Polémica por plan de normas migratorias

Se espera que el sistema comience a operar antes de que culmine el año fiscal

Han sido muchas las formas en que se ha presionado por una reforma migratoria, como las marchas.
Han sido muchas las formas en que se ha presionado por una reforma migratoria, como las marchas.
Foto: Ciro Cesar / La Opinión

WASHINGTON, D.C.- Apenas 24 horas después de que el gobierno diera a conocer una propuesta con nuevas normas que beneficiarán a cierto grupo de indocumentados, la controversia se encendió en Washington. Organizaciones pro inmigrantes piden más cambios, mientras legisladores republicanos hablan de “amnistía”.

En esencia, la nueva medida permitirá que familiares de ciudadanos, sin estatus migratorio, ya sea cónyuge o hijos, postulen por una exención (waiver) dentro de Estados Unidos, un paso esencial para regularizar sus papeles.

Este recurso los exime del castigo que implica haber vivido en el país sin documentos, que se traduce en 3 y 10 años sin derecho a regresar, dependiendo del tiempo de estadía.

Hoy la única forma en que el indocumentado logra cambiar su estatus es que el ciudadano realice una petición en su nombre y para eso se debe obtener el waiver. Para conseguirlo debe salir de Estados Unidos y solicitarlo en una oficina consular en el extranjero. Es un proceso que por lo menos puede demorar seis meses y, en varios casos, más de un año.

Miles de familias se ven obligadas a enfrentar una separación prolongada que, a veces, como en el caso de Kelly Alfaro, implica serios problemas de salud. En 2011, mientras su marido esperaba por la exención en México, una bacteria atacó uno de sus ojos y terminó perdiéndolo definitivamente.

“Espero que nadie más tenga que pasar por una experiencia como esta”, dijo Alfaro.

La nueva regulación todavía debe ser sometida a comentarios y tener una publicación final; sin embargo, el gobierno espera que el nuevo sistema comience a operar antes de septiembre de 2012.

Legisladores republicanos como Lamar Smith (R-TX), uno de los creadores de la regla de 3 y 10 años, recibieron la noticia con molestia. “El Congreso instituyó esto en 1996 para dar un castigo a los inmigrantes que han estado en el país ilegalmente por periodos largos de tiempo. Aunque la exención es legal, no está destinada para que sea utilizada por millones de inmigrantes ilegales”, declaró.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Alejandro Mayorkas, aseguró a La Opinión que no espera que la nueva regulación implique el procesamiento de “millones de waivers“. En 2011 se recibieron 23,000 solicitudes. La tasa de aprobación se situó entre el 70% y 80%.

Congresistas demócratas hispanos, por su parte, celebraron el cambio.

“El presidente se pasó el año pasado diciendo que no se podía y ahora está diciendo que sí y la comunidad entenderá el mensaje. Este es un movimiento en la dirección correcta”, comentó el congresista Luis Gutiérrez (D-IL).

Organizaciones pro inmigrantes también dieron la bienvenida a las regulaciones. Entidades como CHIRLA, America’s Voice, Foro Nacional de Inmigración, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), la Coalición de Conservadores por una Reforma Migratoria, entre otros, describieron la medida como necesaria y urgente.

A pesar de esto, tanto legisladores hispanos como activistas insistieron en la necesidad de ampliar la regulación, un punto en el que insistirán durante el periodo de comentarios.

“No existe ninguna razón válida para no extender este beneficio a los residentes legales”, dijo la directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas.

Actualmente, los indocumentados que son cónyuges o hijos de personas con una tarjeta de residencia también pueden acceder a la exención. Sin embargo, ahora este grupo deberá seguir postulando a través del proceso regular, es decir desde el extranjero.

“La burocracia gubernamental no debe interponerse entre las familias estadounidenses. Tengo la esperanza de que la Administración expanda esta solución para incluir también a los familiares de residentes permanentes legales”, aseguró el senador Robert Menéndez (D-NJ).

Uno de los elementos que no serán modificados es el requerimiento principal para obtener la exención: demostrar que la ausencia de la persona indocumentada expone a una situación de “dureza extrema” al ciudadano que lo está pidiendo.

USCIS tiene una lista de documentos que se deben presentar para probar esto, como por ejemplo, el impacto financiero, pero no existe una definición concreta de este concepto, ni una directriz clara de cómo solicitar. Las organizaciones pro inmigrantes también esperan lograr cambios respecto a esta área, en el periodo de comentarios.