Exigen ley en México para ayudar a víctimas

MÉXICO, D.F.— “Trabajamos ahora con buena voluntad”. Sara Irene Herrerías describe así las limitantes del proyecto que encabeza, uno de los más sensibles de los últimos años en el país: la Procuraduría de Atención a Víctimas (Províctima), creada hace tres meses en respuesta a las familias de 50,000 muertos y 10,000 desaparecidos en el sexenio.

En la austeridad del mobiliario y la decoración de sus oficinas se interpreta literalmente que su proyecto empezó de cero y sin nada extra: ni cuadros ni macetas para adorno ni presupesto, ni ley que la respalde en la magnitud del problema derivado de la lucha contra la delincuencia organizada emprendida por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006.

¿No hay nada que obligue a ayudar a Províctima?, se le pregunta en entrevista con La Opinión.

Reponde: “No. Por eso es importante que haya una Ley de Víctimas. En Províctima vamos a hacer protocolos de actuación con compromisos en cada una de las procuradurías que puedan dar fundamento jurídico y obligatoriedad en un futuro”.

Por ahora Províctima busca que cada una de las fiscalías de los estados firme un convenio específico de colaboración que le permita ser abogado de las víctimas, pero aún no firma ninguno.

Asociaciones civiles como el Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad encabezado por el activista Javier Sicilia han criticado la falta de presupuesto y reglamentación que lleve con éxito la encomienda de esta procuraduría creada por Calderón en un decreto el pasado 10 de octubre.

La Cámara de Diputados aprobó para este año un presupuesto de alrededor de 23 millones de dólares que canalizó desde áreas similares en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que servirá solo para cubrir la nómina anual de alrededor de 330 plazas entre abogados, médicos y psicólogos.

No cuentan con un fondo que permita dar apoyos en efectivo.

“Esperamos que la Secretaría de Hacienda nos dé un poco más”, dice Herrerías que busca construir una casa en cada estado del país.

Por ahora solo existe una sucursal de Provícitma en 14 de las 32 entidades federativas del país y en algunas de ellas únicamente cuentan con menos de 10 personas.

Con todo, su titular está optimista: en poco más de 90 días han resuelto 19 casos de desapariciones de un total de 566 personas reportadas en 332 expedientes.

“Nuestra función es exclusivamente de acompañamiento en casos de delitos de alto impacto como son secuestro, desaparición, extorsión, trata y homicidio”, detalla Herrerías.

Especialista en derecho penal y con ficha curricular en la fiscalía especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y en el programa de igualdad de género de la Comisión de Derechos Humanos, describe su nueva encomienda

“Nuestra función, por ahora, es acompañar a las víctimas para que tengan acceso a la justicia”, precisa insatisfecha.

Sin un presupuesto directo que serviría para asuntos tan básicos como transportar a las víctimas -algunas de ellas sin dinero para moverse de sus comunidades a los centros de atención- o para suministrar medicamentos especializados.

“Para cuadros psiquiátricos, por ejemplo”.

En el aspecto jurídico, Províctima también está manca: la Ley de Víctimas es apenas un suspiro en cuatro propuestas que no llegan a dictaminarse en el Congreso a pesar de iniciativas de la Universidad Nacional, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

“Queremos una ley que obligue a las procuradurías de los estados reconozcan a Províctima como abogados victimales, porque si no vamos a depender de que los procuradores quieran hacerlo, a la buena voluntad solamente”.

Y adelanta observaciones: una ley general que involucre a los tres órdenes de gobierno: al federal, al estado y al municipio porque en los tres se requiere dinero para operar.

Así que pide confianza más allá de las fronteras, en Estados Unidos, hasta donde podría alcanzar la impunidad como es el caso de los migrantes desaparecidos, entre otros problemas.

“Pueden acercarse para darnos cualquier información porque vamos a mantener la confidencialidad: solo queremos ser el vínculo para que se haga justicia a las víctimas”.

EN CIFRAS

2,292 sesiones psicológicas a

662 víctimas

2,800 personas atendidas personalmente

3,000 por teléfono

80% requiere atención por denuncia penal

80% necesita trabajo social

330 es la cantidad de personas que trabajan en esta procuraduría

Tel.: 1-800-842-8462