamente compleja y plena de obstáculos. Habrá que enfrentar la falta de personal entrenado en estas lides, la escasa coordinación entre las agencias gubernamentales, tanto en México como en Estados y, sobre todo, la cultura tan arraigada de la corrupción en todos los niveles.
Sin embargo, no hay opción. Si el gobierno mexicano de verdad desea coartar el poder de los carteles, forzosamente tiene que cortarles el flujo monetario. De lo contrario, su lucha está destinada al fracaso.
