‘Ocupemos’ reclaman por libre expresión

La mayoría de los campamentos del movimiento Ocupemos en Estados Unidos han sido desbaratados, pero los manifestantes han entablado una serie de demandas en las que acusaron a las autoridades de violar sus derechos de libertad de expresión y de reunión, además de hacer uso ilegal de la fuerza.

Los abogados de los manifestantes presentaron sus querellas en tribunales estatales y federales en todo Estados Unidos. En ellas impugnan las órdenes de desalojo, lo que califican como tácticas de abuso policial y la prohibición de manifestarse en sitios públicos.

Algunos dicen que en algunos lugares se ha tipificado como delito el derecho fundamental a protestar, con lo que los manifestantes corren el riesgo de ser detenidos y enfrentar cargos.

“Cuando pienso en las tiendas de campaña como una expresión aquí de la Primera Enmienda, lo comparo con la Plaza Tahrir en Egipto”, dijo Carol Sobel, copresidenta del Comité de Defensa de Masas del Gremio Nacional de Abogados. La Primera Enmienda en la Cosntitución de Estados Unidos garantiza libertad de expresión.

“Nuestro gobierno se indigna cuando fuerzas militares y esos gobiernos castigan a los manifestantes; pero no extiende los mismos derechos en este país”, señaló. “Ellos elogian aquello como una lucha por la democracia, los valores que nosotros atesoramos. Ocurre aquí y esta gente es una chusma”, agregó.

Un puñado de manifestantes comenzó a acampar en septiembre en una plaza de Nueva York, exigiendo dar fin a los excesos de las corporaciones y a la desigualdad en el ingreso, y a estos se unieron pronto decenas más.

Brotaron campamentos similares en decenas de ciudades del país y en el mundo, pero se agotó la paciencia de las autoridades y muchos campamentos -incluido el insignia en el Parque Zuccotti de Nueva York, y en Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Los Angeles, Oakland, Filadelfia y Portland- fueron desmantelados a la fuerza.

La mayoría de los funcionarios que ordenaron los desalojos han argumentado que los campamentos les dieron motivos para temer por la salud y la seguridad públicas. Dijeron además que responder a los problemas en campamentos de “Ocupemos” estaba drenando recursos para combatir la criminalidad.

Las demandas de los manifestantes están ahora comenzando a abrirse paso a través del sistema jurídico, y los abogados señalaron que probablemente vienen más en camino.

Esta semana, en Austin, Texas, un juez federal ha estado escuchando el caso de dos manifestantes de “Ocupemos” que fueron arrestados y a quienes posteriormente se les prohibió el ingreso al edificio del Ayuntamiento bajo una política que sus abogados dicen equivale a prohibirles expresarse.

En Berkeley, Yvette Felarca está entre quienes están demandando a policías y funcionarios administrativos de la Universidad de California después de que agentes dispersaron a la fuerza a un grupo de activistas de “Ocupemos” y a otras personas que se manifestaban el mes pasado a favor de la educación pública.

Felarca, una maestra de educación media y organizadora de la organización defensora de derechos civiles By Any Means Necessary (Por todos los medios necesarios), la cual presentó la demanda, dijo que estaba cantando y gritando cuando un policía la golpeó en la garganta con su tolete. Agregó que también fue golpeada en las costillas, abdomen y espalda, y que miró cómo otros también eran golpeados.

“La brutalidad fue absolutamente diseñada para enfriar el discurso de estudiantes en el movimiento y para tratar literalmente de apalear y aterrorizar nuestro derecho a criticar, a pensar críticamente y a actuar sobre esa crítica”, subrayó Felarca.

Sobel, del Gremio Nacional de Abogados, dijo que también se planea una demanda en el caso del ataque con pimienta en aerosol contra manifestantes pacíficos en la Universidad de California, campus Davis, el cual fue grabado en video.

Donna Lieberman, directora ejecutiva del grupo Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo que las demandas son un mecanismo importante para limitar el poder de la Policía.