Acuerdo pone fin a ‘pesadilla’ en Lancaster y Palmdale

Condado de LA busca defender a los inquilinos de Sección 8

Para el grupo de defensoría legal Public Council, el acuerdo judicial pactado con el Condado de Los Ángeles para garantizar que sean respetados los derechos de las familias latinas y negras del Valle del Antílope que reciben subsidios federales para la vivienda, pone fin a una “larga pesadilla”.

En un intento por resolver las quejas de acoso y discriminación contra los ayuntamientos de Palmdale y Lancaster, los supervisores del condado acordaron crear nuevas políticas que respeten el derecho de las familias a una vivienda justa y prevenir la participación “indebida” de agentes del Sheriff en denuncias relacionadas con el programa Sección 8, que paga gran parte del alquiler de personas pobres.

Además, se comprometieron a promover la educación sobre las leyes que amparan a los beneficiarios de tal programa y detener los ataques hacia minorías y quienes les alquilan la vivienda.

Y es que las acusaciones radican en que en ambas ciudades los hispanos y negros son más propensos a ser objeto de investigaciones por fraude a Sección 8, supuestamente para evitar que éstos se muden ahí. Esto derivó en una demanda y una investigación aún en curso del Departamento de Justicia.

“Este acuerdo pone fin a una larga pesadilla, cuando las familias participantes del programa Sección 8 vivían con el temor de un golpe en la puerta [por la visita de las autoridades]”, dijo Catherine Lhamon, de Public Council. “Es lo mejor que el gobierno puede y debe hacer. Este es un nuevo día para las familias del Valle del Antílope y de Los Ángeles”, añadió.

Aún falta que una corte federal apruebe el acuerdo judicial, el cual aplicaría por un plazo de al menos tres años, pero no modifica la demanda por discriminación racial presentada en junio de 2011 contra los gobiernos de Lancaster y Palmdale, por presuntas violaciones a leyes federales de vivienda justa.

El alcalde de Lancaster R. Rex Parris no tomó con agrado el pacto del condado y reclamó que los supervisores rechazaron pagar los salarios de investigadores privados que, a la par del personal de la Autoridad de la Vivienda del condado, atendían denuncias relacionadas con dicho programa.

“Si no se aplica la ley vas a tener gente que la quebranta. No tiene sentido decirle a todos en el condado que si estás en Sección 8 debes ir a Lancaster porque ahí no hay investigadores”, dijo Parris a La Opinión. “Es negligencia pura. Están cediendo a presiones políticas”.