Agricultores en Georgia reportan pérdidas tras ley
Falta de mano de obra costó $10 millones, según un reporte federal
La industria de frutas y vegetales experimentó las mayores pérdidas, según el estudio. Crédito: AP
WASHINGTON, D.C.- Un nuevo reporte presentado ayer por el Departamento de Agricultura de Georgia, indicó que la ley de inmigración H.B. 87, promulgada en mayo de 2011, ha implicado al menos 10 millones dólares en pérdidas para los granjeros del estado, debido a la falta de trabajadores.
El informe fue encomendado como parte del análisis sobre el impacto de la nueva ley, que ahora tiene suspendidas sus provisiones más polémicas, tras disputas en tribunales. La H.B. 87 permitía a la policía indagar sobre el estatus migratorio de las personas y penalizaba a quienes ayudaran a indocumentados.
La ley, sin embargo, obliga a las empresas con más de 10 empleados a utilizar E-Verify, un programa para chequear el estatus migratorio de los trabajadores en una base de datos en línea. Asimismo, aumenta las penas criminales para quienes utilicen documentos falsos para conseguir un empleo.
El nuevo reporte, fue elaborado entre septiembre y diciembre de 2011, cuando se envió una encuesta de 36 preguntas a 4,000 productores agrícolas. Con 800 respuestas, representando a 138 condados de Georgia, el documento concluyó que un 26% de los participantes perdieron ingresos debido a la falta de trabajadores. Éstas se tradujeron en más de 10 millones de dólares.
El informe indicó que la industria de frutas y vegetales experimentó las mayores pérdidas, especialmente los productores de arándano, col, melón, pepino, berenjena, pimiento, calabaza, tabaco y sandía.
“El estudio sugiere una tendencia de mayores daños para los agricultores dedicados a materias primas que requieren de trabajo intenso, debido a la ausencia de empleados disponibles. Se recomienda mayor investigación al respecto”, indicó el documento.
“Los resultados de este reporte continúan dejando claro que la solución para los problemas laborales que enfrentan los productores de Georgia, descansa en las manos del gobierno federal”, declaró el comisionado de agricultura del estado, Gary Black.
“Ésta es la industria número uno de Georgia, pero el gobierno todavía continúa fallando en proveer a nuestro granjeros con la mano de obra capacitada, necesaria para cosechar los cultivos de una manera legal y eficiente”, agregó.
El reporte insiste en la urgencia para reformar programas de trabajadores temporales, argumentando que son poco confiables y burocráticos.
Asimismo, enfatizó la ausencia de buena educación en la industria agrícola, respecto a programas como H-2A. Un 40% de los participantes en la encuesta dijo que esta opción no era útil para sus necesidades. Sólo un 3.4% de los granjeros, incluidos en el reporte, utiliza el programa.
Las cifras del Departamento de Agricultura, están muy por debajo de las estimaciones de reportes previos, realizados por entidades como la Asociación de Cultivadores de Frutas y Vegetales de Georgia y el Centro para el Progreso Americano (CAP), que mostraban pérdidas por al menos 300 millones de dólares.
“El mensaje general que entregó el Departamento de Agricultura de Georgia, es consistente con lo que sabemos respecto a este tipo de leyes. Dañan las economías locales y ahora más que nunca, necesitan de inversión”, comentó Vanesa Cárdenas, analista de CAP.
“Las estimaciones del reporte son muy conservadoras. No están considerando otras pérdidas que el estado está sufriendo, en diversos sectores, a raíz de los problemas en la agricultura, además de los costos legales de defender este tipo de leyes en las cortes”, explicó.
Tan sólo en el caso de la ley de Arizona S.B. 1070, la oficina de la gobernadora Jan Brewer ha gastado hasta el momento, cerca de 2 millones de dólares en costos legales, de acuerdo a reportes de la prensa local. La iniciativa será analizada por la Corte Suprema este año.
