Indagan caso de jóvenes muertos

Estudiantes quieren que estos asesinatos no queden impunes

Cerca de un millar de estudiantes de diversos estados de México  exigen  esclarecer  esas muertes.

Cerca de un millar de estudiantes de diversos estados de México exigen esclarecer esas muertes. Crédito: EFE

MÉXICO, D. F. (EFE).— La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México dijo ayer que investigará la muerte de dos jóvenes de una escuela normal del estado de Guerrero, cuando la policía desalojó un bloqueo estudiantil en una autopista.

“Por primera vez en su historia, la CNDH ejercerá la atribución de investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos”, explicó la CNDH en un comunicado.

El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, citó al gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, para el próximo lunes 26 de diciembre para que comparezca ante esta comisión.

La CNDH indicó que ayer viernes un grupo de estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, solicitó a este organismo investigar los hechos para evitar que quede impune la muerte de los dos estudiantes, que se deslinden las responsabilidades de los funcionarios y se procese a los culpables.

Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera del Pino, estudiantes de esa escuela, fallecieron el pasado 12 de diciembre cuando la policía desalojó un bloqueo en la autopista que une a la capital mexicana con el balneario de Acapulco en el Pacífico.

Ese día los estudiantes se manifestaban para exigir a las autoridades destinar mayores recursos, mejores condiciones para su escuela y garantizar el trabajo a los jóvenes cuando concluyan sus estudios.

Para liberar la autopista, la policía estatal y federal se enfrentaron a los estudiantes lo que ocasionó un zafarrancho que dejó un saldo de dos muertos, tres heridos y 24 detenidos, así como un incendio en una gasolinera.

La CNDH indicó que presentará un informe preliminar el próximo mes de enero sobre los hechos del pasado 12 de diciembre.

Añadió que ese día un equipo de expertos entre los que se encuentran psicólogos, médicos y abogados proporcionaron atención a los jóvenes afectados.

Además, el organismo abrió una investigación en la que se recogieron testimonios, entrevistas y solicitudes de información a las autoridades involucradas en lo ocurrido que fueron calificados como “graves”.

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