Demandan al Sheriff por abusos a presos

ACLU expone un patrón de violencia en las cárceles del condado angelino

Abogados de ACLU buscan un decreto de consentimiento para el Sheriff de LA similar, al que se implementó en el LAPD para evitar abusos.

Abogados de ACLU buscan un decreto de consentimiento para el Sheriff de LA similar, al que se implementó en el LAPD para evitar abusos. Crédito: Ciro Cesar / La Opinión

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) presentó ayer una demanda federal en contra del sheriff Lee Baca y su personal de mando al considerar que dentro del sistema penitenciario del condado existe un patrón de violencia por parte de los custodios hacia los reos.

La demanda busca la intervención de una corte federal para establecer una serie de reformas a las cárceles del condado, similar al decreto de consentimiento que adoptó hace años el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), explicaron los abogados de la ACLU.

Héctor Villagra, director de la ACLU en el Sur de California, indicó que los abusos físicos al interior de las cárceles del condado de Los Ángeles, administradas y custodiadas por el Departamento del Sheriff, han proliferado de manera brutal durante varios años.”El sheriff Lee Baca tiene el deber legal y moral de evitar esos abusos, pero ha fallado en su responsabilidad”, mencionó.

En septiembre de 2011 la ACLU presentó un informe en el que documentó alrededor de 70 testimonios de reos que detallaron los abusos físicos, psicológicos y sexuales que experimentaron a cargo de los guardias del Sheriff que vigilan las cárceles, principalmente en la Cárcel Central para Hombres y el centro de detención Twin Towers.

Los testimonios, que son parte de la demanda colectiva, revela un patrón de conducta violenta por parte de los guardias, establecieron abogados de la ACLU. tras presentar dos testimonios de reos.

Uno de ellos fue el de Frank Mendoza, un homosexual que relató la violación que sufrió por parte de agentes del Sheriff. El otro caso fue el de Macario García, cuya declaración jurada cuenta la golpiza que le fue propinada cuando estaba en custodia. Estos casos no son aislados, aseguraron abogados de la ACLU.

La demanda fue presentada en la Corte Federal del Distrito Central en California en contra del sheriff Baca y tres de sus comandantes: Paul Tanaka, Cecil Rhambo y Dennis Burns.

Para la abogada de la ACLU, Margaret Winter, la demanda marca un momento crucial para asegurar que termine la violación de derechos civiles de los internos, lo cual ha prevalecido por muchos años.

“El sheriff Baca y el comandante Tanaka han tolerado esto por muchos años, yo lo comparo con las peores situaciones que se han padecido en otros estados, es una vergüenza para el país”, mencionó Winter.

Para Peter Eliasberg, director legal de la ACLU, tanto Baca como su cuadro de mando han fallado en establecer políticas adecuadas sobre el uso de la fuerza, entrenamiento de sus guardias, investigaciones cuidadosas y un sistema riguroso de disciplina.

“La demanda es contra ellos porque han permitido que sus agentes queden sin castigo, han cubierto ese comportamiento y por años no se han esforzado en reformar un sistema quebrantado”, acusó Eliasberg.

El comandante James Hellmold, representante del Departamento del Sheriff, quien asistió a la conferencia de prensa para conocer de primera mano sobre la demanda, dijo no poder comentar sobre la demanda ni sobre algún caso en particular, pero defendió a su jefe indicando que la dirección del Sheriff es “que debemos ser una organización profesional y llevar a cabo mejoras”, pero reconoció que existe una subcultura de la violencia en las cárceles, pero es debido a que se trata de un sistema penitenciario complejo, donde se tienen alrededor de 15,000 internos y más del 50% de ellos están acusados de delitos violentos.

“El 10% están siendo procesados por asesinato”, precisó.

El Departamento del Sheriff, aseguró Hellmold, ha estado abierto para supervisiones independientes, lo que ha llevado a tomar acciones para mejorar la supervisión y el entrenamiento de los custodios, así como políticas para mejorar el ambiente al interior de las cárceles.

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