Lucha distrital en Texas amenaza a grupos minoritarios

La lucha legal por la creación de nuevos distritos electorales en Texas obligó a retrasar las primarias presidenciales y congresionales en dicho estado de marzo a mayo del próximo año, pero según abogados de grupos latinos, podría resultar también en un revés para el progreso político de las minorías.

Los abogados del Grupo Legislativo México Americano y de MALDEF en Texas se preparan para presentar sus argumentos orales ante la Corte Suprema del país el próximo 9 de enero y alegan que el estado de Texas está empujando por una resolución que “obligaría a modificar años de precedente legal de la Sección 5 del Acta de Derechos del Voto”.

“Es adecuado decir, ahora que estamos en fiestas, que el Procurador de Texas está actuando como el Grinch, que quiere robar el Acta de Derechos del voto. Esencialmente quieren que la Corte apruebe el plan de distritos que ellos prepararon porque ya es muy tarde para hacer otro”.

El 9 de diciembre la Corte Suprema aceptó la petición del Procurador de Texas para detener la implementación de un plan interino de distritos que fue diseñado por un panel de apelaciones de San Antonio que falló en favor de los demandantes de los grupos latinos. Ese panel había fallado que el plan de distritos de Texas era inconstitucional y que mientras se resolvía la disputa, había que seguir adelante con un plan temporal para poder sostener las próximas elecciones para congresistas y la Legislatura de Texas.

“Estamos comprometidos a proteger la integridad de las elecciones de Texas asegurando que se conduce sobre mapas de distribución legítimos”, dijo el procurador Greg Abbot. “Los planes interinos no toman en cuenta las decisiones de la Legislatura estatal y hasta ahora ningún tribunal ha dicho que sus planes violaron ley alguna”.

José Garza, abogado principal del grupo de organizaciones de derechos civiles que lucha legalmente contra el gobierno de Texas en este caso, cuestiona que el plan de distritos aprobado por la Legislatura estatal de Texas tanto para los distritos estatales como para los federales no incluye ni un sólo distrito adicional de oportunidad electoral latina.

“Por primera vez desde los años de la guerra civil Texas tuvo un crecimiento de población de 5.1 millones de habitantes en esta década, según el último censo”, dijo Martínez Fischer. “65% de ese crecimiento era latino y Texas ganó así 4 nuevos distritos en el Congreso”.

La demanda legal llevó a la creación de un plan interino por un tribunal de apelaciones para que pudieran seguir adelante los planes para las elecciones del año que viene, pero el gobierno de Texas quiere que la Corte Suprema les permita seguir con el plan original. Según Garza, “esto significaría una modificación substancial de la Sección 5 del Acta de Derecho al Voto y un caso más amplio contra esa ley en general”.

El Departamento de Justicia también alega que el mapa aprobado por Texas no cumple con las leyes y la constitución, en particular el Acta de Derechos Civiles, que requiere no diluir el voto de las minorías.

La historia de violación de derechos civiles a los votantes en Texas es de tal magnitud, que es uno de los estados del país que antes de implementar un mapa de distritos nuevos, debe obtener la autorización del Departamento Federal de Justicia.

En vez de hacerlo, Texas demandó al gobierno federal alegando que su plan es legal. Al mismo tiempo, los grupos han demandado a Texas.

El estado alega que el plan diseñado por la Legislatura – y según reportes de prensa, en discusiones privadas entre congresistas, legisladores y el gobernador Rick Perry- no viola los derechos de los latinos o afroamericanos.

Numerosos estados del sur y algunos condados del norte de California con historia de discriminación electoral tienen que obtener autorización previa del gobierno federal o los tribunales bajo esta Sección 5 para implementar planes de distrito.

Si la Corte Suprema falla en favor de Texas, dijo Garza, esto podría sentar un precedente para acciones en otros estados o condados.

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