Nuevos mapas políticos causan polémica en LA

Algunas jurisdicciones saldrían del Valle de San Fernando

La configuración de los quince distritos electorales de Los Ángeles propuesta por un panel, desató las protestas de comunidades que piden no ser divididas, el enojo de concejales que no están dispuestos a ceder territorio, incluso denuncias de supuesto fraude en el trazo de los mapas.

De aprobarse los límites geográficos recomendados por el Comité de Redistribución de Distritos, algunas jurisdicciones saldrían del Valle de San Fernando o se extenderían al oeste, mientras que otras dejarían partes del pudiente centro de la ciudad para abarcar vecindarios pobres del sur.

Por ejemplo, el barrio de Watts, que actualmente es parte del Distrito 15, el cual llega hasta el puerto de San Pedro, quedaría bajo la representación del Distrito 9, de la concejal Jan Perry. Pero ella perdería un segmento del influyente centro de Los Ángeles, el cual tomaría José Huízar, del Distrito 14.

Perry y un nutrido grupo de residentes, empresarios, religiosos y activistas de Little Tokio, Central City East, así como del centro y sur de Los Ángeles, realizaron una protesta hace unos días para exigir que se respete la diversidad étnica del Distrito 9 y se les permita seguir unidos.

“El mapa fue una bofetada en la cara a la gente que dio su opinión sobre el futuro de sus comunidades”, reclamó Perry. “No refleja un proceso abierto, ni uno que realmente condujo los intereses de la gente que vive, trabaja, es propietaria de negocios, presta servicios e invierte en el Distrito 9”, dijo.

No hay una sola pieza del rompecabezas político de la ciudad que no haya sido modificada por el Comité de Redistribución, pero el cambio en algunas es más notorio.

Es el caso del Distrito 2, del concejal Paul Koretz, que entregaría por completo sus comunidades del Valle del San Fernando, como Sunland-Tujunga y una parte de Sun Valley, a los distritos 6 y 7, de los ediles hispanos Tony Cárdenas y Richard Alarcón, respectivamente.

Aunque Alarcón dejaría porciones de North Hills y Panorama City, aceptó el crecimiento de su demarcación hacia el noreste, algo que extiende el poder político de los hispanos en esa zona. “Si bien estaría muy triste de ya no representar partes de esas comunidades, agradezco la oportunidad de trabajar con la gente de Sunland-Tujunga, si así es como se dibujan los límites”, dijo.

Sin embargo, su colega Tom LaBonge, del Distrito 4, dijo estar “decepcionado” porque el territorio que le han propuesto debilitaría la representación política de las montañas de Santa Mónica, fracturaría al famoso barrio de Hollywood en tres distritos y disolvería el “núcleo histórico” de su jurisdicción: Miracle Mile, Windsor Square, Park La Brea, Pan Pacific Park, entre otras áreas.

“Lo que más me decepciona es que la voluntad de los residentes del Distrito 4 aparentemente fue ignorada por este importante proceso”, señaló LaBonge, cuya demarcación experimentaría uno de los crecimientos más grandes de la ciudad, llegando incluso a una zona nueva: el noroeste del Valle.

Otros conflictos se viven en comunidades cercanas al aeropuerto de Los Ángeles. Ahí, el concejal Bill Ronsedahl, del Distrito 11, tendría que apartarse de Westchester y entregarlo a su colega Bernard Parks, del Distrito 8. Rosendahl declaró a la prensa que este cambio era un “escandaloso fraude electoral”.

Parks, por su parte, perdería la zona residencial de Leimert Park, que tomaría Herb Wesson, del Distrito 10 y presidente del Concejo Municipal. Parks y Perry se ha distanciado de Wesson, por liderar un supuesto trazo secreto de los distritos electorales, acusación que aquel ha negado.

La disputa en torno a los mapas propuestos por la Comisión de Redistribución de Distritos radica en que de éstos depende la capacidad de las comunidades para elegir a sus representantes. Sus límites deben respetar los cambios recopilados en el Censo de 2010, el cual expone que de 3.7 millones de habitantes en Los Ángeles, 48.5% son latinos, 28.6% blancos, 11.3% negros y 9.2% asiáticos.

La distribución poblacional que recomendó el panel no rebasa los 263,000 habitantes por jurisdicción.