América Latina se enfrenta al pasado

El fantasma de un período de represión y gobiernos militares emergió este año en América Latina, con varios países que decidieron hacerle frente a momentos oscuros de su pasado y otros que prefirieron eludirlo.

El congreso uruguayo anuló en octubre la Ley de Caducidad que protegía a los militares acusados de abusos perpetrados bajo el régimen militar que gobernó de 1973 a 1985.

En ese mismo mes, el parlamento brasileño aprobó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar abusos cometidos durante la dictadura militar (1964-1985).

El Salvador caminó en sentido contrario. Las autoridades salvadoreñas rechazaron los pedidos de captura de un juez español en septiembre y han guardado silencio ante la solicitud de extradición emitida por el gobierno de la nación europea para los 15 oficiales que integraban la cúpula castrense cuando cinco sacerdotes españoles fueron ejecutados por un comando militar en 1989.

“En El Salvador los militares siguen teniendo cierto poder, juegan cartas políticas, presionan, inciden en los diferentes Organos (poderes) del Estado, eso es lo que pasa”, dijo a la AP el politólogo Antonio Martínez Uribe, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de El Salvador.

Agregó que “aquí la fuerza armada sigue jugando un importante papel político en la vida nacional, creen que nadie los puede tocar sin importar que internacionalmente se les señale en el caso jesuitas, además no se va a derogar la amnistía”, emitida en 1993 y que protegió a los involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992).

Cada país que adoptó ese tipo de ley como condición para restablecer la democracia ha lidiado a su manera con las demandas de la sociedad por superar la impunidad.

Así como Uruguay, también Argentina y Perú derogaron sus leyes de amnistía, mientras Chile la mantiene vigente pero la justicia encontró formas de eludirla para procesar a militares acusados de abusos.

En Argentina un tribunal condenó el 27 de octubre a cadena perpetua a 12 ex militares y policías por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales y más cruentos centros de detención de la última dictadura militar (1976-1983).

“Cada país lidia con su pasado como cree conveniente… hay países con distintos tiempos; nosotros no decimos que tenemos la fórmula infalible, pero lo cierto es que en Argentina la impunidad no puede ser la base de la construcción de la sociedad democrática”, dijo a la AP el Subsecretario de Derechos Humanos argentino, Luis Alen.

“En Uruguay es presumible que iniciaron el camino del juzgamiento; en Brasil la comisión creada implica un estadio previo, que es establecer en qué circunstancias desapareció la gente; en El Salvador no hay un proceso abierto, sí hay un reclamo de la justicia española”, explicó.

Para Alcira Ríos, querellante contra militares argentinos en juicios resonantes tras permaneces como detenida y posterior presa política, una de las características de Argentina es que “aquí se cometieron aberraciones”, como los robos de recién nacidos a detenidas que dieron a luz en centros clandestinos de detención por parte de militares y policías. “Eso hace que no haya ni olvido ni perdón y que la gente se movilice”, dijo.

El caso de Uruguay fue celebrado por activistas de derechos humanos, que vieron en la derogación de la ley de amnistía un paso en el sentido de acatar una determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Brasil, en cambio, pudo conformar su comisión de la verdad 26 años después de su transición democrática gracias al compromiso de no alterar la ley que cubre de impunidad a los acusados de violaciones a los derechos humanos, lo que generó críticas de activistas.

Chile es un ejemplo de un país que logró procesar y condenar militares acusados de abusos bajo el régimen del fallecido ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990), pese a tener una Ley de Amnistía vigente desde abril de 1978.

Jueces chilenos recurrieron a la figura de “secuestro calificado” para procesar a los abusadores, un delito que no pierde vigencia mientras no aparezca la persona desaparecida o sus restos.

Esta figura legal se ha podido aplicar a los 1,200 detenidos desaparecidos que dejó el régimen de Pinochet.

Cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior chileno indican que hasta 2010 había 804 militares procesados y unos 70 cumpliendo penas de cárcel.