Profesionistas son reclutados por la fuerza

Segunta parte de una serie de tres

TORREÓN, México.- “No me mire ‘directly’, señora”. Aquel hombre bajito, moreno y armado con carrilleras y granadas a la cintura apuntó la metralleta a la frente de Ixchel Pérez que ya estaba inmovilizada por el arma de otro delincuente clavada en la sien.

“¿Qué quieren?”, sollozó la mujer sorprendida en la madrugada por un portazo que dio el grupo de nueve hombres que entraron en su casa para robarse una computadora, una cámara de video, otra de fotografías y a su marido, Armando Tapia, de 46 años.

No tocaron joyas, dinero, ni camionetas.

Aquel 9 de julio de 2010, los delincuentes fueron solo por “el ingeniero”, que se sumó así al creciente número de profesionales y trabajadores de oficios secuestrados en Coahuila y sus alrededores.

El gobierno mexicano ha documentado que las organizaciones criminales necesitan mano de obra para realizar sus actividades delictivas y se hacen de ella por la fuerza.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rescató el pasado 16 de octubre a 61 personas en Piedras Negras, al norte del estado, que eran obligadas a trabajar con la delincuencia organizada, según informó en un escueto boletín de prensa en el que no aclaró el perfil laboral de los liberados.

Entre los oficios más perseguidos por el crimen se encuentran albañiles, arquitectos e ingenieros civiles, según reportes de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), presumiblemente para la construcción de túneles por donde se transporta droga en la frontera entre México y Estados Unidos.

La Oficina Federal contra el Narcotráfico (DEA) reveló en un informe reciente que desde 1999 a la fecha han sido descubiertos 155 subterráneos clandestinos entre México y Estados Unidos; 31 de ellos en 2011. Todos construidos por ingenieros y arquitectos profesionales al servicio del cártel de Sinaloa y el Golfo, principalmente.

Militares mexicanos han reportado que los pasadizos cuentan con iluminaciones, rieles y complejos sistemas de ventilación.

“¿De dónde sacan a las personas que diseñan esos túneles?”, se preguntó Ixchel, quien cree que su esposo Armando es una víctima de trabajo forzado. “Es un ingeniero brillante y nunca pidieron rescate por él”.

Tapia fue becado en el Instituto Tecnológico regional y aún siendo estudiante erigió uno de los primeros puentes en la Comarca Lagunera, región que abarca cinco municipios coahuilenses y 10 de Durango.

En la misma zona cimentó cuatro complejos de casas de interés social antes de participar en proyectos de plantas tratadoras de agua en Michoacán. En 2009 había regresado a Torreón como gerente de la constructora Darsa, donde permaneció hasta su desaparición.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detalló en un informe sobre secuestros en 2010 que los delincuentes de la región noreste del país someten a sus víctimas a trabajo forzado a través de intimidaciones tales como golpear hasta la muerte a grupos de migrantes que se negaban a colaborar con ellos.

El sacerdote Pedro Pantoja, de la diócesis de Saltillo, dijo a La Opinión que una mujer le reveló que vio a su hijo desaparecido arriba de una camioneta. Iba flanqueado por hombres armados y cuando ella intentó llamarlo el muchacho se llevó el dedo índice a la boca en señal de silencio.

Con tales antecedentes, Óscar Flores no tiene dudas de que su hijo está esclavizado por el crimen. Jesús Daniel Flores fue capturado tras una persecución de película por las estrechas calles de Torreón. Seis hombres persiguieron la motocicleta en la que huía a toda velocidad, pero no hubo disparos: lo atraparon hasta que chocó contra un bote de basura.

“Mi hijo puede ser muy útil para ellos: es un chofer excelente. Jugaba carreras en el autódromo, manejaba camiones pesados y motocicletas. Además hablaba perfectamente inglés porque vivimos muchos años en Atlanta, donde estudió hasta High School”, dijo. “Los narcotraficantes necesitan una flota de choferes que lleven los cargamentos y si son bilingües, mejor”.

Un informe de EEUU entregado al Senado mexicano reportó en febrero pasado que México tiene 27 rutas para el trasiego terrestre de droga proveniente de Colombia, Brasil y Venezuela. Por Coahuila cruza hasta Texas desde el puerto de Veracruz y Tamaulipas.

El narcotráfico es un negocio trasnacional, por lo que los cárteles mexicanos con ingresos anuales de alrededor de 29,000 millones de dólares necesitan una flota de trabajadores de diversas especialidades como cualquier gran empresa.

El Estudio Binacional de Bienes Ilícitos 2010 -avalado por México y EEUU- informó que aproximadamente la mitad de las ganancias del narco mexicano se lava en el sistema financiero nacional, para lo cual se necesitan abogados, contadores, actuarios, administradores, economistas.

Yolanda Morán, madre de Dan Jeremel Fernández, un contador de 34 años, sostiene esta versión. El muchacho desapareció en su coche y este sirvió después para secuestrar al empresario regiomontano Rodolfo Alanís por quien pidieron alrededor de 500,000 dólares antes de calcinarlo.

“A mi hijo lo necesitaban vivo porque no se ha encontrado el cadáver y no pidieron dinero para liberarlo como sí ocurrió con el hombre de negocios”, dedujo.

El auto robado se encontraba en manos de los militares Ubaldo Gómez Fuentes y Carlos Osvaldo Navarro, quienes fueron sentenciados por el plagio; sin embargo, ya no dieron pistas del paradero de Dan Jeremel porque antes del interrogatorio fueron asesinados a golpes por sujetos desconocidos en el penal de Torreón, apenas cuatro horas después de su llegada.

“El miedo generalizado y el vacío de poder en algunos estados del norte del país propicia que el capital humano que requiere el narcotráfico sea reclutado por la fuerza y no voluntariamente como ocurre en otras partes ante la falta de oportunidades”, describió Pedro Peñaloza, criminólogo y analista social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El hecho es que el crimen organizado requiere de una mano de obra especializada y no siempre la encuentra con facilidad: las ingenierías en sistemas de cómputo y todas las carreras relacionadas a las comunicaciones son ejemplos”.

En 2009 once ingenieros en Telecomunicaciones -de entre 30 y 45 años- que brindaban mantenimiento a antenas de la compañía Nextel desaparecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin que hasta la fecha hayan sido localizados.

Ese mismo año, Hugo Marcelino González, un asesor de servicios de Internet de la compañía Teléfonos de México en Torreón, desapareció cuando salió con unas amigas que había conocido en un bar.

Los primeros casos de trabajadores “levantados” -como se les conoce popularmente a los secuestros sin fines de lucro- se registraron en 2008 cuando un comando armado se llevó a 27 campesinos oaxaqueños que trabajaban en el campo La Guajira, en el municipio de Navolato, Sinaloa. De ahí siguieron otros casos en Tamaulipas y Coahuila.

Actualmente no existe un registro nacional de desaparecidos por ocupaciones; sin embargo, el recuento general de “levantones” desde 2006 a mediados de 2011 fue de 5,000, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).