Preocupa a legisladores suicidios de estudiantes indocumentados

Piden no perder la esperanza, a pesar de que el DREAM Act no avanza en el Congreso

WASHINGTON, D.C.- La imagen del joven Joaquín Luna está creciendo con fuerza. Luego de su trágico suicidio; su nombre ha circulado en conferencias de prensa, declaraciones sobre temas migratorios y actividades públicas. Ayer, su rostro incluso llegó al pleno del Senado, donde el legislador Richard Durbin (D-IL) llamó a sus colegas a reconsiderar sus posiciones sobre DREAM Act.

De a poco la figura de este joven de 18 años, quien se quitó la vida luego del Día de Acción de Gracias, en Texas, ha acaparado la atención. Se ha convertido en un símbolo, cuando está a punto de cumplirse un año desde que el proyecto de ley DREAM Act fue derrotado en el Senado.

Tras las cartas en que Luna describe su frustración por su carácter de indocumentado, junto a la imposibilidad de ir a la universidad y el miedo asociado a su estatus, diversos grupos han relacionado su muerte a este hecho.

Y es que el caso sorprendió a muchos, no sólo por el cruento suicidio con un disparo en la cabeza, sino porque este joven se destacaba por sus aptitudes e incluso ya había sido aceptado en varias universidades con beca completa. Oportunidad que no pudo tomar por su estatus migratorio.

“Su mundo se cerró. Pensó que nunca sería capaz de tener éxito. Su muerte todavía se está investigando, pero quiero hacer un tributo hoy a su corta vida”, dijo Durbin en el Senado.

“Decenas de miles de jóvenes están enfrentando el mismo futuro incierto. Les pido por favor que no pierdan la esperanza. Encontraremos un camino. La historia de Joaquín inspirará a otros a hablar. Les pido a mis colegas que reconsideren su posición sobre DREAM Act en honor a su memoria”, agregó.

No obstante, Washington no se caracteriza por su empatía y probablemente si este proyecto de ley fuera sometido a votación en el Senado hoy en día, tendría la misma suerte que hace un año atrás donde sólo se lograron 55 votos de los 60 necesarios para aprobarlo. Entre ellos 52 demócratas y 3 republicanos.

Sin mayores esperanzas en el ámbito legislativo, líderes del movimiento como Gaby Pacheco de United We Dream, ven con mayor preocupación el tema de los suicidios entre jóvenes indocumentados.

Luna no es el primero. Tan sólo el año pasado, Gustavo Rezende (19) tuvo el mismo destino, luego de colgarse de un árbol, cerca de su casa en Marlborough, Massachussets, a tan sólo unas pocas semanas de su cumpleaños.

Su problema era el mismo, indocumentado oriundo de Brasil, llegando a un punto en su vida en que las opciones comenzaron a limitarse más, debido a su estatus migratorio.

“La desesperación de ver que todos los años hablan del DREAM Act, y todos los años nuestras esperanzas mueren, lleva a que las personas como Joaquín pierdan el deseo de vivir. Creo que su figura recalca una dura pero muy cruda realidad. Esto no se habla, pero son muchos los “sonadores” que tratan de quitarse la vida”, explicó Pacheco.

“El dolor de no poder alcanzar sus sueños es muy grande y difícil de superar”, dijo.

Estadísticas gubernamentales indican que en 2007 el suicidio fue la principal causa de muerte en personas de entre 15 y 24 años. Trece jóvenes por cada 100 mil habitantes en el rango de 10 y 24 años en Estados Unidos. Dentro de las causas de mayor riesgo en este contexto está la depresión.

Luego de 10 años de espera el proyecto de ley DREAM Act fue presentado nuevamente en este Congreso por Durbin. A diferencia de ciclos anteriores, ningún legislador republicano lo apoya. Senadores como Michael Bennet (D-CO) parecen estar buscando caminos alternativos, aunque con menos beneficios.

La próxima semana el legislador presentará un proyecto de ley basado en crear una nueva categoría de visas para dar acceso a la residencia a personas que tengan títulos de postgrado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática de universidades estadounidenses. La propuesta incluye que estudiantes que hubieran calificado para DREAM Act puedan aplicar a visas de estudiante temporales.

En tanto, por el lado de la Administración, los nuevos criterios de discreción procesal debieran estar filtrando a los jóvenes. El pasado 5 de diciembre comenzaron los dos programas pilotos que iniciaron la revisión de 300 mil casos de deportaciones pendientes.

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